El Estado fue hallado responsable por la vulneración de los derechos de los Tagaeri y Taromenane: su inacción permitió masacres, desplazamientos forzados y la reducción de su territorio ancestral. La CorteIDH ordenó medidas de reparación, pero, para comprender su importancia, hace falta conocer la historia. Aquí te la contamos.
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
Es poco lo que se sabe de sus vidas, de su día a día, de su realidad y de sus costumbres. Se conoce poco sobre quiénes son, dónde viven, qué problemas tienen que enfrentar y cómo estos han afectado, directa o indirectamente, a su calidad de vida. Pero hay algo que sí se sabe. Hoy, los pueblos Tagaeri y Taromenane, en aislamiento voluntario de la sociedad, se han convertido en el primer grupo no contactado que cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en defensa de su vida y de sus territorios. Y, aunque quizá ellos nunca lo sepan, esta es su historia y la de un camino de lucha que, tras más de 19 años, empieza a ver sus frutos.
En visité Guiyero, uno de los territorios waorani, descendientes y familiares de los clanes Tagaeri y Taromenane, ubicado en la puerta del Parque Nacional Yasun. Se trata de un espacio donde también ellos caminan, ocultos entre el follaje, y donde su presencia, aunque lejana y dispersa, es una realidad que se da por hecho por todos sus habitantes.
Allí, en medio del verde profundo y una sinfonía de insectos, Germán Awá, líder de la comunidad, narró un recorrido histórico sobre lo que significó para ellos el contacto con el mundo occidental. ¿Cómo llegó este a la nacionalidad waorani? ¿Qué llevó a ciertos clanes a negarse al contacto rotundamente? ¿Qué relaciones y vínculos tienen hasta hoy? Aquí sus respuestas.
Historia de un contacto violento
—¿Qué saben ustedes de los pueblos Tagaeri y Taromenane? —pregunté, mientras la camioneta saltaba agitadamente por los baches de un camino de tierra rojiza y fértil, típica de la zona amazónica. El camino hasta la comunidad aún era largo.
—Son nuestros hermanos, nuestros primos y tíos. Ellos decidieron no ser contactados y nosotros, ahora, respetamos su decisión. Pero ellos son nuestra familia. Mi padre y mi abuelo vivían con ellos y los conocían. Ellos son waorani, sólo que ellos no ocupan esa palabra, porque waorani significa ser humano. Y, después del contacto, nosotros decidimos llamar así a nuestra nacionalidad porque era una forma de identificarnos frente al mundo, que no sabe del wao (idioma de la nacionalidad). Pero sí, es nuestra familia. Todos antes éramos Taromenane. Pero claro, ahora nosotros somos waorani y ellos Tagaeri, que significa gente del hacha, y Taromenane, que es como se llamaba a nuestros pueblos desde sus inicios.
Esta es la primera explicación que me dio Germán sobre el pueblo Tagaeri y Taromenane durante la visita. Sin embargo, la historia no quedó ahí. Más tarde, ya en la casa del líder waorani, hecha con tablas de madera y espacios abiertos para que el viento soplara libremente en medio del calor de la selva, continuó su narración:
—¿Usted sabe cómo fue el proceso de contacto con la nacionalidad waorani? Esa es una historia que marca nuestro camino y que hoy, así como me ve, me tiene aquí hablando con usted —dijo, en medio del sonido que convive con él alrededor de su hogar.
Así inicia la historia de un contacto que arrancó con violencia y se valió de ella para llegar a la nacionalidad waorani. “Los que llegaron aquí son los misioneros. Ellos fueron los primeros en tener contacto”.
Germán continúo su historia hablando de un nombre en específico, uno que se ha convertido en el punto clave del actual de la nacionalidad waorani: Dayuma.
—Ella fue la que abrió el paso a los misioneros, la que entró a las comunidades para traer el cristianismo y la que prácticamente nos guió hacia el mundo occidental —repitió, como cuando se habla de un personaje histórico tan relevante como lo fue ella para la historia waorani.
Y es que Dayuma nació en una comunidad waorani en la Amazonía ecuatoriana, en un tiempo donde las relaciones entre clanes waorani estaban marcadas por conflictos internos y ciclos de venganza; mucho antes del contacto. Sin embargo, su vida cambió para siempre cuando su familia fue atacada por otro grupo waorani. Temiendo por su vida, huyó de la selva siendo aún una niña, dejando atrás su hogar y su gente.
En su escape, llegó a una zona donde vivían poblaciones kichwa y trabajadores de haciendas de Pastaza. Allí fue acogida y, poco a poco, comenzó a aprender español. Su existencia no pasó desapercibida y, con el tiempo, su historia llegó a oídos de un grupo de misioneros estadounidenses que estaban buscando formas de evangelizar a los ‘Aucas’, como erróneamente llamaban a los waorani en ese entonces.
Antes de esto, en 1950, un grupo de cinco misioneros evangélicos, encabezado por Jim Elliot y Nate Saint, planeó un intento de contacto con los waorani, quienes hasta ese momento eran conocidos por rechazar cualquier intromisión en su territorio.
Los misioneros iniciaron su contacto lanzando regalos desde una avioneta sobre la selva, en un intento de mostrar intenciones pacíficas. Después de varias semanas, aterrizaron en una playa a orillas de un río y establecieron comunicación con un grupo waorani. Sin embargo, el 8 de enero de 1956, los cinco misioneros fueron atacados con lanzas y asesinados.
El hecho conmocionó a la comunidad cristiana en Estados Unidos y fue presentado como un acto de martirio. A pesar del ataque, las esposas y familiares de los misioneros no desistieron. Entre ellas estaban Elisabeth Elliot, esposa de Jim, y Rachel Saint, hermana de Nate Saint.
Dayuma se convirtió en una pieza clave en su plan, ya que era la única persona en contacto con el mundo exterior que hablaba wao, el idioma de su pueblo. Con su ayuda, ambas lograron establecer contacto con los waorani y convencieron a un grupo de ellos de permitir su presencia en su territorio.
La joven jugó un papel crucial en la conversión de varios waorani al cristianismo. Al reencontrarse con miembros de su comunidad, la familia que había dejado atrás, les habló de los misioneros y del mundo exterior, lo que generó división entre aquellos que aceptaron el contacto y aquellos que lo rechazaron.
Con el tiempo, un grupo de waorani se trasladó a la comunidad establecida por los misioneros en la región del río Curaray, donde fueron evangelizados y comenzaron a adoptar prácticas del mundo occidental. Entre estas, dejaron de practicar los ciclos de venganza entre clanes, comenzaron a vestir ropa occidental y se integraron, en cierta medida, a la sociedad ecuatoriana.
Todo esto se ve explicado en un documental que Germán mostró con orgullo y con alegría de dar a conocer su historia; uno hecho por una productora extranjera que intenta acercarse al recorrido que han tenido que recorrer los waorani a lo largo de las últimas décadas.
“Esta es la película que mejor explica nuestra historia”, dijo mientras todo se proyectaba en una pantalla plana que mantiene en su casa para momentos especiales. Todo esto, además, se daba mientras a su alrededor se juntaban miembros de la familia de Germán y de su comunidad.
Poco después, continuó la historia hablando acerca de cómo el contacto con los misioneros rompió la estructura tradicional de los waorani. Antes del contacto, su territorio era vasto y su movilidad les permitía mantener el equilibrio con el ecosistema. Sin embargo, con la sedentarización impuesta por los misioneros y el avance de la colonización petrolera en los años siguientes, los waorani perdieron grandes extensiones de su territorio ancestral.
Sin embargo, dijo Germán, otros grupos rechazaron completamente este contacto y decidieron aislarse aún más en la selva. Estos son los que hoy se conocen como los Tagaeri y Taromenane. “En su momento eran sólo Taromenane, pero después supimos que los clanes se separaron y se crearon los Tagaeri”.
Los grupos que se quedaron en aislamiento voluntario optaron por mantenerse en movimiento, defendiendo su autonomía a toda costa. Pero esta decisión los ha llevado a vivir en constante tensión con los waorani en contacto y con los colonos y empresas extractivas que se han asentado en su entorno.
“Hoy nosotros ya no sabemos casi nada de ellos. Mi papá sí los recuerda mucho siempre. Él es uno de los que decidió juntarse al cristianismo”, dijo, mientras describía la imagen de su padre, de 89 años. “Él, por eso mismo, sabe salir a las salva cada mes o cada 15 días para dejar productos como arroz, yuca, machetes y otros implementos que pueden ser útiles. Los deja escondidos por ahí, él sabe dónde, para que ellos lo cojan. Después de unos días o una semana ya no están, lo que nos dice que están por la zona aún. Así mi papá intenta ayudarles”.
Su padre, dijo, incluso le contaba historias sobre sus tíos o primos, que ahora son Tagaeri y Taromenane. Él los recuerda y los mantiene presentes así: como su familia.
Defensa de los pueblos en aislamiento
Esta es la historia de cómo los Tagaeri y Taromenane decidieron mantenerse aislados en el inmenso bosque amazónico, apropiándose directamente de sus territorios ancestrales y diciendo continuar su vida allí: en lo que hoy es el Parque Nacional Yasuní.
Sin embargo, este también fue el inicio de una historia que, hoy, ha llevado a la conclusión de la sentencia difundida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 13 de marzo de este año. Pero el camino fue largo. Incluso, según David Romo, director de la estación de Biodiversidad Tiputini, ubicada en el Yasuní, “más demorado de lo que debería haber sido”.
Desde que los waorani en contacto comenzaron a establecer relaciones con la sociedad ecuatoriana, los Tagaeri y Taromenane quedaron aún más aislados. Sin embargo, con la llegada de empresas extractivas y la expansión de la frontera petrolera, su territorio comenzó a reducirse peligrosamente y, con ello, aumentaron los encuentros violentos.
En 1999, el Estado ecuatoriano creó la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT), como un área de protección para estos pueblos en aislamiento voluntario. El objetivo era evitar cualquier tipo de contacto con ellos y proteger su territorio de la explotación petrolera y la colonización. Sin embargo, la delimitación real de la ZITT no se concretó hasta 2007, cuando finalmente se establecieron sus límites oficiales y una zona de amortiguamiento de 10 kilómetros a su alrededor.
A pesar de su existencia en papel, la ZITT ha sido sistemáticamente violada. Empresas petroleras han seguido operando en los alrededores, e incluso dentro de la zona intangible, según detalla Romo, mientras que actividades ilegales, como la tala de madera, han puesto en riesgo la vida de los Tagaeri y Taromenane.
El experto, ya en Quito y en este contexto, explica que el Estado nunca implementó un plan real para proteger la zona. “El gran problema es el abandono del Estado en el Parque Nacional Yasuní. La ZITT existe sólo como un nombre en documentos oficiales, pero en la práctica no hay control ni protección efectiva”, denunció Romo.
Esta misma falta de control llevó a que, en 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera medidas cautelares pidiendo al Estado ecuatoriano implementar mecanismos urgentes para la protección de los pueblos en aislamiento. Sin embargo, el Estado ignoró estas recomendaciones, y la presión sobre el territorio de los Tagaeri y Taromenane continuó aumentando.
Y esto también ha traído nuevos episodios violentos. Uno de los primeros episodios documentados ocurrió en 2003, cuando se reportó la muerte de 26 taromenane a manos de un grupo waorani contactado. Según información oficial incluida en la sentencia, el conflicto se habría originado por la disputa de territorio y el acceso a recursos en la zona.
Sin embargo, el episodio más grave ocurrió en 2013, cuando un grupo de waorani contactados atacó una comunidad Taromenane, matando a más de 20 personas, incluyendo mujeres y niños. Además, hijas de las víctimas y hermanas de sangre, dos niñas fueron sacadas de sus territorios y llevadas a vivir con una comunidad waorani en contacto. Este hecho ocurrió luego de una primera incursión de guerreros Taromenane en la comunidad waorani, en la que murieron dos ancianos.
Pablo Játiva, abogado especializado en derechos humanos, explicó que esta masacre fue la prueba más evidente de que el Estado ecuatoriano había fallado en su deber de protección. “El Estado tuvo más de una década para implementar medidas de protección y no lo hizo. Esa inacción facilitó que ocurrieran estos ataques”, afirmó Játiva.
Las organizaciones indígenas y de derechos humanos denunciaron que el ataque de 2013 se debió, en parte, a la falta de control del Estado en la ZITT y a la influencia de actividades ilegales en la región. Según David Romo, “los waorani en contacto han sido abandonados por el Estado, lo que los hace vulnerables a la minería ilegal y la tala de madera. Sin alternativas económicas, muchos terminan siendo incentivados económicamente también por las industrias extractivas a atacar a los pueblos en aislamiento, que son sus principales enemigos, porque ellos defienden el territorio”.
Después de la masacre de 2013, las denuncias ante organismos internacionales se intensificaron. La Conaie y la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) presentaron demandas argumentando que el Estado ecuatoriano había incumplido su deber de proteger a los pueblos en aislamiento voluntario.
El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2014, pero durante diez años el proceso avanzó lentamente. Mientras tanto, la presión sobre el territorio de los tagaeri y taromenane continuó aumentando, y el Estado ecuatoriano siguió sin implementar medidas de protección efectivas.
¿Qué dice la sentencia?
Después de más de 10 años de litigio, la resolución llegó. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), emitida el 13 de marzo, marcó un hito histórico en la defensa de los pueblos en aislamiento voluntario. En ella, el tribunal internacional declaró responsable al Estado ecuatoriano por la vulneración de los derechos fundamentales de los Tagaeri y Taromenane, señalando que su inacción permitió masacres, desplazamientos forzados y la reducción de su territorio ancestral.
La Corte reconoció que el Estado no garantizó el principio de no contacto, que es clave para la protección de los pueblos en aislamiento, y tampoco implementó medidas efectivas para prevenir los conflictos con los waorani en contacto. Además, destacó la falta de control sobre las actividades extractivas dentro y alrededor de la ZITT.
El fallo ordenó al Estado ecuatoriano una serie de medidas de reparación y garantías de no repetición, entre ellas:
- Ampliación de la ZITT, asegurando que el territorio de estos pueblos quede libre de cualquier actividad extractiva o colonización.
- Cierre definitivo de la explotación petrolera en el Bloque 43 (ITT), en cumplimiento de la consulta popular de 2023, que determinó que el petróleo de esta área debía quedarse bajo tierra.
- Investigación y sanción de los responsables de la masacre de 2013, incluyendo la identificación de quienes participaron en el ataque y el papel del Estado en la falta de prevención.
- Atención psicosocial y culturalmente adecuada para las niñas taromenane sobrevivientes, con un enfoque en el respeto de su identidad y su derecho a la autodeterminación. (Cabe destacar que las hoy adolescentes participaron en la construcción del caso y en el litigio directamente. El Estado, luego del hecho, separó a las hermanas y hasta hoy viven en hogares diferentes, hecho que también rescata la Corte en su resolución).
- Implementación de un sistema de monitoreo y protección permanente, que evite nuevos episodios de violencia contra los pueblos en aislamiento voluntario.
Pablo Játiva destaca la importancia de este documento, debido a que esta es la primera vez que la CorteIDH emite un fallo sobre pueblos en aislamiento voluntario, lo que la convierte en jurisprudencia internacional.
“No hay precedentes de una sentencia que obligue a un Estado a garantizar el derecho a la vida de un pueblo que ha elegido el aislamiento. Esto no solo impacta a Ecuador, sino que será un referente para otros países, como Brasil, Perú y Bolivia, donde existen pueblos en situaciones similares”, explica.
El fallo también señala que el Estado ecuatoriano podría ser considerado responsable de etnocidio, debido a su falta de acción para evitar la masacre de 2013 y su permisividad frente al avance de la frontera extractiva. “El etnocidio no sólo se da con asesinatos directos, sino también cuando un Estado permite el colapso territorial y la desaparición cultural de un pueblo”, señaló Játiva.
Según el abogado, Ecuador tiene un plazo máximo de un año para presentar su primer informe de cumplimiento ante la Corte. Sin embargo, advirtió que el país se enfrenta a múltiples desafíos. “Si el Estado no acata esta sentencia, se expone a sanciones internacionales y a una presión diplomática que puede afectar sus relaciones comerciales y de cooperación”, afirmó.
A pesar de la contundencia del fallo, la pregunta que surge es si el Estado ecuatoriano realmente cumplirá con las órdenes de la Corte. La historia reciente muestra que Ecuador ha ignorado repetidamente decisiones judiciales y acuerdos de protección, especialmente cuando estos chocan con intereses económicos. Esto ocurrió en el caso de los resultados de la Consulta Popular que prohíbe la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, específicamente en el Bloque 43.
Játiva explica que la sentencia también ejerce presión sobre el Estado en la ejecución de este mandato. “Se dice que el Estado debe cumplir con el mandato popular, lo que pone al Gobierno entre la espada y la pared. Su cumplimiento debe ser inmediato”.
Por otro lado, advierte que el cumplimiento de la sentencia dependerá de la presión social y del escrutinio internacional. Además, el investigador insiste en que la expulsión de las empresas petroleras del Yasuní será clave para garantizar la supervivencia de los Tagaeri y Taromenane. “No basta con prohibir la explotación en el Bloque 43, el Estado debe demostrar que está protegiendo efectivamente la zona. Sin eso, cualquier compromiso será sólo una promesa vacía”, afirmó.
Waorani se mantendrán vigilantes
El vínculo entre los pueblos waorani y los Tagaeri y Taromenane hizo aplaudir y soltar algunas lágrimas a Ene Nenquimo, vicepresidenta de la nacionalidad, al enterarse de la sentencia definitiva.
Ya pasados los días, una voz firme pero dulce se apodera de la línea telefónica, a cientos de kilómetros de la capital. La mujer waorani, firme en la lucha, explica cómo la nacionalidad waorani se ha mantenido en la lucha los últimos años para proteger a su “familia” no contactada.
“Los waorani somos los últimos pueblos que fueron contactados y el Estado ha estado violentando nuestros derechos año tras año. La lectura de esta sentencia ha conmovido a todo el territorio, porque nuestra lucha sigue rindiendo frutos. No es necesario esperar a que el Estado nos proteja”, dice.
Ella también recuerda cómo sus padres y abuelos le han contado historias sobre el pueblo Tagaeri y Taromenane. “Ellos decidieron seguir en nuestras raíces. Quieren vivir en su mundo y su propia cosmovisión. Y nosotros los vamos a defender”.
Ella explica cómo los pueblos Tagaeri y Taromenane son ecosistémicos, que se mueven en el territorio con estructuras nómadas que buscan aprovechar los recursos según las temporadas y las estaciones. Por esto, aclara que ellos buscan recuperar y proteger su territorio ancestral, donde hoy ellos también habitan, aunque con vestigios occidentales.
“Ya que ellos no pueden alzar la voz, nosotros la alzamos por ellos. Somos nosotros, nuestros jóvenes, los que con la fuerza de nuestros ancestros vamos a defender el territorio”, dice con fuerza. “No nos vamos a quedar dormidos. Vamos a seguir luchando hasta que se cumpla al pie de la letra lo que dice la ley y la sentencia”.
Por su parte, Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), dice que “los pueblos indígenas no permitirán que el Estado siga ignorando la existencia de los Tagaeri y Taromenane”. Explicó que ya han iniciado mesas técnicas y asambleas territoriales para monitorear el avance de las órdenes de la Corte y exigir su cumplimiento.
“Nosotros vamos a vigilar que el Estado cumpla con lo que ha prometido. No podemos permitir que los pueblos en aislamiento sigan siendo perseguidos”, enfatizó.
Desde la Conaie, su dirigencia también ha señalado que el fallo representa una victoria, pero que su verdadero impacto dependerá de la acción del Estado. “Hemos luchado por más de 19 años para llegar a esta sentencia. Ahora nos toca luchar para que se cumpla”, declaró Leónidas Iza, en una rueda de prensa dada ayer.
El fallo de la CorteIDH representa un punto de inflexión en la lucha por los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario. Su impacto ya es real, incluso en casos que puedan darse en otros puntos del mundo. Sin embargo, su alcance en el país se medirá en los próximos años, dependiendo de la voluntad del Estado ecuatoriano y de la capacidad de las organizaciones indígenas y ambientales para exigir su cumplimiento.
Mientras tanto, en lo profundo del bosque, los Tagaeri y Taromenane siguen en movimiento. Ellos no conocen la sentencia que lleva su nombre. No saben que el mundo exterior ha hablado en su favor. Pero en su decisión de permanecer aislados, siguen defendiendo lo que es suyo: la selva, su hogar y su vida.
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