Las cifras hablan solas: en 2018 se denunciaron 1.129 secuestros en el país; para 2024, hubo 3.566 casos. Las extorsiones pasaron de 1.570 denuncias en 2018, a 22.228 en 2024. Pero lo verdaderamente grave es todo lo que no se denuncia por miedo. Los grupos criminales encontraron en estos delitos un ‘negocio rentable’ que el Estado no ha sabido frenar. 

POR: Redacción Ecuador Chequea

‘Gloria’ recuerda claramente el día en el que recibió la llamada; el momento en el que su celular sonó por una comunicación que recibía de su hermana, que vive en Quevedo. El mensaje era claro: su padre había sido secuestrado.

A ella se le heló la sangre al enterarse, un recuerdo que hasta hoy le ha dejado un trauma que hace temblar su voz al contar la historia. 

“Fueron días de angustia que no le deseo ni a mi peor enemigo”, dice ‘Gloria’, al recordar el secuestro en Quevedo, los primeros días de febrero de 2024. Aquella mañana, aproximadamente a las 08:00, su padre, gerente de una empresa, salió de casa rumbo a la oficina cuando dos vehículos le cerraron el paso. 

De uno de ellos descendieron cinco hombres armados que lo encañonaron; del otro bajaron dos más, que se llevaron el automóvil. En minutos, él y la mujer que lo acompañaba fueron tomados como rehenes. A las dos horas, a la acompañante la liberaron ilesa, entregándole el carro y una nota amarrada al brazo: los secuestradores exigían $100.000 por la vida de su padre. Desde la oficina de la víctima avisaron a la familia y ‘Gloria’, quien vivía en Quito, se enteró de la peor manera, con una llamada alrededor de las 10:00: “Tu papá ha sido secuestrado en Quevedo” .

Desesperada pero decidida, ella actuó de inmediato. Contactó con las autoridades y logró que la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (Unase) se hiciera cargo del caso, apenas horas después del rapto. 

La familia siguió al pie de la letra las instrucciones de esta unidad especializada. Los agentes les advirtieron que trabajarían con independencia y sigilo. Pronto supieron que ese fin de semana al menos siete personas más estaban secuestradas en la zona. 

Los agentes les explicaron que en Quevedo este delito se había vuelto un “trabajo de todos los fines de semana” para las bandas criminales: “de eso viven”, secuestrando gente para financiarse. En otros casos, muchas familias, sin orientación, caían en la desesperación inicial y pagaban sumas enormes de inmediato, vendiendo todo lo que tenían, endeudándose o sacando créditos, lo que resonaba en los delincuentes y los hacía pedir más dinero. 

Con la guía de la Unase, ‘Gloria’ y su familia manejaron las negociaciones con cautela. Los secuestradores se comunicaban a través de la mujer liberada, quien fungía de enlace, enviando videos de su padre como prueba de vida y reiterando sus demandas de pago. 

La Unase lo liberó el martes posterior al secuestro, cuatro días de infierno después. Al verlo, el hombre estaba golpeado, deshidratado y en estado de shock, pero vivo. Había pasado por al menos tres escondites; en uno lo mantuvieron encerrado en un baño, acostado en una caja de cartón y con la cabeza cubierta con una bolsa. Sufrió maltrato físico, lo golpearon en la cabeza al capturarlo y nuevamente el tercer día de cautiverio, le daban sobras de comida, y llegaron a torturarlo psicológicamente con amenazas de muerte. 

Tras su liberación, necesitó atención médica y apoyo psicológico, al igual que su familia. ‘Gloria’ reconoce que tuvo suerte de contar con contactos y apoyo de la Unase desde el primer día; de lo contrario, el desenlace podría haber sido muy distinto. 

De hecho, según le informaron los agentes, el responsable sería nada menos que una célula local del Cártel de Sinaloa, que opera fuertemente en Quevedo. Pero esta es una historia de muchas. 

Crecen los secuestros y extorsiones

El secuestro del padre de ‘Gloria’ no es un caso aislado, sino parte de una alarmante ola de violencia que azota a Ecuador en los últimos años. Los delitos de secuestro y extorsión en general se han disparado a niveles inéditos, convirtiéndose en la nueva cara de la inseguridad. 

Las cifras oficiales confirman que en 2018 se denunciaron 1.129 secuestros en el país; para 2023 el número anual se había casi triplicado a 3.090, y en 2024 subió a 3.566 casos. Pero las extorsiones muestran un crecimiento aún más dramático. Estás pasaron de 1.570 denuncias en 2018 a 8.472 en 2022, y luego casi se triplicaron en un solo año hasta alcanzar 21.967 casos en 2023, manteniéndose en 22.228 en 2024, según datos de Insight Crime, organización internacional dedicada al análisis del crimen. De hecho, la extorsión se consolidó como el delito más denunciado a nivel nacional en 2023, con más de 21.000 casos reportados, de acuerdo con la Fiscalía General. 

Sólo entre 2021 y 2022 las denuncias por extorsión aumentaron un 193,8%, y de 2022 a 2023 el salto fue de un 364%. Esta explosión delincuencial, explica Gustavo Hernández, experto en seguridad, responde a una lógica de alto retorno criminal. Y es que para las organizaciones delictivas, secuestrar y extorsionar tiene ganancias elevadas y riesgos relativamente bajos, “especialmente cuando impera la impunidad, como pasa en Ecuador”. 

En otras palabras, es un “negocio” rentable que los grupos criminales han sabido explotar ante la falta de freno eficaz. En informes, las autoridades reconocen, sin embargo, que estas cifras pueden quedarse cortas frente a la realidad, pues muchas víctimas no se atreven a denunciar por temor a represalias y desconfianza en la justicia. 

“Las estadísticas que vemos no reflejan la realidad total del país”, advierte Hernández. 

Carla Álvarez, investigadora en seguridad, también señala que numerosas empresas y personas afectadas optan por el silencio. En barrios enteros, negocios y comunidades intimidadas, estos delitos ocurren en la sombra, alimentando una economía criminal invisible para el Estado.

Por otro lado, este aumento de secuestros y extorsiones ha ocurrido incluso mientras otro indicador de violencia, los homicidios, mostraron una ligera baja en 2024. 

Según Insight Crime, Ecuador cerró 2024 con 6.986 homicidios, una reducción del 12,8% respecto a las 7.838 muertes violentas registradas en 2023. Esa caída se atribuye en parte a las medidas de emergencia y la intervención militar ordenada por el Gobierno a inicios de 2024, que logró enfriar temporalmente la guerra entre bandas. De hecho, el despliegue de tropas en las calles de ciudades convulsas como Guayaquil redujo dramáticamente el promedio diario de asesinatos: de aproximadamente 40 al día a sólo 12, según datos oficiales citados por el Gobierno. Así, la presencia de soldados en puntos críticos trajo una calma relativa y elevó la sensación de seguridad por algunas semanas. 

Sin embargo, el alivio resultó engañoso. “El crimen organizado tiene el poder de mutar y reorganizarse con rapidez”, alerta Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército. Y eso fue justamente lo que ocurrió. Las grandes organizaciones criminales se adaptaron a la nueva presión estatal. 

En lugar de confrontar directamente a las fuerzas armadas en las calles, lo que elevaba el costo y la visibilidad de sus operaciones, cambiaron de táctica. Los grupos delictivos se fragmentaron en células más pequeñas y discretas, y optaron por delitos como la extorsión y el secuestro como sus principales fuentes de financiamiento. 

“Las organizaciones criminales vieron en este delito (la extorsión) una posibilidad para fortalecer sus economías ilegales y mantener a estas bandas terroristas”, reconoce Hernández. Con menos “trabajo” de sicariato a causa de la militarización, los delincuentes encontraron en cobrar vacunas, ‘protección’ y rescates una vía alternativa, y altamente lucrativa, para sostener sus estructuras. 

Los secuestros extorsivos, como el que sufrió el padre de ‘Gloria’, se multiplicaron en esa coyuntura: tan solo en los primeros tres meses de 2024 se registraron 38 casos en Guayaquil, superando ampliamente las denuncias del mismo periodo del año anterior. Y al final del año, como vimos, los totales anuales marcaron récords históricos. 

Estas dinámicas también se extendieron a zonas como Nueva Prosperina, donde la violencia ha tomado el control del territorio y las poblaciones. Allí, después de la masacre donde murieron 22 personas la semana pasada, el fin de semana se identificó a 11 personas que fueron secuestradas apenas un día antes en distintas zonas de Guayaquil. Este indicio se dio casi por coincidencia, cuando una patrulla militar encontró un dron y lo siguió hasta el centro, donde habrían estado operando los secuestradores y donde estaban las víctimas. Además, allí, la extorsión se ha convertido en el pan de cada día y, según estimas investigaciones de medios como Expreso, casi el 100% de su población está vacunada.

Falta de respuesta estatal

Expertos apuntan a que esta situación explosiva ha sido posible por graves falencias en la respuesta del Estado, sobre todo en la investigación tecnológica y la judicialización de estos delitos. Carla Álvarez explica que tanto la extorsión como el secuestro extorsivo “se pueden combatir con el uso adecuado de tecnología”, pero lamenta que en Ecuador no se ha implementado nada parecido.

El rastreo e identificación de llamadas, el seguimiento de comunicaciones y transacciones asociadas, herramientas básicas en otros países, “brillan por su ausencia”. “No hay el suficiente seguimiento ni la suficiente judicialización y eso ha hecho que crezca este delito”, dice. 

A la falta de equipos e inteligencia digital se suma la impunidad; pocas capturas y menos sentencias. Los delincuentes operan con la confianza de que no serán castigados, lo que alimenta un círculo vicioso. Un informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado señala que la falta de denuncias y de sanciones efectivas ha convertido a la extorsión en uno de los desafíos más apremiantes para la seguridad y justicia del país. 

Las consecuencias de este reacomodo del crimen organizado ya se sienten en la economía y la vida cotidiana. Sectores productivos enteros están bajo asedio: comerciantes, ganaderos, transportistas y hasta grandes empresas reciben llamadas amenazantes o notas con balas para que paguen “seguridad”. Esto incluso ya ha empezado a llegar a zonas de Quito como Carapungo, Calderón, Comité del Pueblo, Solanda, Chillogallo, entre otros. Según Pazmiño, alrededor de 167 zonas en el país donde el crimen ha tomado el control del territorio, espacios donde la extorsión y los secuestros comienzan a crecer. 

Este clima hostil erosiona la inversión, genera desempleo y mina la confianza en las instituciones. Mientras tanto, las arcas criminales engordan; los grupos organizados ganan dinero de forma casi inmediata a través de los secuestros y cobros extorsivos, recursos que luego pueden reinvertir en más crimen; comprando armas, drogas o sobornando funcionarios, perpetuando así la violencia. 

Si el Estado ecuatoriano no ataca estas fuentes de financiamiento ilícito, cortando el flujo de dinero que mantiene operativas a las bandas, dice Álvarez, los esfuerzos por recuperar la seguridad serán insuficientes. Reducir los homicidios es apenas ganar una batalla estadística; para ganar la guerra contra el crimen organizado, coinciden los expertos, Ecuador deberá desmantelar la economía criminal que se ha instalado. De lo contrario, el país seguirá viviendo bajo la sombra de las cifras que narran la historia del crimen, miles de extorsiones, cientos de secuestros, que reflejan no solo delitos, sino un control criminal sobre la sociedad. Historias como la de ‘Gloria’ son las que la cuentan.

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