Consideran que las reformas afectarán la estabilidad laboral y que las evaluaciones se volverán discrecionales. Hay tres demandas de inconstitucionalidad y en los próximos días se presentarán más recursos.
POR: Hugo Constante
La Ley de Integridad Pública, aprobada por la Asamblea el 24 de junio y publicada sin cambios dos días después en el Registro Oficial, está encontrando en los servidores públicos a sus principales detractores. Organizaciones sindicales, asociaciones de trabajadores, gremios profesionales cuestionan que se haya suprimido el artículo 89 de la Ley Orgánica del Servicio Público. La disposición garantizaba la estabilidad laboral y el derecho preferente a que en caso de supresión de su actual puesto, sea trasladado a puestos vacantes de naturaleza similar. La preocupación de los servidores públicos no se limita al tema de la estabilidad laboral. Hay otras reformas a la Ley que les rige que les puso en alerta. Como el traslado de la competencia del sumario administrativo desde el Ministerio de Trabajo hacia las unidades de talento humano de cada institución; la implementación de evaluaciones semestrales bajo el criterio del superior inmediato sin mecanismos de control, entre otros aspectos.
Los argumentos
Eddy Santana, presidente de la Federación Nacional de las Asociaciones de Empleados de los Consejos Provinciales de Ecuador, reconoce que las reformas les tomó por sorpresa ya que la Ley de Integridad Pública ingresó al debate de la Asamblea con el carácter de urgente en materia económica para tratar otros temas por lo que esperaban otro pronunciamiento. El dirigente aseguró que la reforma atenta a derechos conquistados desde años. “Son reformas regresivas antes que progresivas en relación a las conquistas que hemos logrado”, dijo Santana. Aclaró que en el tema de las evacuaciones no se oponen al procedimiento ya que inclusive esto consta en normativa vigente, pero que con la reforma esa evaluación queda a discrecionalidad de la autoridad de turno. “No estamos en contra de la evaluación, eso no lo rechazamos, pero que sean objetivas, que el evaluador no sea juez y parte porque si no coincidimos con la línea política de la autoridad de turno, por la mínima cosa puede abrirnos un sumario administrativo”, aseguró. Añadió que mantiene reuniones con otros dirigentes para defender sus derechos y como primer paso presentarán la demanda de inconstitucionalidad.
Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, anticipó que mañana en la tarde los trabajadores de los municipios y sus empresas se movilizarán hacia el Ministerio de Trabajo en rechazo a la Ley de Integridad Pública. Buscan una reunión con la ministra del ramo, Ivonne Núñez, para exigir que se respete el derecho de los trabajadores. Erazo aseguró que la Ley no sólo afecta a los servidores públicos, sino que también afecta a los trabajadores de las empresas públicas, por lo que el 11 de julio se unirán a la marcha anunciada por la UNE.
Desde los gremios de la salud (médicos, enfermeras, profesionales de la salud) calificaron a la Ley como una amenaza para todo el sistema de salud pública y sus beneficiarios. A más del riesgo a la estabilidad laboral, mencionan aspectos como la elevación de la edad mínima para acceder a la compensación económica por retiro voluntario; la eliminación del artículo 109 de la Ley de Seguridad Social, que permitía a las unidades médicas del IESS contratar directamente insumos médicos, fármacos y material quirúrgico. Los gremios de la salud también anunciaron que tomarán medidas para demandar la inconstitucionalidad de la norma aprobada.
La respuesta del oficialismo
El lunes durante el conversatorio con la prensa, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, aseguró que no les preocupa que se presenten demandas de inconstitucionalidad, ya que todas las leyes tienen el respaldo de la mayoría de ecuatorianos. Aseguró que lo que hace la Ley es incorporar las evaluaciones permanentes, a la que deben estar sometidos los funcionarios públicos ya que son los primeros llamados a ser evaluados, eficientes y transparentes.
Mientras que el presidente de la Asamblea, Niels Olsen (oficialista), aseguró que los ecuatorianos requieren seguridad y gobernabilidad, por lo que las leyes que trabaja el Legislativo son dirigidas en ese sentido. “Nos defenderemos de las demandas de inconstitucionalidad y con nuestro equipo jurídico demostraremos que son constitucionales”, afirmó Olsen.
Hasta el momento en la Corte Constitucional se han presentado tres demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad Pública.
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