En una entrevista con el medio internacional Bloomberg el presidente Daniel Noboa afirmó que «existe un sentimiento general de paz en Ecuador» y que «los números son mucho mejores». 

La declaración se refiere a dos dimensiones distintas: la percepción ciudadana sobre la seguridad y los indicadores objetivos de violencia. Analizar ambas permite evaluar si existe evidencia que respalde esa afirmación en este explicativo abordamos este tema. 

Entre percepción y análisis de datos: 

La percepción ciudadana no siempre evoluciona al mismo ritmo que los indicadores de seguridad. Para evaluar la afirmación completa, es necesario contrastar estos datos con cifras objetivas de violencia.

Los datos disponibles de encuestas recientes en Ecuador no muestran una percepción mayoritaria de mejora sostenida en la seguridad. Por el contrario, distintos indicadores de opinión pública coinciden en señalar niveles altos de preocupación, sensación de riesgo y exposición directa a la delincuencia.

El más reciente informe de Click Research (Click Report 2025–2026), elaborado con muestras de entre 1.500 y más de 2.000 encuestados en varias provincias del país, ubica a la inseguridad entre los principales problemas nacionales. 

Dependiendo de la medición, entre 30,6% y 51,3% de los consultados identifica la delincuencia como la principal preocupación del país. Esta variación responde a cortes temporales distintos, pero en ambos casos la inseguridad se mantiene en los primeros lugares de la agenda ciudadana.

A nivel de percepción directa, el mismo informe introduce un dato clave: 73,75% de los encuestados afirma sentirse poco o nada seguro en su barrio, mientras que solo el 26,25% declara sentirse seguro o muy seguro. 

Este indicador mide la experiencia cotidiana de seguridad, más allá de la evaluación general del país, y permite observar cómo se percibe el riesgo en el entorno inmediato.

La encuesta también recoge información sobre victimización. El 51,88% de los participantes reporta haber sido víctima de la delincuencia, o tener un familiar que lo ha sido, en el último año.

Este dato es relevante porque vincula percepción con experiencia directa: no se trata únicamente de una opinión influida por el contexto, sino de vivencias recientes que inciden en la forma en que se evalúa la seguridad.

Otros sondeos difundidos en 2026, citados por el medio Primicias, muestran resultados en la misma línea.

Estas mediciones indican que más de la mitad de los ecuatorianos se siente poco seguro en su barrio y que la inseguridad ha tenido efectos concretos en la vida diaria, como cambios de hábitos, restricciones de movilidad y ajustes en rutinas personales.

Además de la percepción de inseguridad, los estudios también recogen evaluaciones sobre la respuesta institucional.

En el caso del informe de Click Research, 81,25% de los encuestados califica como mala o muy mala la gestión del gobierno frente a la inseguridad.

Este tipo de indicador no mide directamente la sensación de seguridad, pero sí aporta contexto sobre la confianza en las acciones estatales, un factor que puede influir en la percepción general.

En conjunto, los datos permiten observar tres niveles que evolucionan de manera paralela:

• Percepción del país: la inseguridad se mantiene como uno de los principales problemas nacionales.
• Percepción del entorno cercano: una mayoría clara reporta sentirse insegura en su barrio.
• Experiencia directa: más de la mitad de la población ha estado expuesta recientemente a hechos delictivos.

Estos tres planos —opinión general, experiencia cotidiana y victimización— apuntan en la misma dirección y no muestran, en las mediciones disponibles, un cambio sostenido hacia una mayor sensación de seguridad.

Con base en esta evidencia, no se observa un respaldo empírico claro a la idea de que exista un “sentimiento general de paz” en la población.

Si bien las percepciones pueden variar en el corto plazo y responder a coyunturas específicas, los datos disponibles reflejan que la sensación de inseguridad sigue siendo predominante y estructural en la opinión pública ecuatoriana.

¿Qué dicen los indicadores de violencia en Ecuador?

Más allá de las encuestas y del contexto institucional, existen indicadores cuantitativos que permiten medir la violencia y observar su evolución en el tiempo.

En el último Decreto Ejecutivo, no se presenta una serie estadística consolidada sobre homicidios ni una tasa nacional de violencia.

Sin embargo, el documento sustenta la declaratoria en reportes de hechos violentos ocurridos en marzo de 2026 y en informes de inteligencia sobre la operación de estructuras criminales en varias provincias .

Para contrastar una afirmación sobre un “sentimiento general de paz”, sí existen indicadores cuantitativos.

En términos anuales, las cifras muestran variaciones en los últimos años.

En el corto plazo, los datos mensuales y trimestrales permiten observar cambios más inmediatos.

A nivel comparado, los indicadores regionales ofrecen un punto de referencia para dimensionar estos datos.

El principal es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Según la base del Banco Mundial, que usa datos de UNODC, Ecuador cerró 2023 con una tasa de 47,2 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Así mismo, en 2024, la Policía reportó 7.036 homicidios intencionales, frente a 8.248 en 2023, con base en cifras del Ministerio del Interior.

Para 2025, Ecuador registró 9.216 homicidios intencionales, el total anual más alto de la serie reciente; con la proyección poblacional del INEC para ese año, eso equivale a una tasa de 50,91 por cada 100.000 habitantes.

El comportamiento reciente tampoco muestra una tendencia lineal.

En el primer trimestre de 2025 se reportaron 2.361 homicidios, frente a 1.428 en el mismo periodo de 2024; marzo de 2025 cerró con 831 homicidios, cifra que igualó el mayor registro mensual de la serie oficial desde 2010.

Ya en 2026, enero cerró con 747 homicidios, por debajo de los 800 de enero de 2025, pero siguió siendo el segundo inicio de año más alto de la serie reciente, según datos del Ministerio del Interior citados por Primicias.

En comparación regional, América Latina y el Caribe continúa siendo la región con la tasa de homicidios más alta del mundo, y el Monitor de Homicidios del Instituto Igarapé estimó para la región una tasa de 19,6 por cada 100.000 habitantes en 2023. Ese mismo año, la tasa de Ecuador, de 47,2, se ubicó por encima de ese promedio regional.

Además, según el Conflict Watchlist 2026 de ACLED, Ecuador se ubicó entre los 10 países con mayor violencia del mundo. Mientras que un informe de Insight Crime indicó que Ecuador tuvo la tasa más alta de homicidios en América Latina.

En conjunto, la evidencia disponible muestra que la percepción de inseguridad se mantiene alta y que los indicadores de violencia no presentan una reducción sostenida en todos los periodos analizados.

La afirmación sobre un “sentimiento general de paz” combina percepción y datos, pero los registros disponibles indican que ambos planos no evolucionan de forma consistente.

Esto implica que no existe un respaldo empírico claro, con base en la información disponible, para sostener esa idea en términos generales.

Contexto institucional: estado de excepción

Además de la percepción ciudadana y los datos de violencia, el contexto institucional aporta elementos adicionales para entender cómo el Estado describe la situación de seguridad.

Desde enero de 2024, el presidente Noboa, ha emitido al menos 17 decretos de estado de excepción desde que asumió el poder.

 Es decir, ha recurrido de forma reiterada al estado de excepción como mecanismo para enfrentar la crisis de seguridad, una figura prevista en la Constitución ecuatoriana para situaciones de “grave conmoción interna”.

En los decretos recientes, el Ejecutivo justifica estas medidas en el aumento de la violencia y la acción de grupos delictivos organizados, lo que habilita un régimen extraordinario que incluye la movilización de Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna, así como la restricción de derechos como la inviolabilidad del domicilio o la libertad de tránsito en zonas específicas.

En términos institucionales, la aplicación de estos decretos supone el reconocimiento de que los mecanismos ordinarios no son suficientes para contener la situación.

En algunos casos recientes, las medidas han abarcado varias provincias de forma simultánea y han permitido allanamientos e intervenciones sin orden judicial previa, en un intento por recuperar el control territorial en zonas consideradas críticas.

Sin embargo, el uso del estado de excepción no es nuevo ni aislado. En los últimos años, distintos gobiernos han recurrido a esta herramienta de manera recurrente, al punto que análisis académicos han advertido sobre una “normalización” de su uso en el país.

Es decir, una medida concebida como extraordinaria ha pasado a formar parte del repertorio habitual de política de seguridad frente a crisis persistentes.

Los resultados en el terreno muestran un panorama más complejo. Reportes recogidos por el diario Expreso indican que varias provincias que han permanecido bajo estado de excepción durante largos periodos —en algunos casos acumulando más de 500 días bajo este régimen— registraron niveles elevados de violencia al cierre de 2025, incluyendo homicidios y otros delitos asociados al crimen organizado.

Esto sugiere que, aunque la medida se mantiene, los indicadores no han mostrado una reducción sostenida en todos los territorios.

Las evaluaciones de expertos coinciden en que el impacto de estas disposiciones tiende a ser limitado en el tiempo.

El exjefe del Estado Mayor, Wagner Bravo, ha señalado en entrevistas a medios de comunicación como Teleamazonas, que el estado de excepción puede tener un efecto de contención, al facilitar operativos y ampliar la capacidad de acción de las fuerzas de seguridad. Este efecto, sin embargo, se describe como parcial y temporal.

En paralelo, otros análisis advierten que la violencia no desaparece, sino que puede reconfigurarse.

Las organizaciones criminales mantienen capacidad operativa, las disputas territoriales persisten y los factores estructurales —como economías ilegales o dinámicas del sistema penitenciario— continúan incidiendo en los niveles de violencia.

La cobertura internacional también ha puesto el foco en este fenómeno. Medios como El País han descrito el uso del estado de excepción en Ecuador como una respuesta a una escalada sostenida de violencia, en la que el Estado recurre a medidas extraordinarias para recuperar control.

Al mismo tiempo, estos análisis señalan que la reiteración de estas herramientas refleja dificultades para estabilizar la situación mediante mecanismos ordinarios.

Hay que hacer énfasis, que en 2025 Ecuador registró 50,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de América Latina, según el balance regional publicado por InSight Crime el 11 de marzo de 2026.

Esto representa 9.216 homicidios en un año y un aumento de 31,2% frente a 2024. En América Latina y el Caribe, Ecuador ocupa el tercer lugar en tasa de homicidios, solo detrás de Haití (68,0) e Islas Turcas y Caicos (57,6). Si se excluye al Caribe, Ecuador aparece como el país con la tasa más alta de América Latina.

Especialistas en seguridad señalan que detrás de estas cifras influyen varios procesos, entre ellos la expansión del narcotráfico, las disputas entre organizaciones criminales por territorios y rutas, y la fragmentación de bandas tras la captura de líderes.

La tasa de homicidios es un indicador que muestra cuántas personas fueron asesinadas por cada 100.000 habitantes y permite comparar los niveles de violencia entre países con poblaciones diferentes.

Experiencias comparables en la región han sido citadas como referencia en el debate. Informes de organismos y expertos sobre regímenes prolongados de excepción en otros países advierten que su uso extendido puede implicar restricciones amplias de derechos y transformaciones en la gestión de la seguridad, aunque sin necesariamente resolver de forma estructural los problemas de violencia.

En conjunto, la evidencia disponible muestra que el estado de excepción permite ampliar la capacidad operativa del Estado y generar efectos inmediatos en determinados contextos, pero no garantiza por sí mismo reducciones sostenidas de la violencia.

Su uso reiterado, más que indicar una normalización de la seguridad, da cuenta de un escenario en el que las condiciones que justifican estas medidas extraordinarias continúan presentes.

Fuentes:

–       Banco Mundial / UNODC. “Intentional homicides (per 100,000 people) – Ecuador”. Base internacional para la tasa de homicidios de Ecuador; muestra 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023: https://data.worldbank.org/indicator/VC.IHR.PSRC.P5?locations=EC

–       Primicias. “El año más violento de Ecuador: 9.216 homicidios en 2025”. Publicado el 22 de enero de 2026. Resume el cierre anual de 2025 y cita cifras oficiales del Ministerio del Interior: https://www.primicias.ec/seguridad/ecuador-homicidios-asesinatos-violencia-crimen-organizado-2025-114304

–       Primicias. “Ecuador logra reducir los homicidios un 6,6% en enero de 2026, pero fue…”. Publicado el 20 de febrero de 2026. Reporta 747 homicidios en enero de 2026 frente a 800 en enero de 2025: https://www.primicias.ec/seguridad/ecuador-homicidios-muertes-violentas-enero2026-estadisticas-data-historia-reciente-116412

–       Primicias. “El primer trimestre de 2025, el más violento de la historia reciente de Ecuador”. Publicado el 21 de abril de 2025. Señala 2.361 homicidios en el primer trimestre de 2025 frente a 1.428 en el mismo periodo de 2024, y 831 en marzo de 2025: https://www.primicias.ec/seguridad/primer-trimestre-muertes-violentas-homicidios-records-historia-ecuador-94451

–       Instituto Igarapé. “Homicide Monitor”. Estima para América Latina y el Caribe una tasa regional de 19,6 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023: https://igarape.org.br/en/issues/citizen-security/

–        Click Report (enero 2026) – problema principal del país: https://img.eldiario.ec/upload/2026/01/17161D524C43456D17100F55504946761F151718534447781117-2000×1125.webp

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