Las FF. AA están listas para “combatir y erradicar” a grupos delincuenciales declarados como terroristas. Expertos en seguridad analizan la resolución que emitió el Cosepe. 

Expertos en seguridad aseguran que para combatir a los grupos delictivos organizados declarados como terroristas, se deben establecer y aplicar estrategias civiles efectivas con antelación para prevenir que estos grupos evadan la justicia, blanqueen dinero y activos, reciban respaldo político y se infiltren en el Estado.

Sin estas estrategias previas, es muy probable que las operaciones militares anunciadas ayer por el ministro de Defensa, Luis Lara, para combatir el terrorismo, fracasen, según dos especialistas internacionales en seguridad de América Latina consultados por Ecuador Chequea.

Según Óscar Máynez, catedrático universitario y criminólogo mexicano, en Ecuador, al igual que en México, se evidencia el fracaso de los métodos tradicionales que se han utilizado en las últimas décadas para combatir la delincuencia organizada. De hecho, algunos grupos tienen el control de barrios e incluso zonas enteras.

Frente a esta situación, los operativos militares anunciados deben ser «quirúrgicos», con una precisión en las intervenciones que solo se puede garantizar con inteligencia, es decir, con investigaciones previas realizadas por personal de instituciones civiles. Además, en dichos operativos deben participar fiscales para judicializar los casos y prevenir abusos, que han sido comunes en todos los países de América Latina, según explicó el experto.

“Si se va a utilizar las fuerzas militares, que a veces es la única estructura estatal que puede confrontarlos, por la capacidad financiera y de armamento que tienen estos grupos, tienen que ir con fiscales para evitar abusos de derechos humanos. Porque muchas veces hay daños a las víctimas o daños colaterales, ya que los ejércitos no son las estructuras idóneas para combatir la delincuencia, pero estos grupos ya han sobrepasado la capacidad de la policía en sus diversos niveles”, afirmó Máynez.

En consecuencia, recomendó que, para abordar esta compleja problemática, se requiere realizar un diagnóstico y análisis que permita establecer quiénes son sus líderes, cómo se organizan, cuáles son sus fuentes de financiamiento y qué armas tienen.

El investigador de políticas de seguridad en América Latina, Fernando Carrión, también destacó la importancia de realizar dicha labor previa de investigación para abordar esta problemática. Además, resaltó la necesidad de implementar estrategias de comunicación y sensibilización, esenciales para ayudar a la gente a comprender mejor esta compleja situación de inseguridad y, en consecuencia, adoptar medidas de autoprotección.

“El incremento de los grados de violencia está conduciendo a esto, de tal manera que, deberíamos ver la posibilidad de apoyar en los procesos de reconstrucción de la seguridad en el país con las denuncias, con la organización barrial, con tener precaución en las cosas que uno hace y con la información que uno maneja porque la situación se está volviendo más complicada”, sostuvo el investigador de políticas de seguridad.

En cuanto al papel de la Policía Nacional, como «auxiliar» de los operativos militares anunciados, Carrión recordó que la declaración de terrorismo precisamente permite una mayor participación de las Fuerzas Armadas para responder a aquellos responsables de actos catalogados como terroristas, como incendios de unidades de policía comunitaria o asesinatos de policías.

«Con la declaración de estos grupos criminales como terroristas, hay un cambio en los actores y en el tipo de seguridad que se requiere. Hasta este momento, la política de seguridad ciudadana estaba a cargo del Ministerio del Interior. Sin embargo, con la declaración de terrorismo, la responsabilidad ya no es solo de la seguridad ciudadana sino de la seguridad pública. Y en esa perspectiva, el Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas respecto de la Policía”, explicó sobre los alcances de dicha declaratoria.

Según el ministro de Defensa, Luís Lara, las Fuerzas Armadas prevén definir una “estrategia específica” sobre la base de un Decreto Ejecutivo, luego de la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), que solicitó al presidente Guillermo Lasso para que se autoricen “medidas coercitivas urgentes y eficaces”, incluido el empleo de armas letales.

Lara aseveró que las Fuerzas Armadas están listas para combatir el terrorismo. Así lo dijo con firmeza y acompañado de las autoridades del alto mando militar en una rueda de prensa convocada en el Ministerio de Defensa, en Quito: “No vacilaremos en poner en práctica toda la experiencia, capacidad y práctica, toda la experiencia. Es hora de decir: ¡Basta, basta!”.

“Las Fuerzas Armadas están listas para enfrentar a los enemigos de la paz, a estos asesinos y mafias que aterrorizan a los ecuatorianos. A ellos que socavan los elementos de la democracia y del Estado con la complicidad de intereses políticos y económicos”, dijo el ministro de Defensa. 

La declaración de intenciones del Ministro de Defensa y la mencionada declaratoria del Consejo de Seguridad, se produjeron en un momento en el que el país está enfrentando una situación de inseguridad y violencia sin precedentes en su historia reciente.

Por ejemplo, en días recientes, el país se ha conmocionado por la matanza de nueve personas en Esmeraldas a manos de un grupo armado. Según las autoridades, esta matanza sería resultado de un supuesto enfrentamiento entre grupos criminales por el control del puerto.

En este mismo contexto, se inscriben las estadísticas de delitos registradas por la Fiscalía durante tres años consecutivos. En 2022, se registraron 6,881 denuncias de delitos de extorsión, lo que representa un aumento del 280% en comparación con 2021, un 369% más que en 2020 y un 470% más que en 2019.

Por otro lado, las denuncias de «tentativas» de extorsión registradas en 2022 aumentaron un 434% en comparación con 2021, un 690% más que en el año 2020 y un 993% más que en el 2019.

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