A la causal del concurso del Consejo de la Judicatura se suma el proceso de selección del Fiscal General. Seis de los siete consejeros son los involucrados en esta nueva solicitud.
Los asambleístas de la Revolución Ciudadana, Luis Molina y Héctor Rodríguez, presentaron una tercera solicitud de juicio político en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que votaron a favor de la designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. Las dos solicitudes anteriores no fueron admitidas a trámite por el Consejo de Administración Legislativa por supuestas inconsistencias en las firmas electrónicas de respaldo a las solicitudes.
Por ese motivo, esta tercera solicitud se presentó con el respaldo de 53 firmas físicas. Molina informó que está tercera solicitud ya no es solo por las presuntas irregularidades en el concurso de la Judicatura, sino también por el proceso de selección de Fiscal General del Estado, que está en pleno desarrollo en el Consejo de Participación.
Además ya no son solo los consejeros Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, David Rosero, Piedad Cuarán y Jazmín Enríquez contra quienes se propone la interpelación. A ellos se suma el consejero Roberto Gilbert Febres Cordero, con lo que son seis de siete consejeros contra los que se presenta este proceso de fiscalización. Solo la consejera Nicole Bonifaz no está incluida en el proceso.
La nueva causal
El concurso para la selección del Fiscal es la nueva causal que incorporan los proponentes del juicio político. Para Molina y Rodríguez, el proceso de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección ha estado plagado de irregularidades que comprometen su legitimidad. Los legisladores consideran que desde el inicio se incumplieron los plazos legales en la conformación del Equipo Técnico que generó un efecto dominó que afectó todas las fases posteriores del proceso.
Agregan que los consejeros han vulnerado el debido proceso al alterar discrecionalmente los plazos establecidos en el reglamento, tanto en la conformación del Equipo Técnico como en la fase de admisibilidad, creando incertidumbre jurídica y afectando la seguridad jurídica del proceso.
Aseguran que se ha violado el principio de transparencia y el derecho de participación ciudadana al obstaculizar sistemáticamente el trabajo de la veeduría ciudadana, negándose a responder oficios, proporcionar información y garantizar el acceso a las actuaciones del proceso.
Hugo Arteaga, coordinador de la veeduría ciudadana, ratificó que el concurso tiene varias falencias, especialmente en la puntuación obtenida por los miembros de la comisión ciudadana de selección. Arteaga manifestó que han pedido ser recibidos por el pleno del Consejo de Participación para exponer varias alertas, pero no han sido recibidos y que recién mañana se presentarán ante el pleno para exponer sus argumentos.
