La Comisión de Fiscalización inició el proceso contra Diego Ordóñez, Paola Flores y Patricio Carrillo. Se negaron a decirle a Flores de qué se le acusa; mientras que a Carrillo —ya censurado por la Asamblea— le rebajaron dos acusaciones. 

El juicio político que se sustancia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en contra del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez; de la Ministra de Derechos Humanos, Paola Flores; y del exministro del Interior, Patricio Carrillo avanza en medio tropiezos. 

La sustanciación entró a la etapa de presentación de pruebas de cargo y descargo. La solicitud fue presentada por los asambleístas de Pachakutik Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez, quienes señalan a Ordóñez, Flores y Carrillo de incumplimiento de funciones. Específicamente les acusan de cinco casos: inadecuado control y manejo de la Fuerza Pública en el paro de junio del 2022; matanzas en las cárceles; inseguridad ciudadana; consecuencias del narcotráfico; y, femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía. 

Sin embargo, en un oficio remitido a la Comisión, Flores argumentó que en la solicitud presentada por los legisladores, siendo tres los acusados, no se señala con claridad cuáles son las acusaciones políticas en su contra para que dé la debida contestación con las correspondientes pruebas de descargo, por lo que solicitó a la Comisión que precise a cuál o cuáles de las cinco acusaciones tiene que referirse, para que se respete el debido proceso, el derecho a la defensa y la seguridad jurídica.  

La respuesta de la Comisión 

Los integrantes de la Mesa manifestaron que no está en ellos establecer cuál o cuáles son las acusaciones de las que debe defenderse Flores, ya que eso correspondía a los proponentes de la interpelación y, debido a que no es la etapa oportuna para hacerlo.

Por su parte, Vanegas aseguró que Flores sabe muy bien de qué se la acusa, porque ya fue notificada y deberá ejercer su derecho a la defensa. “Es una etapa en la que ella tiene que presentar sus pruebas de descargo y en el momento oportuno esta Comisión determinará la validez de lo actuado o no; y si hay los elementos para acusar o no a la ministra Paola Flores. A mí no me corresponde darle a la señora en este momento una explicación, ya habrá el momento”, manifestó.  

La legisladora oficialista e integrante de la Comisión, Ana Belén Cordero, agregó que el pedido de la Ministra se justificaba, ya que se debía particularizar las acusaciones para que conozca si estas corresponden a sus funciones o a la de otros funcionarios, pero estuvo de acuerdo en que este momento no es el oportuno para hacerlo, porque eso correspondía a los proponentes al momento de presentar la solicitud. “La Ministra tendrá que defenderse con lo que hay y con lo que pueda”, dijo Cordero. “Que se defienda como pueda”, agregó Fernando Villavicencio, asambleísta independiente y presidente de la Comisión. La petición de Flores fue negada con cuatro votos en contra. 

Mientras que con cuatro abstenciones no fue admitido el pedido de Vanegas de incorporar al proceso nuevas pruebas en contra de los interpelados, por no haber sido anunciada en su oportunidad. 

A Carrillo le ‘rebajan’ dos acusaciones

Como parte de este proceso de interpelación, Vanegas y Sánchez desistieron de dos de las acusaciones en contra de Carrillo: inadecuado control y manejo de la Fuerza Pública en el paro de junio de 2022 y femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía.

El argumento de los dos legisladores fue que la Constitución establece que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Es que Carrillo ya fue censurado por esas dos causales por parte del Pleno de la Asamblea, el 23 de febrero, con 105 votos a favor y 19 abstenciones. 

Los dos proponentes argumentaron que mantener esas dos acusaciones contra el exfuncionario sería violar la Constitución y nulitar todo el proceso. Sánchez aseguró que no se está manipulando el proceso, ya que las tres restantes acusaciones siguen como causales contra Carrillo: matanzas en las cárceles, inseguridad ciudadana y consecuencias del narcotráfico por lo que el pedido de interpelación se mantiene contra el exfuncionario.

Mientras que en contra de Ordóñez también se mantienen las cinco acusaciones.  

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