La decisión del presidente, Daniel Noboa, de suspender la segunda etapa del proceso de regularización impacta a miles de venezolanos en Ecuador, dejando en vilo sus solicitudes de visado. Expertos advierten sobre el aumento de la vulnerabilidad de esta población, mientras la Cancillería evalúa qué hacer con los casos pendientes.
POR: Juan Camilo Escobar
“Ya hemos visto a funcionarios de migración en las calles y no sabemos qué va a pasar. Mi hija y yo logramos obtener la visa después de cinco años, pero la situación de mi yerno es complicada. Sólo faltaba corregir el nombre, que fue ingresado erróneamente en el sistema; estaba a días de que regularizaran su situación”, dice Elizabeth Campos, una venezolana, sobre la incertidumbre que enfrenta su familia, una semana después de que el Gobierno de Daniel Noboa suspendiera el proceso.
Este es sólo uno de los muchos testimonios de venezolanos consultados sobre el impacto de la decisión tomada por el presidente Noboa el 11 de marzo, dos días después de que, en su cuenta de X, advirtiera que Ecuador no recibirá deportados desde Estados Unidos de otras nacionalidades.
La medida se adoptó tras las declaraciones de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quien cuestionó la recepción de vuelos con deportados debido a la suspensión de la licencia de operación de la petrolera Chevron en Venezuela, impuesta por Estados Unidos.
La decisión, adoptada mediante el decreto 560, también incluyó una orden a la Cancillería de dar por terminado el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela, aprobado en 2010 y vigente desde 2011 mediante un decreto ejecutivo firmado por el expresidente Rafael Correa.
Sus testimonios confirman que, para miles de venezolanos en Ecuador —3,000 según la Cancillería—, la decisión gubernamental ha complicado aún más sus trámites de regularización, dejando a muchos en un limbo legal. Más allá de la burocracia, su incertidumbre refleja la vulnerabilidad de quienes quedan atrapados en disputas geopolíticas que escapan a su control.
“Hace apenas dos meses logramos conseguir la VIRTE 2, luego de mucho tiempo, al segundo intento, porque en la primera vez un abogado ecuatoriano nos estafó, no hizo el trámite y perdimos muchísimo dinero”, indicó Elizabeth, quien ahora atiende su propia panadería, donde vende manjares de sal y de dulce típicos de Puerto Ordaz, su tierra natal en Venezuela.
“Nosotros regularizamos a tiempo; el problema es con todos los que se quedaron con los trámites cuando se suspendió la amnistía”, comentó Elizabeth.
Alejandro Albarrán, también venezolano con papeles en regla, expresa su preocupación. Por un lado, dice sentirse tranquilo porque no solo tiene visa, sino también un contrato de trabajo estable con todos los beneficios de ley; pero, al mismo tiempo, señala que, si bien a él no le afecta la suspensión de la amnistía, sí impacta a varios conocidos que intentan desde hace meses regularizarse. También indica que le preocupa la posibilidad de que en septiembre próximo no le renueven la visa.
“Para los nuevos, que están ingresando o quieran ingresar, la situación se pone cada vez más difícil, por lo que sólo tocará mirar qué decisiones se toman más adelante”, dice Albarrán. “A la semana de haber llegado al país, me había movilizado con el trámite de los papeles y lo conseguí”, señala este venezolano, que sigue desempeñándose en el mismo oficio de cocinero que realizaba en su ciudad natal, en Trujillo, al oeste de Venezuela, la cual tuvo que dejar hace dos años, asegura, por la difícil situación económica que hacía que su sueldo cada día valiera menos y no le alcanzara para alimentar a su familia.
“Yo conseguí trabajo a las dos semanas de haber llegado, pero muchos que vienen con las mismas dificultades económicas con las que vine no pueden conseguir tan rápido. Yo vine siguiendo a mi mamá, que ya tiene residencia desde hace muchos años”, comentó Albarrán.
Arévalo Del Valle, otro venezolano regularizado, comparte su preocupación. “Muchos compatriotas llegaron aquí escapando de una crisis económica severa. Ahora no sabemos qué pasará con ellos. No sabemos si habrá deportaciones”, advierte.
El futuro de los 3.000 casos pendientes
Según la Cancillería ecuatoriana, hasta el 11 de marzo de 2025 se habían otorgado 4.941 visas VIRTE II, bajo el Decreto 370, y quedaban pendientes unas 3.000 solicitudes, las cuales están en evaluación y que en los próximos días se anunciará una decisión basada en informes técnicos.
Sin embargo, expertos en movilidad humana y representantes de la comunidad venezolana en Ecuador advierten que la falta de una solución concreta podría incrementar la vulnerabilidad de esta población.
La abogada Judith Núñez, de la Asociación de Venezolanos en Ecuador, afirmó que la suspensión de la amnistía migratoria no exime al Gobierno de cumplir con normativas y acuerdos internacionales, por lo que debe resolver unas 3.000 solicitudes que quedaron pendientes antes de la medida.
“La suspensión no tiene efecto retroactivo, por lo que el Estado debe dar una respuesta”, dijo Núñez. “No ha habido normas complementarias, es decir, el trámite debe continuar porque el derecho se ejerció durante la vigencia del Decreto 370”.
El presidente, Daniel Noboa, revocó el 11 de marzo de 2025 el Decreto 370, que había sido emitido en agosto de 2024 para regularizar a migrantes venezolanos en situación irregular. Núñez advirtió que la decisión ha generado incertidumbre y deja a miles de personas en estado de indefensión.
“Estar en condición irregular aumenta el riesgo de explotación laboral y limita el acceso al sistema financiero, la firma de contratos y el emprendimiento formal”, señaló. “Regularizar a quienes ya tienen su Registro Migratorio beneficiaría la situación socioeconómica del país y fomentaría una migración segura”.
Núñez recordó que el Decreto 370 estableció el proceso de regularización migratoria VIRTE II para venezolanos que no obtuvieron visado en el proceso anterior, pero que contaban con el Certificado de Registro de Permanencia Migratoria. Hasta octubre de 2022, cerca de 100.000 venezolanos completaron ese registro. De ellos, la Cancillería emitió 6.755 visas VIRTE I y tenía en trámite 22.154 solicitudes adicionales.
Esto significa, explicó Núñez, que aproximadamente 71.091 venezolanos que realizaron el registro migratorio hasta octubre de 2022 aún no habían obtenido una visa cuando se emitió el Decreto 370.
De acuerdo con la Asociación de Venezolanos en Ecuador, de un universo de 100.000 migrantes en condición irregular hasta octubre de 2022, sólo 11.696 completaron su trámite y unas 3.000 solicitudes siguen en proceso, lo que deja a unos 85.300 venezolanos sin estatus migratorio regular en el país.
Daniel Regalado, dirigente de la comunidad venezolana en Ecuador, señaló que la mayoría de las personas con solicitudes inconclusas en el marco del proceso de amnistía migratoria contaban con certificado migratorio y que el trámite debía concluir en abril, pero se suspendió un mes antes.
“Quedaron fuera del proceso más de 3.000 personas que podrían estar en Ecuador. Sin embargo, muchas de ellas, que tenían certificado migratorio, ya se han ido del país, y esa es una realidad”, comentó Regalado.
Agregó que el pequeño porcentaje que no ha completado la regularización enfrenta dificultades debido a problemas en Venezuela. “El consulado venezolano en Ecuador sigue cerrado y no ha podido entregar documentos esenciales como pasaportes y antecedentes penales”, explicó.
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