Analistas y políticos aseguran que, tras la remoción de Fernando Muñoz como presidente del TCE, está la presión del Gobierno. El oficialismo, claro, lo niega. Lo cierto es que en el organismo la paz está lejos; Muñoz presentó una denuncia y pidió medidas cautelares.
Analistas políticos, sociólogos y políticos coinciden en señalar que el cambio de autoridades en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), donde fue removido el presidente Fernando Muñoz y se designó en su lugar a Ivonne Coloma, está estrechamente relacionado con la demanda que por violencia política de género puso en ese organismo la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en contra del presidente, Daniel Noboa, a quien responsabilizan de ser el promotor de los sucedido en el organismo de justicia electoral.
Uno de los primeros en reaccionar fue Henry Cucalón, exasambleísta por el Partido Social Cristaino, exministro en el Gobierno de Guillermo Lasso y hoy precandidato presidencial por el movimiento Construye. En un comunicado asegura que Noboa y el expresidente Rafael Correa han hecho un pacto de impunidad que ahora se toma el TCE, y antes se repartieron la Asamblea, la Comisión de Justicia y la de Fiscalización; además del Consejo de la Judicatura. Asegura que lo sucedido en el TCE, a puertas de las presidenciales, no garantiza elecciones limpias.
Sin embargo, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, a través de su cuenta X, restó validez a la denuncia de Abad, que lo incluye a él y otros dos funcionarios de Gobierno, y aseguró que es para “llorar de la pena”. “No hay duda de que cuando hay un ingenuo malintencionado, hay abogados que se aprovechan”, posteó. Además, descartó alguna injerencia del Gobierno en la decisiones que toma el TCE, ya que ellos no son jueces, manifestó.
Desinstitucionalización en marcha
En un comunicado, el Observatorio de Derechos y Justicia rechazó la destitución de Muñoz, a la que calificó de inconstitucional y anticonvencional, provocando la violación de de la independencia judicial y la democracia. El Observatorio asegura que la remoción se dio sin indicar los argumentos de hecho y de derecho y sin permitirle al presidente destituido presentar elementos de descargo o de conocer las razones para su remoción.
Para la politóloga Verónica Albuja y el sociólogo Pablo Contero, no se trata únicamente una disputa de poder interna en el TCE, sino que detrás está el ejercicio del poder por parte de Noboa, que ha decidido, a través de terceros, controlar el organismo de justicia electoral para restarle espacio a lo que pretenda hacer Abad en defensa de sus derechos políticos y constitucionales.
Albuja considera que la crisis política por la que atraviesa el país desde hace varios años, se traslada ahora a instituciones que deberían gozar de autonomía e independencia, como es el TCE o el Consejo Nacional Electoral (CNE), tomando en cuenta que están en marcha el proceso electoral de febrero de 2025. “Es muy clara la incidencia que quiere tener el Presidente de la República. Al no poder hallar una salida constitucional para participar por la reelección sin dejar en el cargo a su vicepresidenta, quiere tomar las instituciones que tienen que resolver la denuncia de Abad y evitar que se investigue el caso de violencia política de género”, dijo la politóloga.
En este ejercicio del poder el Gobierno ha ido con todo el peso estatal para controlar las acciones que se den en el organismo encargado de impartir justicia electoral, agrega por su parte Contero. El sociólogo añade que para Noboa es un tema de legitimidad, por lo que pone a sus afines al frente del TCE para que, en el caso de que se tenga que resolver el caso de Abad, fallen a su favor.
Lo que le llama la atención es que en ese ataque sistemático que ha mantenido hacia su vicepresidenta, las organizaciones feministas y las activistas de género no han generado un pronunciamiento fuerte frente a la situación que está viviendo Abad ya que Noboa, asegura el sociólogo, viene generando una violencia política de género, violencia contra la mujer.
Acciones que se repiten
Que se reúna una nueva mayoría y de un momento a otro encuentren coincidencias y destituyan a la autoridad de turno no ocurre solamente en el TCE. Se ha dado, y con frecuencia, en el Consejo de Participación Ciudadana; y en la Asamblea son frecuentes las mayorías móviles, capaces de virar resultados de acuerdo con las coyunturas políticas.
Tanto Albuja como Contero aseguran que es una práctica común entre los gobiernos, para intentar someter al resto de instituciones a la voluntad del Ejecutivo. Albuja recuerda que esa ha sido una práctica muy común en el Consejo de Participación Ciudadana, cuyas autoridades han respondido en diferentes momentos a determinados grupos políticos, aunque se presenten como representantes de la ciudadanía.
Mientras que Contero agregó que un mecanismo para tratar de tomarse las instituciones y desintitucionalizarlas es desprestigiar su trabajo. Y pone como ejemplo la Asamblea, donde el Ejecutivo, al no lograr sus objetivos en el tratamiento de las leyes, no ha dudado en encasillarlos como representantes de la “vieja política” que se oponen al progreso del país, al no aceptar las iniciativas del Gobierno.
Lo que al final termina por perjudicar a la democracia, al generar una inseguridad jurídica y desconfianza en las instituciones o en sus autoridades, dicen los analistas.
Acciones legales
Mientras tanto, en el TCE la paz está lejos de llegar. Muñoz presentó esta mañana una denuncia por usurpación de funciones en contra de Ivonne Coloma, Guillermo Ortega y Ángel Torres Maldonado, los jueces que ayer le removieron del cargo durante una sesión extraordinaria. A la vez, presentó una acción de protección con pedido de medida cautelar en contra de la decisión tomada por los jueces. Argumenta que no tuvo derecho a la defensa o a presentar pruebas de descargo. A la espera de una resolución judicial, se mantiene en su despacho de Presidente del organismo.
Por su parte, los jueces que le destituyeron defienden su decisión. Hoy sesionaron nuevamente para designar a un secretario encargado, mientras se propone la terna oficial para que se pronuncie el Pleno del organismo.
Coloma mantuvo que la administración de Muñoz era muy deficiente y puso como ejemplo que no ha gestionado ante el Ministerio de Finanzas el presupuesto para las elecciones generales de 2025. Denunció también que desde la Presidencia se ingresó de manera arbitraria a los correos institucionales. Como lo hizo ayer, reiteró que en las próximas horas presentará toda la información sobre la gestión de Muñoz al frente del organismo.
