Aunque Hugo Landívar renunció a la coordinación política del movimiento oficialista, analistas aseguran que al estar en la terna demuestra que la política busca interferir en la Justicia, justo en momentos en que está.
La terna propuesta por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) designe a su vocal del Consejo de la Judicatura, es una clara demostración de que en el país, a pesar de los discursos, no se ha superado la politización de la Justicia, aseguran analistas y abogados.
A pesar de varias críticas, la Corte ratificó los nombres de Telmo Molina Cáceres, Dunia Martínez Molina y Hugo Landívar Orellana como integrantes de la terna. De acuerdo con la normativa vigente, el que sea designado de esa terna ocupará automáticamente la Presidencia de la Judicatura, en reemplazo de Álvaro Román, quien se desempeña como Presidente temporal.
Las alertas en profesionales vinculados al Derecho se encendieron ya que Landívar Orellana constó en la directiva nacional del Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), la agrupación del Presidente Daniel Noboa, como el coordinador político.
El Movimiento y todas su estructura organizativa, en la que consta como segunda vicepresidenta Lavinia Valbonesi, esposa de Noboa, fue inscrito oficialmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) la semana pasada, como organización política y le otorgó el número 7, con lo que Noboa ya tiene su propio partido, legalmente reconocido, para postularse en las elecciones presidenciales de febrero. Para las elecciones de 2023 ADN fue una alianza entre PID y Mover (ya eliminado del registro de organizaciones políticas).
Lo político y lo judicial, la separación que no se respeta
Landívar renunció a la coordinación política del movimiento oficialista y se mantiene en la terna. Annabell Guerrero, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, considera que la renuncia no le quita ese vínculo político – partidista, por lo que debió haber renunciado a la terna. Guerrero recordó que la Judicatura es el órgano de administración y disciplina de la Función Judicial, por lo que la persona que lo presida no debe tener vínculos con organizaciones políticas porque compromete la independencia judicial que debe mantener para ejercer el cargo. Renunciar a una dirigencia política, explicam no significa que no vaya, en cierto momento, a estar sometido a intereses de índole político; peor aún, dijo, si son intereses del gobernante de turno. “No queremos nuevamente (Pablo) Muentes en la Justicia; no queremos otros (Ronny) Aleagas. Queremos una Justicia independiente, que camine a su depuración”, aseguró Guerrero.
Para la politóloga Verónica Albuja la situación es preocupante porque refleja que no hay una independencia de poderes. “Es lamentable que en Ecuador sigamos viviendo una crisis institucional y con decisiones a la carta, alineadas a la agenda del Gobierno de turno”, dijo Albuja.
Gabriela Alvear, de Diálogo Diverso, añade que Noboa no debe prometer un nuevo Ecuador, si va a continuar con prácticas que otras organizaciones políticas ya hicieron. “ADN demuestra no estar preparado para hacer una nueva política y estar a la altura de un nuevo o diferente país. Sigue replicando la vieja política que tanto daño le ha causado a Ecuador”, dijo Alvear.
Guerrero añadió que en la terna deben estar personas probas, que no tengan ningún compromiso, ya que deberán administrar la estructura de la Función Judicial que incluye a fiscales y jueces, con la posibilidad de establecer sanciones. “Estamos hablando del integrante de una terna que perteneció al Movimiento que este momento está gobernando el país, lo que es complejo. Recordemos que el Presidente de la República ya ha dado muestras de autoritarismo”, dijo Guerrero.
Por su parte, la legisladora oficialista Nathaly Farinango, indicó que la probidad y la independencia están garantizadas desde el momento en que Landívar renunció a la coordinación política de ADN para dedicarse por completo, si fuese elegido, a la conducción de la Judicatura. “Todos los seres humanos somos políticos, independiente de la profesión que tangamos”, dijo Farinango.
La consejera del CPC Mishelle Calvache indicó que un equipo técnico de la institución revisa la documentación presentada y verifica que los integrantes de la terna cumplan con los requisitos y no incurran en inhabilidades. Añadió que hay una fase de impugnación, donde la ciudadana puede sustentar si alguno de los postulantes tiene algún tipo de prohibición.
Los perfiles
– Telmo Molina Cáceres. Doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. Especialista superior en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Máster en Derecho. Juez de Garantías Penales de Quito, abogado especialista en modernización judicial, asesor jurídico de la Unidad de Depuración de Denuncias de Quito (Fiscalía), docente universitario, entre otros cargos.
– Dunia Martínez Molina. Doctora en Jurisprudencia por la Universidad del Azuay. Magíster en Derecho con mención en Derecho Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar. Exintegrante de la Comisión Calificadora para la renovación de jueces de la Corte Constitucional. Asesora de la Comisión Permanente de Posgrados del Consejo de Educación Superior. Asesora jurídica en el Tribunal Contencioso Electoral. Docente.
– Hugo Landívar Orellana. Abogado, especialista en Derecho Constitucional. Máster en Derecho Internacional. Catedrático, experto en arbitraje internacional.
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