Los asesinatos no paran en el país. Por su parte, la oposición asegura que ha dado todas las herramientas al Gobierno para combatir esta problemática.
El asesinato del futbolista Mario Pineida demuestra que el país continúa envuelto en la inseguridad, según lo consideran representantes de varios sectores.
De los primeros datos que se disponen, el jugador fue asesinado a tiros en un ataque armado registrado en el norte de Guayaquil. En la balacera también falleció una mujer que le acompañaba y su madre resultó herida.
Las reacciones
Uno de los afectados por este asesinato fue el exfutbolista y ahora asambleísta de la Revolución Ciudadana, Frickson George. El asambleísta considera que el Ejecutivo y el Legislativo deben trabajar más para garantizar la seguridad de la población porque asegura que hay leyes, hay normativa, pero no se la está aplicando.
Su crítica fue directa a la Asamblea, para que se ponga a legislar en beneficio de la ciudadanía y que existan menos mociones de cambio del orden del día, menos exhortos, menos resoluciones.
Para Carmen Tiupul (independiente), segunda vicepresidenta de la Asamblea, este poder del Estado ha dado todos las herramientas jurídicas para que el Ejecutivo pueda combatir la inseguridad, pero que todavía falta mucho por hacer y sobre todo, priorizar esta área.
En varios debates parlamentarios se le ha recordado al oficialismo que inclusive se le aprobó un incremento de tres puntos del IVA que, según ADN servirían para combatir la delincuencia, pero los resultados no se ven, han manifestado legisladores de oposición.
El asambleísta del PSC, Alfredo Serrano, asegura que ese incremento del IVA representa 1.800 millones de dólares que deberían ser repartidos de forma equitativa entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, agregó que esos montos no se cumplen según información de los propios militares.
Desde otros sectores
La inseguridad ha sido un problema recurrente y sin solución en el país. El asesinato de Pineida no es un hecho aislado dentro de la escalada de violencia que se vive.
En ese sentido, el presidente de la UNE, Andrés Quishpe, informaba que en lo que va del año han sido asesinados 5 maestros víctimas de extorsiones o secuestros, 14 han sido agredidos, y que son cientos los docentes “vacunados”, extorsionados, víctimas de violencia física, psicológica y simbólica.
Frente a este panorama general, el consultor político y exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán, comentó en su red social «X»: «En las calles, sangre; en las casas, hambre; en los hospitales, escasez; y en el parlamento, exhortos. (…) El desinterés y la indiferencia carcomen la paz».
Sin embargo, el oficialismo se mantiene en que está trabajando por la seguridad del país y responsabiliza a terceros de que este combate no sea del todo efectivo.
Inés Alarcón, asambleísta de ADN y presidenta de la Comisión de Seguridad, asegura que su mesa legislativa ha dado normas importantes. Sin embargo, comenta que, la seguridad es un tema integral que no depende solo de la Asamblea, del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior, sino también de la Fiscalía y del sistema de Justicia donde asegura hay una degradación que no ayuda a la solución de la crisis.
Inclusive Alarcón culpa en parte de esta situación de inseguridad a la Corte Constitucional por haber dejado en suspenso artículos importantes de la Ley de Inteligencia.
