El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) expresó su preocupación por la lentitud de la investigación sobre el asesinato de los cuatro niños de Las Malvinas —Josué, Ismael, Nehemías y Steven— y cuestionó la veracidad del testimonio que sostiene que fueron víctimas de bandas del crimen organizado. El organismo advirtió que la versión del testigo habría sido obtenida bajo coacción militar y exigió que la Fiscalía amplíe las líneas de investigación para incluir la posible participación de agentes estatales.
Según el pronunciamiento del CDH, el caso se originó el 8 de diciembre de 2024, cuando dos patrullas militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) iniciaron una persecución injustificada contra 11 niños en el sur de Guayaquil. Cuatro de ellos fueron detenidos arbitrariamente. A pesar de que las familias denunciaron la participación de militares y existían grabaciones de cámaras municipales que evidenciaban su intervención, la Fiscalía inicialmente no trató el caso como una desaparición forzada, sino como un secuestro.
Ante la falta de avances, los familiares acudieron a organizaciones de derechos humanos, activaron un hábeas corpus y presentaron una acción urgente ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. La presión de la sociedad civil e internacional llevó a que, el 21 de diciembre de 2024, el caso fuera reconocido como desaparición forzada. Días después, fueron hallados los cuerpos de los cuatro niños.
El testigo
El 21 de diciembre de 2024, un testigo se presentó ante la Fiscalía asegurando que bandas criminales se habían llevado a los niños y ordenado quemarlos. Con base en esta versión, la Fiscalía abrió una investigación por secuestro con resultado de muerte, a cargo de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT). Sin embargo, el CDH denunció que la investigación avanzó con lentitud y recién en septiembre de 2025 se receptó formalmente la declaración del testigo.
En su nueva versión, el testigo reveló que su domicilio fue allanado la madrugada del 21 de diciembre de 2024 y que fue detenido y torturado por personal militar, que lo obligó a afirmar que el crimen había sido cometido por bandas organizadas. El CDH sostiene que esta revelación cuestiona la coherencia del relato inicial y evidencia una posible manipulación para excluir la hipótesis de participación estatal.
El Comité presentó un escrito solicitando que la investigación abarque tanto la posible implicación de agentes estatales como de grupos criminales y que se esclarezcan las circunstancias de la detención del testigo para evitar ocultamiento o tergiversación de la verdad. También alertó sobre un patrón de encubrimiento institucional dentro de las Fuerzas Armadas en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
A diez meses de los hechos, la Fiscalía General del Estado aún no identifica a los responsables materiales de las muertes, lo que —según el CDH— refuerza la responsabilidad estatal por los hechos ocurridos bajo custodia.
“El esclarecimiento solo será posible si existe una voluntad íntegra de investigar las dinámicas criminales dentro de las Fuerzas Armadas y de que los procesados colaboren con la Fiscalía”, concluye el pronunciamiento.
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