Organizaciones sindicales lamentaron el impacto social de los recortes y anunciaron que preparan movilizaciones, marchas e incluso acciones legales.
POR: Juan Camilo Escobar
77 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras y administrativos, fueron despedidos tras las primeras 48 horas desde que el gobierno de Daniel Noboa asegurara que médicos y enfermeros no se verían afectado por la decisión de despedir a 5.000 funcionarios del sector público, en el marco de un plan de eficiencia administrativa del Estado.
Así denunció hoy la Federación Médica Ecuatoriana (FME), en el marco de una rueda de prensa convocada por diversas organizaciones gremiales y sindicales del país, incluidos maestros, representantes de barrios populares de Quito y pacientes de hospitales públicos. En este pronunciamiento conjunto, los dirigentes advirtieron que el recorte podría afectar, según sus cálculos, a más de 60.000 trabajadores hasta 2028.
También anunciaron una movilización para el 7 de agosto hacia la Corte Constitucional, con el fin de exigir la declaratoria de inconstitucionalidad de varias leyes recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional.
Se trata, dijeron, del inicio de una serie de protestas, marchas e incluso acciones legales, tanto nacionales como internacionales, que las organizaciones sindicales y sociales prevén definir el próximo 16 de agosto “para defender la vida” y rechazar un recorte más amplio.
Por ahora, anticiparon que están solicitando a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que realice una visita técnica al país para que verifique si hay violación de los derechos laborales. Como prueba de ello, dijeron que sólo en la maternidad Isidro Ayora, de Quito, se despidió a 8 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras y administrativos.
La enfermera Katherine Bayas, por ejemplo, dijo que fue despedida a pesar de que la propia maternidad calificó su desempeño profesional con 93,5 sobre 100 y que hace pocos días recibió dos felicitaciones institucionales, una por pedido de pacientes y otra por diferentes contribuciones académicas y científicas. “No soy una persona vaga, no son una persona prescindible, soy una profesional preparada y apasionada en su trabajo. Al igual que yo, otros profesionales de salud han sido desvinculados. ¿Con qué parámetros, si no saben la realidad de nuestro trabajo?”, protestó.
Los dirigentes de la Federación Médica, Santiago Carrasco y Luis Muñoz, señalaron que el gremio está dispuesto a encabezar una salida masiva a las calles para exigir que el Gobierno no sólo revise estos recortes, sino que además declare en emergencia a este sector, con el fin de entregar recursos para la compra de medicinas e insumos médicos en los hospitales públicos, y para que policías, militares y fiscales realicen intervenciones contra la corrupción en el Ministerio de Salud.
Carrasco dijo que “las desvinculaciones debían realizarse a los corruptos, con auditorías, pero no, empiezan las desvinculaciones a dedo”, tras señalar que el gremio no descarta presentar un pedido formal para que se recalifique y se evalúe bajo criterios técnicos y no políticos al personal de la salud desvinculados.
Un pedido similar de declaratoria de emergencia, pero para el sector de la educación, hizo el dirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) Andrés Quishpe, quien señaló que el gremio continúa recibiendo reportes de despidos masivos de personal en el sistema de educación pública en distintas provincias. Sin embargo, evitó precisar un número de despedidos en el sector.
Estos despidos, agregó la presidenta de la Federación de Barrios de Quito, Isabel Vargas, provocarán un “tsunami a los 18 millones de ecuatorianos”. Esto, porque en los últimos seis meses, cerca de 450.000 niños y adolescentes no han podido regresar a recibir clases escuelas y colegios que siguen cerrándose.
CRISIS EN EL SECTOR DE LA SALUD
Según los dirigentes del gremio médico, los recientes despidos afectan a personal de hospitales públicos y agravan aún más la crisis que desde hace varios años vive la salud pública. Así, citaron estadísticas levantadas por la Federación de que, aunque las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud establecen 2,7 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, en Ecuador la cifra llega a sólo 1,4.
La tasa de enfermeras también es insuficiente, con apenas 14 por cada 10.000 habitantes, en lugar de la recomendación internacional, de al menos 23.
Y lo más grave, a criterio de la Federación, es que a pesar de que Ecuador tiene 38,47 médicos por cada 10.000 habitantes, muy por encima de la recomendación de la OMS de 23, esto no se traduce en una buena atención en casi la mayoría de hospitales públicos que “adolecen de una crisis crónica de falta de medicinas e insumos médicos”, según datos proporcionados durante la rueda de prensa. Así, agrega el gremio, se mantiene una deuda de más de 300 millones de dólares por la atención de 19.000 pacientes.
CRITERIO TÉCNICO
El director ejecutivo de la Alianza de Asociaciones de Salud Pública de América (Aaspa) Fernando Sacoto, cuestionó que este despido de personal empiece a afectar o debilitar al personal más valioso y estratégico de la salud pública, que es el que atiende o cuida de manera directa a los pacientes.
A su criterio, este recorte se está realizando sin una verdadera justificación técnica de optimización del desempeño del personal, como ya ocurrió en 2019. En contraste, dijo, no se ataca el problema de desorganización del Ministerio de Salud, a cuya planta central la calificó como “hipertrofiada” porque desde 2012 aumentó de personal y realizó una redistribución administrativa “absurda”, a tal grado que las vacunas que se necesitan en Cayambe, en Pichincha, se gestionan desde Tena, en Napo.
SIN VERSIÓN OFICIAL
Consultado sobre el tema, el Ministerio del Trabajo respondió que la información sobre las desvinculaciones en materia de salud y educación pública le corresponde proporcionar a las direcciones de talento humano de sus respectivos ministerios. En estos, sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se proporcionó información.
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