Cinco autoridades expusieron lo que mayormente ya se conocía sobre el femicidio. El Comandante de la Policía informó que se han abierto 13 procesos administrativos, 8 contra personal de tropa y 5 contra oficiales.
La comparecencia de cinco funcionarios relacionados con el área de seguridad ante el Pleno de la Asamblea para explicar las actuaciones realizadas y aportar con información con relación al femicidio de María Belén Bernal no pasó de ser un relato de lo que ya se sabe del caso. No no hubo mayor aporte, aseguran asambleístas de varias bancadas.
En el marco de la fiscalización que inició la Legislatura asistieron el ministro del Interior, Juan Zapata; el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez; el comandante de Policía, Fausto Salinas; la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores; y la fiscal general, Diana Salazar.
Ellos detallaron la labor que han cumplido en el ámbito de sus respectivas competencias. Todas las intervenciones, excepto en el caso de Salazar, fueron de manera rápida y a pesar de los reclamos de los asambleístas, no hubo espacio para preguntas. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (independiente), recordó que la normativa prevé que el compareciente, una vez finalizada su exposición, se retirara del Pleno.
Dijo, además, que para tratar ampliamente este femicidio, ayer se integró la Comisión ocasional pluripartidista que deberá presentar su informe en 30 días.
Para la asambleísta Jessica Castillo (Pachakutik), la intervención de los funcionarios solo fue una confirmación de lo que ayer escucharon en tres ocasiones por parte de la madre de la víctima, Elizabeth Otavalo, durante la jornada de comparecencias que tuvo en la Legislatura.
«Pero no sabemos qué pasó realmente, qué hay de fondo, quién autorizó la entrada de Bernal a la Escuela de Policía, cuáles son las verdaderas investigaciones que se cumplen», dijo Castillo. Agregó que lo que se ha evidenciado es que las instituciones no enfrentaron este femicidio de manera articulada, sino que cada una trabajó por su lado.
Por su parte, Marjorie Chávez, del Partido Social Cristiano, agregó que ya se sabía todo lo escuchado esta mañana, por lo que habrá que cumplir un trabajo mucho más minucioso para determinar responsabilidades en el ámbito político, con relación a acciones u omisiones por parte de las instituciones relacionadas con el caso.
Para Gissela Garzón, del correísmo, lo que se evidenció fue la inoperancia de las instituciones del Gobierno, ya que presentaron como acciones válidas haber contactado vía telefónica o por Wasapp a la madre de la víctima. «En el caso del secretario de Seguridad no se esperaba más de lo que él dijo: que hizo no sólo una, sino cuatro llamadas para solidarizarse.
“La pregunta es si fue antes o después de decir que la madre o las mujeres que le acompañan hacen esto para desestabilizar», aseguró. Para Garzón era necesario que los funcionarios respondieran preguntas, ya que las comparecencias por sí solas no son suficientes y que quedan muchas interrogantes sobre aspectos que ha mencionado Otavalo.
Sin embargo, para Juan Fernando Flores, de la bancada oficialista, los funcionarios no se retiran sin dar espacio a las preguntas porque les «da la gana», o porque le dan la espalda al país, sino que así lo determina la Ley de la Función Legislativa y que, si eso no es del agrado del resto de bancadas, que reúnan la firmas para reformarla. «Hagamos una investigación profunda, pero responsable; y, nuevamente, sin politizar algo tan delicado», mencionó.
Lo manifestado por los funcionarios
Zapata, quien compareció como Ministro del Interior recién designado en reemplazo de Patricio Carrillo, pidió reformas al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Aseguró que se ha vuelto cómplice del resquebrajamiento de la disciplina en un grupo de elementos.
Añadió que, siguiendo el debido proceso para sancionar a un mal elemento, en el mejor de los casos se logra en 45 días; y en el peor de los casos tarda 90 días. Añadió que se está realizando un seguimiento de los 12 involucrados, para que sepan que no habrá impunidad. Hizo un llamado a la unidad y aseguró que se trabaja en la localización y captura de Germán Cáceres, esposo de la víctima y presunto femicida, «a quien no quiero nombrar ni darle un grado, porque no se lo merece».
Mientras que Ordóñez dijo que hizo tres llamadas telefónicas a Otavalo para expresarle su solidaridad. Añadió que nunca se ha priorizado lo institucional (el prestigio de la Policía) por sobre la vida y confía en que este llamado de comparecencias a la Asamblea no sea con fines electorales. Para Ordóñez, en el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana no se contemplan sanciones a los policías por acciones de violencia con la pareja, sólo en ejercicio de sus funciones.
Otras intervenciones
Salinas aseguró que estos casos son el reflejo de un servidor y de una sociedad que están enfermos. «Hoy tienen a un servidor que manchó su uniforme, su accionar deberá ser juzgado por la Justicia», manifestó.
Detalló la línea de tiempo con la que actuó la Policía al conocer el caso. Informó que se han abierto 13 procesos administrativos, 8 contra personal de tropa y 5 contra oficiales, por faltas muy graves, incluido Cáceres, los cuales están sujetos al debido proceso. Agregó que a Cáceres, en lo administrativo, por su ausencia injustificada se le ha suspendido el flujo económico (sueldo). Pidió a los policías trabajar para recuperar la confianza de la ciudadanía y dijo que están trabajando para localizarlo y capturarlo.
Mientras que Salazar, quien intervino vía telemática por encontrarse fuera del país, dió un informe detallado, por días y horas, de labor cumplida por la Fiscalía, entre estas 96 diligencias, entre las que se destaca, solicitud y análisis de reportes telefónicos, solicitud a distintas instituciones públicas y privadas, allanamientos a la Escuela como a domicilios de víctimas, familiares, procesados; solicitud de cámaras de vigilancia de los edificios de prevención y dormitorios de la Escuela de Policía. Dijo que se han tomado 41 versiones a personas que podrían tener conocimiento de los hechos, familiares, servidores policiales, versión del sospechoso y ahora procesado, de la cadete, entre otros.
La Fiscal finalizó su intervención asegurando que la prevención de la violencia contra las mujeres es una tarea pendiente. «Día a día nos siguen matando», manifestó.
En cambio Flores citó legislación que habla de la confidencialidad que debe darse en estos casos y evitar la revictimización. Luego leyó las acciones que dijo había tomado la Secretaría de Derechos Humanos.
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