El 18 de febrero de 2026, la Superintendencia de Compañías dispuso la intervención de la empresa Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), firma responsable de publicar los diarios Expreso y Extra. La intervención se da al área administrativa, no a la redacción en sí.
Según la resolución oficial, la medida tiene como objetivo “supervigilar la marcha económico-financiera y propiciar la corrección de irregularidades advertidas” para evitar perjuicios a socios o terceros, basándose en el numeral 5 del artículo 354 de la Ley de Compañías, que se relaciona con fallas en auditorías externas o el registro de accionistas.
Con esta disposición se designó a la abogada Elizabeth del Pilar Jiménez Franco como interventora con la obligación de presentar informes mensuales sobre el estado de la empresa.
La intervención se produce en medio de una controversia por el control accionarial de la empresa, que incluye pedidos previos de información sobre sus accionistas y decisiones sobre la reversión de parte del paquete accionario, y ha sido interpretada por organizaciones defensoras de la libertad de prensa como un posible uso de mecanismos administrativos contra un medio crítico.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que utilizar instituciones públicas para presionar a una empresa periodística puede constituir una “represalia indirecta” que amenaza tanto la libertad de expresión como la libertad de empresa, al emplear recursos regulatorios para influir sobre el control societario.
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