Advierten con recurrir al derecho a la resistencia y protesta si el Gobierno acoge la propuesta presentada por una comisión creada para el efecto. Anuncian que presentarán una contrapropuesta, pero aún no definen si a este Gobierno o a la próxima Asamblea.
Representantes de organizaciones sindicales y sindicalistas rechazaron la propuesta de la comisión ciudadana creada por el Gobierno para esbozar una reforma al sistema de pensiones que se aplica en el país. La propuesta presentada por Augusto De la Torre, coordinador de la comisión, señala como aspectos principales mantener la edad mínima de jubilación en 60 años, pero incrementar los años de aporte de 30 a 35; y calcular las pensiones no con base en los mejores cinco años de ingresos laborales, sino aumentar progresivamente ese rango de mejores años hasta llegar a que se calcule con base en los 30 años de mejores remuneraciones.
José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT); Ángel Sánchez, de la Ceosl; e Isabel Vargas, presidenta de la UNE, manifestaron que, si el Gobierno llega a tomar en cuenta esta propuesta, sus organizaciones se acogerán al derecho a la resistencia y saldrán a las calles a protestar, por lo que invitaron a la ciudadanía a estar vigilantes de este tema.
Los argumentos
Villavicencio manifestó que la propuesta de la comisión es un engaño, ya que, en la práctica incrementar esos cinco años de aporte implica que el afiliado se jubile a mayor edad. “Por ende si hay incremento de años (para jubilarse), para eso no se necesita ser economista neoliberal, sino que es un análisis de sentido común”, dijo. El dirigente agregó que por edad avanzada hay la posibilidad de jubilarse a los 70 años, con 10 años de aporte, mientras que en la propuesta consta con 15 años de aporte, es decir, a los 75 años de edad “ya que esta no se congela”.
Los dirigentes de los trabajadores aseguran que la propuesta de la comisión responde a los intereses del Gobierno y de los empresarios. “Si el Gobierno se atreve a mandar esta propuesta a través de Decreto Ley, el FUT activará el derecho a la resistencia y a la protesta social, por lo que el llamado es al pueblo y a las organizaciones sociales a tomarnos las calles”, manifestó.
Sánchez coincidió en que no permitirán que la propuesta de reformas se ponga en práctica, ya que el IESS es de los afiliados y no de los gobiernos o empresarios; mientras que Vargas agregó el informe de la Comisión no responde a la realidad del IESS, ya que, aseguró, no es una institución que esté quebrada, sino que ha sido mal administrada.
Por eso los dirigentes consideran como alternativas para darle sostenibilidad económica al fondo de pensiones que se pague la deuda del Estado con el IESS, que se pague el 40% del aporte estatal al fondo estatal, cobrar la mora patronal, y que se practique una verdadera auditoría integral.
Anunciaron que sí tienen una propuesta alternativa específica en el tema de fondo de pensiones que contemple los principios de solidaridad, el tema humano y lo social. La propuesta sería anunciada la próxima semana; sin embargo, lo que se discute a lo interno de las organizaciones es si presentar esa propuesta a un Gobierno que ya está por salir, o a la próxima Asamblea, que será elegida el 20 de agosto.
El diagnóstico
Fernando Mosquera Cortez, economista, experto en seguridad social y profesor universitario, explica que el saldo del fondo de pensiones se redujo, producto de la gestión de varios Gobiernos. Por ejemplo, cuando en el Régimen de Rafael Correa se aprobó la Ley de Justicia Laboral, en la que se eliminó el aporte obligatorio del Estado de 40%, aduciendo que “al Seguro Social le sobra el dinero”. El aporte obligatorio fue restituido por sentencia de la Corte Constitucional. “Actualmente, el saldo del seguro de pensiones es poco más de 6 mil millones de dólares, que para sus obligaciones es una cantidad irrisoria. (…) Eso demuestra a la sociedad la irresponsabilidad de todos los gobiernos, especialmente de Correa, que fue el que más daño le hizo a la Seguridad Social; luego el de Moreno, que empezó a atrasarse en el pago del 40%; y ha continuado con este Gobierno”, dijo.
Mosquera advierte que el fondo de pensiones tiene para seguir operando en las circunstancias actuales unos cinco años más y califica a la propuesta de la comisión como seria pero parcial, pero que a la larga terminará por desincentivar la afiliación, porque con ese esquema las pensiones que termine por recibir un jubilado serían menores a la que se recibe actualmente. “El programa presentado no estimula y, en vez de lograr que haya más afiliados, lo que va a conseguir es todo lo contrario”, dijo.
A la vez, asegura que los sectores sindicales deben confiar en técnicos que conozcan el tema de la Seguridad Social, ya que ni aplicando las medidas que sugieren alcanzaría para cubrir el déficit que arrastra el fondo de pensiones y este seguiría siendo crítico y en riesgo de desaparecer, por lo que es necesario un amplio diálogo para buscar una sostenibilidad con propuestas que vayan más allá de allá del discurso político y de oposición a cualquier alternativa.
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