A la vocal del Consejo de la Judicatura se le acusa de incumplimiento de funciones. Para su censura y destitución se necesitarán 101 votos. ¿Lo logrará una Asamblea polarizada?
POR: Hugo Constante
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea retomó la sustanciación del juicio político en contra de la vocal del Consejo de la Judicatura Solanda Goyes, proceso que estaba suspendido porque la funcionaria tuvo que someterse a una operación. El proponente del juicio es el asambleísta oficialista Fernando Jaramillo, quien le responsabiliza de incumplimiento de funciones.
Esta es la primera interpelación que se tramita en el nuevo periodo de la Asamblea y, por el incremento de legisladores, de llegar al Pleno el juicio político, se necesitarán 101 votos para la censura y destitución de Goyes.
Un número complicado de alcanzar, si se toma en cuenta que la bancada oficialista tiene 68 legisladores, la Revolución Ciudadana se ha quedado con 62 integrantes, y los 23 restantes pertenecen a grupos minoritarios, como el Partido Social Cristiano, un dividido Pachakutik y los independientes.
La asambleísta correísta Ana Herrera, integrante de la mesa de Fiscalización, manifestó que en función de las pruebas que se vayan presentando tomarán una decisión. “Nosotros queremos colaborar de alguna manera a la independencia de la Justicia. Hemos visto con vergüenza la intromisión estos últimos días de algunas figuras, por lo que es necesario respetar el debido proceso”, dijo Herrera.
El proceso
En la sesión de la Comisión se presentaron pruebas de cargo y de descargo. Jaramillo responsabilizó a Goyes de un presunto “boicot institucional”, argumentando que, con sus persistentes inasistencias a las sesiones del Pleno de la Judicatura, obstaculizó la creación de un reglamento para la selección de jueces constitucionales. Jaramillo aseguró que Goyes estaba “inteligenciada” de que sin su presencia no había quórum para la aprobación del reglamento. “En este caso la vocal, de forma abrupta, injustificada, deliberada e intencional abandona la sesión plenaria, lo que impide continuar con el orden del día de la deliberación y votación de este reglamento”, dijo Jaramillo. Situación que, según el legislador, se habría repetido cuatro ocasiones en diferentes horarios y días en que se intentó reinstalar la sesión para tratar ese punto del orden del día.
La defensa
Por su parte, Goyes aseguró que el juicio político carece de fundamento. Indicó que la interpelación es un control político de las autoridades sujetas a control, siempre y cuando hubiesen incumplido funciones. “En mi caso, les he demostrado con documentación suficiente que soy la vocal que ha llevado a cabo un proceso continuo, sistemático, permanente, técnico para que se implementen las unidades de garantías constitucionales”, dijo Goyes.
La creación de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, fue parte de la consulta popular de abril de 2024 que impulsó el presidente de la República, Daniel Noboa. El 59,92% de los electores estuvo de acuerdo con esta propuesta, mientras que el 40,08% votó en contra.
La disposición debía entrar en vigencia en el plazo de un año, pero el reglamento recién se aprobó el 30 abril de este año. Goyes aseguró que, antes de su aprobación, el reglamento no incluía elementos de probidad, de paridad, definición de los perfiles de los jueces, por lo que se tuvo que retirar de la sesión en la que se iba a aprobar el reglamento hasta que se incorporen estos criterios.
Añadió que, tras una reunión en la que participó Mario Godoy, presidente de la Judicatura, y la vocal Yolanda Yupangui, se incluyeron esos elementos y se superaron los problemas, lo que permitió aprobar el reglamento. “Esa acción (retirarse de la sesión) más bien lo que ayudó fue a mejorar el reglamento”, advirtió Goyes.
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