El CAL deberá pronunciarse sobre los plazos para el juicio político contra Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, entidad que sesiona con tres de cinco vocales.
POR: Hugo Constante
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea dejó en manos del Consejo de Administración Legislativa (CAL) la decisión de suspender o no los plazos para la sustanciación del juicio político en contra de la vocal del Consejo de la Judicatura Solanda Goyes.
La Comisión fue convocada hoy para aprobar el cronograma de actuación de pruebas de cargo y de descargo, dentro del proceso que se inició por solicitud del asambleísta oficialista Fernando Jaramillo, quien acusa a la funcionaria de incumplimiento de funciones por un presunto “boicot institucional” y “obstrucción de un mandato popular”, al no dar quórum en las sesiones de la Judicatura para aprobar el reglamento de selección de jueces constitucionales.
Dentro del cronograma tentativo que conoció la Comisión, estaba previsto que interpelante e interpelada comparezcan el próximo miércoles para que expongan sus respectivos argumentos.
Sin embargo, Goyes remitió a la Comisión una comunicación en la que informó que desde el lunes se encuentra internada en una clínica, ya que necesita someterse a una operación, por lo que no podrá realizar actividades físicas por aproximante 20 días, y solicitó que se suspendan los plazos que decurren en el juicio político en su contra.
El asambleísta Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión, manifestó que su mesa no tiene facultad para suspender plazos y ordenó que el pedido se remita al CAL para su tratamiento. “Es lo que corresponde para no vulnerar el debido proceso y el derecho a la defensa de la persona interpelada. Hay que esperar el pronunciamiento del CAL”, para continuar con la sustanciación del juicio político en contra de Goyes, manifestó Álvarez.
Un momento complicado
El proceso político contra Goyes se da en medio de un momento crítico en el Consejo de la Judicatura, ya que están en funciones tres de los cinco vocales que integran este organismo. Aparte de Goyes, está el presidente de esta entidad, Mario Godoy, y la vocal Yolanda Yupangui, todos en funciones prorrogadas. Las dos vocalías restantes están vacantes desde 2024 por juicios políticos, renuncias y procesos judiciales contra sus exmiembros.
A esto se suma que el Consejo de Participación Ciudadana no ha podido iniciar el concurso para la designación de los nuevos cinco vocales que integrarán la Judicatura. Cada uno de esos cinco vocales debe salir de ternas remitidas por el Ejecutivo, el Legislativo, la Corte Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo y por la Fiscalía General, ternas que se vienen pidiendo desde diciembre de 2024.
Sólo la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo han remitido los listados. En medio de nuevos escenarios políticos el Ejecutivo no lo ha hecho a pesar de los constantes pedidos y su vocera, Carolina Jaramillo, ha manifestado que el presidente, Daniel Noboa, es quien tiene la potestad de remitir la terna y que él sabrá cuál es el mejor momento para hacerlo.
En cambio la nueva Asamblea, liderada por el oficialismo, a través de un insólito procedimiento (vía resolución) dejó sin efecto la terna que había sido aprobada, ratificada y remitida al Consejo de Participación por parte del Pleno de la Legislatura anterior, dominada en ese entonces por el correísmo.
Y para cerrar esta serie de actuaciones, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana devolvió la terna que había remitido la Corte Nacional de Justicia para que reemplace uno de los nombres propuestos. La persona que sea designada de esta terna pasa a ocupar automáticamente la Presidencia de la Judicatura. Así, en la la práctica sólo se cuenta con dos de las cinco ternas necesarias para designar a los nuevos vocales.
Reformas jurídicas
Otro escenario polémico que se ha presentado en el ámbito del Consejo de la Judicatura es la reforma que el Pleno de la Asamblea oficialista hizo al Código de la Función Judicial. La reforma está incluida en la Ley de Integridad Pública vigente desde el 26 de junio. La reforma indica que en caso de que la Función Judicial requiera acciones inmediatas y urgentes para abordar problemas del sistema de administración de justicia y para realizar mejoras esenciales, la Judicatura podrá declarar la emergencia en la Función Judicial.
Esta declaratoria permitirá establecer un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera
Judicial; reasignar y requerir recursos presupuestarios para atender la emergencia; realizar evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales; y hacer contrataciones por emergencia que se requieran.
Para varios abogados, la reforma no es más que otra metida de manos a la Justicia. A través de su red social X, Ramiro García aseguró que al final lo que buscan es poner jueces sin concursos y sacar jueces sin evaluaciones. “Si el correísmo lo hizo muy mal, parece que están empeñados en hacerlos peor”, comentó García.
Sin embargo, Godoy aseguró que frente a la realidad del sistema de administración de Justicia, la declaratoria de emergencia es algo necesario. Indicó que no hay que “escandalizarse” frente a la posibilidad de contratar jueces durante la emergencia ya que incluso antes de la reforma, el Código contempla que los servidores de la Función Judicial se clasifican en titulares y temporales. En este último caso son aquellos que han sido designados para prestar servicios provisionales en el caso de que, por ejemplo, se requiera atender necesidades extraordinarias o emergentes del servicio de justicia.
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