Organizaciones sociales y políticas presentaron acciones de inconstitucionalidad y esperan que la Corte Constitucional emita su dictamen pronto. Hasta entonces, piden que se suspendan los efectos del decreto.
La jueza constitucional Daniela Salazar será la encargada de preparar el proyecto de dictamen ante la nueva demanda de inconstitucionalidad del Decreto 741, a través del cual el presidente de la República, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea, figura conocida como muerte cruzada.
La demanda fue presentada hoy por Geovanni Atarihuana, director de Unidad Popular; Nelson Erazo, del Frente Popular; Nery Padilla, de la FEUE; e Isabel Vargas de la UNE. Atarihuana manifestó que la causal invocada por Lasso para la muerte cruzada, por grave crisis política y conmoción interna, no se justifica y que fue una medida desesperada del primer mandatario al ver que en la Asamblea se configuraba su destitución, a través del juicio político que estaba en pleno debate. “No pudo comprar los votos suficientes para salvarse del juicio político y eso no es una causal”, manifestó Atarihuana.
El dirigente político explicó que han pedido, como medida cautelar, la suspensión de los efectos del Decreto, lo que permitiría que se reinstale el juicio político, concluya el debate y se vote la censura y destitución de Lasso. A pesar de la presentación de esta demanda, los dirigentes manifestaron que están preparados para presentar sus cuadros para la próxima elección.
Otras demandas
En la Corte también se han interpuesto otras demandas de inconstitucionalidad del Decreto de muerte cruzada. Carlos Alvear, Ernesto Pazmiño, Esteban Falconí y Roberto Aguinda, presentaron un recurso similar.
En el escrito los demandantes detallan el proceso de juicio político que se estaba llevando a cabo en la Legislatura desde el 16 de marzo de este año, en que cuatro asambleístas presentaron la solicitud al Consejo de Administración Legislativa (CAL), hasta el momento en que se notificó del Decreto 741. Aseguran que Lasso no explica cómo se configura la crisis política y grave conmoción interna, ni explica la pertinencia de los mismos, dentro de los parámetros que establece la Constitución. Agregan que se ha desnaturalizado la figura de la muerte cruzada y se suman al pedido de que dicten medidas cautelares, suspendiendo los efectos del Decreto hasta que haya el pronunciamiento definitivo del organismo constitucional. Esta demanda recayó por sorteo para su tratamiento a cargo de la jueza Karla Andrade.
Otras dos demandas fueron presentadas ayer por un grupo de exlegisladores de la Izquierda Democrática y del Partido Social Cristiano. Entre ellos Yeseña Guamaní, de la ID; y Esteban Torres, del Partido Socialcrsitiano.
Los exasambleístas de Pachakutik Mireya Pazmiño, Ángel Maita, Dina Farinago, Fernando Cabascango y Janeth Llano siguieron también el mismo camino ante la Corte Constitucional. Llano se principalizó como asambleísta justamente el martes, cuando se inició en el Pleno el juicio político contra Lasso. Lo hizo en reemplazo de Peter Calo, también de Pachakutik, quien está con prisión preventiva por una presunta violación, por lo que presentó su renuncia a la curul por motivos personales.
Todos los demandantes solicitan a la Corte Constitucional que actúe con celeridad en el tratamiento de acciones de inconstitucionalidad para que el país tenga certezas. Torres aseguró que el decreto es inconstitucional y que fue una respuesta al juicio político.
No se descarta que todas las causas se unifiquen en una sola para emitir el fallo al ser de la misma materia. No hay plazo para que la Corte Constitucional emita su dictamen.
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