La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió sobre un deterioro sostenido de la libertad de prensa en el continente, y en particular en Ecuador, donde el discurso oficial y el acoso digital contra periodistas y medios se han consolidado como patrones preocupantes. El reporte fue presentado el 19 de octubre de 2025, durante la 81ª Asamblea General del organismo celebrada en Punta Cana, República Dominicana.
La SIP alertó que funcionarios del gobierno de Daniel Noboa han usado redes sociales y canales oficiales para atacar a medios críticos. La ministra de Energía acusó públicamente al diario Expreso de “mentir” sobre los apagones, mientras que el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, vinculó sin pruebas a Expreso y Extra con presuntos esquemas de evasión tributaria. Según el informe, estas acciones fueron interpretadas como intentos de intimidación política.
El documento también menciona una campaña de hostigamiento digital impulsada por el influencer afín al oficialismo, denominado bajo el usuario de ‘@conejooligarca’, dirigida contra medios como Ecuavisa, Teleamazonas y el caricaturista Bonil, reforzando la narrativa de “enemigos del pueblo”. Paralelamente, se denunciaron ataques digitales contra Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del excandidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio, quienes solicitaron protección tras la difusión de videos y datos personales por parte del prófugo de la justicia, Xavier Jordán.
Entre los casos más graves figura el atentado armado contra el periodista Marcelo Ruiz, de TC Televisión, en Portoviejo, que lo dejó gravemente herido. En varias protestas, comunicadores de medios como Expreso, Wambra Radio y GK fueron agredidos físicamente por fuerzas de seguridad o manifestantes. La SIP advierte que la violencia contra la prensa se ha normalizado tanto en las calles como en el espacio digital.
El informe resalta además el aumento de procesos judiciales usados como mecanismo de censura. En Guayaquil, los reporteros Jonathan Palma y Flor Layedra enfrentan una denuncia por “actos de odio” tras publicar una investigación sobre contratos del IESS. En Loja, el periodista Boris Sarango fue demandado penalmente por un excandidato, aunque luego absuelto. Casos similares, dice la SIP, evidencian un uso instrumental de la justicia para desalentar la investigación periodística.
El organismo también documentó censura digital contra medios locales y comunitarios, especialmente en Morona Santiago y Santa Elena, donde perfiles falsos reportaron masivamente contenidos en Facebook hasta lograr su eliminación. Durante el paro nacional de octubre, se reportaron bloqueos de internet, represión policial contra reporteros y suspensión de frecuencias de medios comunitarios como TV MICC (canal 47 del Movimiento Indígena y Campesino de la provincia de Cotopaxi, sacada del aire el 24 de septiembre), Radio Ilumán (en la provincia de Imbabura, suspendida el 17 de octubre) y Radio Inti Pachá (provincia de Pichincha, suspendida el 18 de octubre).
En su balance general, la SIP concluye que el ecosistema mediático ecuatoriano atraviesa un escenario de vulnerabilidad estructural, enmarcado en agresiones físicas, demandas penales y discursos estigmatizantes desde el poder. Aunque reconoce avances judiciales en países como Costa Rica y Colombia, el organismo advierte que la tendencia regional, particularmente en Ecuador, es de “creciente hostilidad promovida por los discursos oficiales”.
