El sorteo ordenado por Ley dejó a Carmen Corral, Daniela Salazar y a Enrique Herrería fuera de la Corte Constitucional. Como parte de la renovación parcial del organismo, los tres magistrados terminan seis años de gestión, tres antes de lo previsto. 

POR: Hugo Constante

“Quiero resaltar la enorme contribución de los jueces que, por mandato de la Ley, tienen que retirarse de la institución”, dijo esta mañana el presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, con referencia a Carmen Corral, Daniela Salazar y Enrique Herrería. 

Son los magistrados constitucionales que, tras un sorteo público, tienen que dejar sus cargos como parte de la renovación parcial del organismo, prevista en la Constitución, tras seis años de labor, de los nueve contemplados en la normativa. “Son tres personas que han contribuido con lo mejor de su conocimiento, con lo mejor de su talento, con lo mejor de su ética”, añadió Lozada. 

Ellos serán reemplazados en los próximos días por Claudia Salgado, José Terán y Jorge Benavides, quienes ganaron el concurso de méritos y oposición organizado por la Comisión Calificadora para la renovación parcial de la Corte Constitucional. Se sumarán al trabajo que realicen los jueces que se quedan en funciones: Lozada, Karla Andrade, Alejandra Cárdenas, Jhoel Escudero, Teresa Nuques y Richard Ortiz. 

El Presidente de la Corte informó que, tras el sorteo realizado, notificará a la Asamblea sobre los resultados, para que sean posesionados sus reemplazos, pero aclaró que hasta entonces los jueces sorteados continuarán en funciones. 

Lo positivo y lo negativo 

La actual Corte Constitucional se renovó totalmente en 2019 y Lozada manifestó que desde entonces los jueces han tomado sus decisiones en función de la estricta aplicación del Derecho, a veces con decisiones de consenso y otras de mayoría. 

“El valor no está en el número de votos que conquista una determinada decisión; el valor está en que la totalidad de los miembros de esta Corte han tomado sus decisiones y han elaborado sus argumentaciones partiendo de las razones que da el Derecho. Eso es una Corte independiente, que es el mayor legado que se puede ofrecer a la sociedad”, manifestó. 

Paúl Córdova, constitucionalista y docente universitario, aseguró que si algo ha caracterizado a esta Corte es que nunca ha mantenido un funcionamiento uniforme en los temas, por lo que no se ha podido anticipar el resultado de una votación en el Pleno.

Agregó que, en lo positivo, el organismo ha marcado hitos importantes en su gestión, como decisiones en los enfoques de perspectiva y contexto de género para garantizar los derechos constitucionales; o el desarrollo de la igualdad como principio, valor y derecho. “Es uno de los aportes relevantes de la Corte, independientemente de su composición”, dijo el especialista. 

Mientras que en lo negativo señaló que le ha faltado un control constitucional fuerte y riguroso de los decretos de Estado de Excepción de los diferentes gobiernos, para que no abusen de esa figura y no se equivoquen tanto en su aplicación en temas como la seguridad pública que no han sido una respuesta efectiva para el país. O la demora en decisiones que la ciudadanía esperaba que fueran inmediatas. 

Cordóva agregó que en este proceso de renovación parcial, esta nueva Corte tiene retos, como ponerse al día en el despacho de las causas, que presente reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Pero, sobre todo, “necesitamos una Corte más célere, que responda de manera directa y rápida a temas que tienen que ver con los poderes públicos”, manifestó.

Mientras que el dirigente sindical José Villavicencio tiene una evaluación más negativa de la gestión de la Corte Constitucional, sobre todo en el tratamiento de derechos laborales. Cuestiona, por ejemplo, que se haya demorado casi cinco años en declarar la inconstitucionalidad parcial de ciertos artículos de la Ley de Apoyo Humanitario, aprobada  durante la pandemia del Covid 19. Los artículos dados de baja están relacionados con jornadas y contratos de trabajo especiales de emergencia y posibilitaban al empleador dar por terminado de manera unilateral el contrato laboral. “Ya hubo un perjuicio para los trabajadores: fueron despedidos, reducidos la jornada laboral, el salario”, dijo Villavicencio. Por lo que está a la expectativa de lo que puedan realizar los tres jueces que se posesionen en los próximos días.

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