Profesionales de la salud del sector público marcharán mañana hacia la Corte Constitucional, para pedir la inconstitucionalidad de la ley que, dicen, pone en riesgo la estabilidad laboral.
POR: Hugo Constante
El rechazo a ciertos articulados de la Ley de Integridad Pública, vigente desde el 26 de junio, no se quedó únicamente en las demandas de inconstitucionalidad que se están presentando desde varios frentes, sino que se amplió a movilizaciones convocadas por sectores que se ven afectados por la normativa.
Entre ellos los profesionales del sistema de salud pública, como médicos, enfermeras, odontólogos, tecnólogos, quienes han convocado para mañana a las 11:00 al parque de El Arbolito, en Quito, para marchar hacia la Corte Constitucional y exigir la inconstitucional parcial de la normativa.
Directivos de las diferentes asociaciones aclararon que se han organizado de manera que sea una marcha en la que participen los profesionales de la salud que tengan disponibilidad de tiempo, estén libres o tengan licencia, para que la atención en el sistema de salud estatal no se vea afectada y se cumpla con normalidad. “La directriz específica es que nadie deja su puesto de trabajo. Los que están laborando se quedan cumpliendo sus actividades regulares, no deben salir; y las personas que estamos libres somos las que vamos a ir a apoyar la marcha”, manifestó Verónica Chávez, presidenta del colectivo Reacciona Ecuador, que agrupa a profesionales de diferentes ramas de la salud.
Las motivaciones
Los profesionales de la salud cuestionan que en la Ley de Integridad Pública se hayan incorporado reformas a la Ley de Servicio Público que, según su lectura, amenazan la estabilidad laboral. Además, critican la modalidad de las evaluaciones de desempeño y las modificaciones en el sumario administrativo, mecanismo mediante el cual se destituye a un servidor público, que ya no estará a cargo del Ministerio de Trabajo sino de los departamentos de Talento Humano de las unidades de salud donde prestan el servicio.
Chávez aseguró que se pone en riesgo la estabilidad del sistema nacional de salud pública, ya que la normativa desanima a los profesionales a unirse a un sistema que, de por sí, ya tiene una carencia de personal, sobre todo de médicos especialistas, ya que muchos están pensando en salir del sistema público o inclusive irse a trabajar fuera del país.
Añadió que, en vez de estas reformas, el Gobierno debería establecer una política de salud que incentive a los profesionales a unirse al sistema público, sobre todo en poblaciones con vulnerabilidades y que están en la ruralidad o en provincias de baja densidad poblacional, que es donde existe el mayor problema de falta de especialistas.
Luis Muñoz Palacios, de la Federación Médica Ecuatoriana, agregó que es necesario que la Ley quede en suspenso hasta que el Gobierno dialogue con los actores principales del sistema de salud, y afirma que los gremios no fueron convocados por la Asamblea para tratar estas reformas, por lo que les cogió de sorpresa ver que se incluyeron sin mayor diálogo con los afectados. Muñoz dijo que las evaluaciones se convertirían en una potencial herramienta de persecución por parte del jerárquico superior de cada unidad hacia el resto de trabajadores. “Podemos conversar con el Gobierno y con el Ministerio de Salud, a los que les hemos pedido que se defina con técnica, profesionalismo y objetividad el tema de las evaluaciones, ya que, de lo contrario, por cualquier motivo el personal puede ser despedido”, dijo Muñoz.
A esta marcha de los gremios de la salud se unirá la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes, que aglutina a unas 22 organizaciones de pacientes en esa condición. Su presidente, Félix Galarza, aseguró que en la actualidad hay pocos especialistas que les pueden atender, por lo que la situación podría agravarse si son desvinculados al quedarse sin el respaldo de la estabilidad laboral.
El lado oficialista
Mientras los profesionales de la salud marcharán en la mañana, en la tarde, a partir de las 16:00, lo harán los servidores universitarios y politécnicos, así como los estudiantes agrupados en la FEUE.
El asambleísta del oficialismo Andrés Castillo descarta que sea un proceso de “calentamiento de las calles” en contra del Gobierno de Daniel Noboa. El legislador aseguró que en muchos casos los dirigentes mantienen un doble discurso, ya que, por un lado, piden una política de seguridad mientras que, por otro lado, cuestionan las leyes que, según el legislador, permiten combatir la delincuencia, el crimen organizado y que tratan de devolverle la paz a los ciudadanos.
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