Representantes del gremio aseguran que, aunque los asaltos y extorsiones bajaron con el Estado de Excepción, desde la semana anterior han vuelto a aumentar. Aseguran que han tenido que pagar hasta 10.000 dólares por vehículos retenidos por delincuentes.
Aunque asegura que, al inicio del Estado de Excepción, los ataques armados de delincuentes al transporte pesado en carreteras lograron reducirse, su representante nacional, René Gómez, asegura que en las últimas semanas esos delitos han repuntado y generan preocupación en el gremio. A tal punto les afecta esta realidad, dicen, que ya han comenzado a pensar incluso en una paralización nacional para exigir seguridad.
Los testimonios dan cuenta de esto. José Mejía, con más de 10 años al volante de furgones y tráileres de alimentos y bebidas que transporta entre Quito y la Amazonía, comenta: «A más de cinco de mis compañeros les han asaltado y robado los camiones en la vía a Quevedo, en la vía de salida de Santo Domingo y en otras vías de la Costa. Por eso, cada vez hay menos transportistas que queremos transportar hacia y desde la Costa».
«Es hora de hacer un verdadero trabajo entre policías y militares, pero que sea permanente, todo el tiempo y no sólo al inicio del Estado de Excepción. Hoy ya no se les ve», agregó.
Un comentario similar hizo José Arroyo, también conductor de furgones refrigerados de alimentos, desde hace 15 años: «Todo el mundo sabe dónde están los que asaltan en el bypass de Quevedo y nadie hace nada. El fin de semana le asaltaron y le robaron todo el camión a un compañero cuando regresaba, porque regresamos solos; sólo de ida vamos en convoyes».
«Después del paro se ofreció que nos iban a dar resguardo. Eso solo duró 10 días, nada más. Hoy entre nosotros mismos nos organizamos para ir en convoy de ida hacia Cuenca o Guayaquil, pero al regreso nadie nos organiza para volver así, sino que cada quien regresa como puede y ahí es cuando aprovechan para asaltar».
Un lío de cifras
La Confederación de Transporte Pesado del Ecuador (Confetrape) presenta un informe devastador con las estimaciones de cómo les ha atacado la violencia criminal: 1.200 transportistas secuestrados y otros 1.800 extorsionados entre 2023 y lo que va del 2024. Incluso hablan de que los montos podrían ser mayores, por el subregistro resultante del miedo a denunciar.
Lo cierto es que esas cifras lucen exorbitantes, si se comparan, por ejemplo, con las cifras nacionales de secuestro, secuestro extorsivo y extorsión. De enero a septiembre del año pasado, se registraron apenas 67 secuestros en todo el país; en 2020 hubo 1863 casos consumados de extorsión y 167 de secuestro extorsivo. Hablar de 4.000 transportistas secuestrados o extorsionados entre 2023 y el inicio de este año parece exagerado.
Sin embargo, Gómez, coordinador de la Confetrape, defendió las cifras: «Las estadísticas oficiales, que dicen que son alrededor de 60 secuestros al año, más o menos, no son reales. Esas estadísticas no incluyen más de 1.200 secuestros exprés, de 24 a 72 horas, todos resueltos por los propios familiares con pagos, casi sin denunciarse por miedo a represalias».
«Las estadísticas oficiales no logran evidenciar la gravedad de los secuestros exprés que enfrentamos, que son secuestros del conductor y su unidad de transporte, que, insisto, no se denuncian por miedo y, por tanto, no se registran», agregó.
Consultado sobre esta diferencia, el experto en movilidad y exsecretario de Movilidad de Quito, Guillermo Abad, comentó: «Todos los datos que provengan del ámbito privado del transporte deben tener un sustento demostrable». Recordó que en materia de transporte hay un subregistro en las estadísticas oficiales, pero «con un nivel de diferencia del casi el 2000% de las cifras (entre los 67 casos oficiales y los 1200 que señalan los transportistas) se hace difícil entenderlos».
También opinó que «no creo que todos los 1.200 casos que se aseveran que existen se resuelvan de manera perfecta con pagos, ya que siempre existe un margen en que se pierde el control», agregó. En todo caso, el experto sugirió que para contar con cifras reales y, al mismo tiempo, mejorar la gestión del tránsito, se debe establecer como requisito para la operación de las unidades de transporte tecnologías de botones de pánico y cámaras conectadas con los sistemas policiales, de la Fiscalía y de autoridades de movilidad.
El exsubdirector del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional (SIAT) Julio Barba comentó que es innegable que las cifras oficiales no reflejan el real incremento de los hechos delictivos en las vías y que hay subregistros debido a la falta de denuncias, pero que no es creíble la diferencia de más de 17 veces la cantidad de secuestros estimados por los transportistas.
«Hay grandes cifras negras de secuestros porque no se denuncian, pero llama la atención la gran diferencia entre las cifras oficiales con las que dice este gremio. Habría que preguntar sus fuentes y cómo llegaron a esas cifras porque, si no se tienen cifras certeras, tampoco se puede combatir ese delito», agregó.
Hasta el cierre de esta nota esperábamos una respuesta por parte de los ministerios de Defensa y de Transporte, así como de la Agencia Nacional de Tránsito sobre las acciones emprendidas, así como sus resultados desde el inicio del Estado de Excepción.
Gómez cita nuevos casos: “La semana pasada se volvió a incrementar como al principio. Tres transportistas secuestrados la semana anterior no aparecen todavía”.
Uno de estos casos recientes corresponde a un socio de la propia empresa de transporte pesado de Gómez, que opera desde el cantón El Empalme, en Guayas, y que la Policía logró liberar de un secuestro hace 10 días. “La Policía lo rescató, pero tuvo que salir de la provincia porque esta banda de crimen organizado no sólo le amenaza de muerte a él a su familia, sino que también quiere que pague ‘los daños y perjuicios’ que le ha ocasionado la Policía a esta banda. ¿Hasta dónde tenemos que llegar nosotros, los transportistas?”, preguntó.
PROPUESTAS
Para los transportistas la única solución viable y eficaz es la militarización permanente de las vías interprovinciales, y que esta se realice con mayor intensidad en tres de las vías donde más se han cometido asaltos armados:
1. El Bypass de Quevedo
2. Quevedo – Santo Domingo
3. Balzar-Salitre
4. La vía de la Península
MESAS TÉCNICAS
Según el criterio del representante del gremio de transporte, ni el Gobierno ni las fuerzas del orden poseen el conocimiento real y detallado de lo que sucede en estas vías, información crucial para desarticular a las bandas delictivas. Por lo tanto, el dirigente Gómez afirma que es necesario instalar mesas técnicas de trabajo para proporcionar esta información y acordar nuevas medidas.
No se trata de la primera vez que los transportistas pesados advierten una paralización de sus servicios ante la inseguridad en las vías. En octubre del año anterior, representantes de diferentes provincias, en especial las de la Sierra norte, paralizaron sus actividades y bloquearon la Panamericana Norte, a la altura de Tulcán.
Después de tres días de paralización, las autoridades del gobierno saliente de Guillermo Lasso cedieron a la presión y acordaron rutas específicas para el transporte pesado de mercaderías en las zonas más afectadas por la violencia criminal. Según el acuerdo, los convoyes de al menos 10 camiones o tráileres recibirán custodia policial mediante un sistema de postas o relevos. Se desplegarán un total de 100 vehículos policiales, 15 motocicletas y 374 uniformados a lo largo de las provincias atravesadas, principalmente por la Panamericana y otras vías de conexión.
Estas medidas no se han mantenido ni han cumplido la expectativa de sus agremiados, dijo Gómez. Y señaló que transportistas y sus familias se han visto obligados a pagar «rescates» de entre 8.000 y 10.000 dólares por conductores secuestrados y de entre 5.000 y 10.000 dólares por vehículos secuestrados.
RESPUESTA
Según Patricio Quelal, excoronel de Policía y consultor en temas de seguridad, enfrentar la inseguridad en las vías interprovinciales del país se ha convertido en uno de los mayores desafíos para el Estado. Esto se debe a que el Plan Fénix, anunciado por el Gobierno actual para controlar la violencia criminal, ha resultado insuficiente y requiere la incorporación de nuevas áreas, diferentes a las catalogadas como «calientes», donde se concentran actualmente los operativos de los ‘Bloques de Seguridad’.
Según destacó Quelal, «no todo se reduce al crimen organizado en las cárceles y los famosos controles de armamento, municiones y explosivos, ya que la delincuencia de menor nivel está actuando en áreas posiblemente descuidadas por las fuerzas de seguridad». Resaltó la necesidad de realizar nuevos análisis para identificar áreas bajo la influencia de la delincuencia y adoptar medidas conjuntas entre policías y militares, así como con municipios y prefecturas, en terminales terrestres de pasajeros y de carga, para minimizar y neutralizar a los delincuentes.
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