Los dos últimos fines de semana la violencia ha recrudecido en el país. El Gobierno ya ha dejado claro que busca los mecanismos legales para mantener a los militares en las calles, algo que ya fue avalado por una resolución de la Corte Constitucional. 

El reloj continúa su rumbo en medio de la violencia y titulares que se vuelven a tomar las pantallas y conversaciones: asesinatos, secuestros, extorsiones, robos. Todo parte de un ambiente tenso que se ha convertido en el día a día de un país que, hace casi tres meses, vive en Estado de Excepción. 

Uniformes verdes camuflaje pasean por las calles con abultados complementos, cascos y un fusil que cuelga de sus hombros y posa sobre sus manos. Este reforzamiento de la seguridad ha sido posible, justamente, por la firma que emitió el Gobierno con el Decreto ejecutivo 111, en el que se reconoce que en el país existe un conflicto armado interno y se declara, oficialmente, un estado de excepción por 60 días. El plazo de este primer documento terminó el 8 de marzo de 2024, sin embargo, como último movimiento desde el Gobierno, se extendió por 30 días más la medida. Es decir, hasta el 8 de abril: el próximo lunes 

El plazo casi se cumple y el país cuenta menos de siete días para que el Estado de Excepción culmine sin la opción de volver a extenderlo, pues la Constitución lo prohíbe expresamente. Sin embargo, esta figura es justamente la que ha permitido militarizar las calles y otros espacios, cosa que no sería posible en un estado de normalidad. Esto lleva a preguntarse, ¿qué pasará una vez el plazo se cumpla definitivamente y el estado de excepción termine? ¿Qué pasará con la seguridad y qué debe hacer el Gobierno? 

Vuelve la violencia

En el último feriado que vivió el país, por Semana Santa, según datos de la Policía, se reportaron 137 asesinatos. Esto, entre el jueves 26 y el domingo 31 de marzo. Sólo en estos días, los homicidios han ido retomando fuerza como parte de las consecuencias de la inseguridad. 

Otros tipos de delitos, como los secuestros y extorsiones, también han vivido un recrudecimiento luego de una reducción dada por el shock de los primeros días de Estado de Excepción. En Guayaquil, entre enero y marzo de este año se reportaron 618 delitos de este tipo; en el mismo periodo de 2023, la cifra fue de 120 incidentes. 

Entre tanto, mientras algunos índices de violencia retoman su rumbo al alza, el Gobierno cuenta, desde el 9 de enero hasta el 29 de marzo, un total de 16.933 detenidos, 280 detenidos por terrorismo, 219.445 operativos y 254 operaciones contra grupos terroristas. A estos datos se suma el decomiso de 75.338 kilogramos de droga, 29.643 explosivos y 4.595 armas de fuego. Todo esto en el marco del conflicto armado. 

Diego Pérez, analista en seguridad e investigador del IAEN, este fenómeno se da porque “el Estado de Excepción nunca fue una solución a largo plazo”. 

Para él, el aumento progresivo de la violencia en los últimos meses, luego de la reducción que se registró en enero, “que tampoco fue considerable”, se da porque “hay un vacío importante en términos de la capacidad de control de los espacios territoriales en Ecuador”. 

“La demostración más dramática de esto es lo que se ha visto con los hechos violentos de las últimas dos semanas. Si bien el Estado de Excepción, en una primera instancia, permitió contener la situación y evitar el desborde de la violencia, queda siempre la duda sobre qué tan contundente puede ser esto a mediano y largo plazo”, dice. “Hay una sobrevaloración del efecto del Estado de Excepción. Se tiende a asumir muy fácilmente las soluciones simples, como que poner militares o más policías puede resolverlo todo, y un poco la evidencia histórica demuestra que esto no resuelve nada de fondo y las soluciones no vienen de inmediato. En 90 días, suena muy iluso presumir que todo se podría resolver”.

Para él, la situación que vuelve a vivir el país actualmente responde a varios factores y da indicios de lo que puede ocurrir una vez finalizado el Estado de Excepción. Entre estos efectos, el experto prevé un aumento mayor de la violencia una vez que los militares tengan que retirarse de las calles, “pues tampoco se tomaron acciones que arreglen los problemas de fondo o los vayan subsanando”. 

“Creo que vamos a tener un resurgimiento de las acciones violentas en diversos espacios, particularmente en los de alto riesgo. Zonas conflictivas, como Nueva Prosperina o el norte de Esmeraldas, van a seguir siendo conflictivas. Los índices van a volver a subir”, dice. 

¿Qué puede hacer el Gobierno? 

En declaraciones públicas, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, reconoció que, por las limitaciones constitucionales, desde el Ejecutivo están buscando mecanismos jurídicos que les permitan mantener las labores de Fuerzas Armadas en las calles y en las cárceles, con el objetivo de controlar la inseguridad. 

“Ustedes saben que hay una sentencia en la Corte Constitucional en la que nos dice que en realidad no se está viviendo una excepcionalidad, porque el crimen había avanzado tanto que ya la situación se había normalizado. Entonces, hay otras respuestas que ustedes van a conocer, respuestas también desde lo jurídico. Yo he insistido en que hay otras medidas de seguridad jurídica, pero que se va analizando la constitucionalidad. Hay posibilidades de otras formas de resolver los temas, para continuar con la presencia de militares en las calles, en las cárceles y donde sean necesarios”, dice. 

Esto da indicios de las acciones que se plantean desde el Gobierno. Lo que no está en duda es que se buscarán maneras para continuar con la militarización. 

Al respecto, Daniel Pontón, experto en seguridad, asegura que para el Gobierno podría ser fundamental el conflicto armado no internacional, declarado el 9 de enero, para lograr esto y “mantener el contingente militar operando”. Sin embargo, explica que esto se dará siempre pensando en la consulta popular que se realizará este mes. 

“El Gobierno quiere llegar a la consulta, porque, una vez se aprueben las reformas, las Fuerzas Armadas tendrán avalada su labor complementaria en temas de seguridad interna”, dice. “Eso sí, la prueba de fuego estará en el control de las cárceles y cómo se garantizará que los militares puedan entrar”. 

Por otro lado, prohibiciones como el toque de queda o limitación de derechos sí perderían piso legal definitivo tras el fin del Estado de Excepción. “Eso no se puede olvidar el Gobierno”. 

Sin embargo, como Pérez, Pontón asegura que lo que se está haciendo y la opción de mantener permanentemente la militarización no es una solución real a los problemas de seguridad, “sólo tapan baches”.

Fallas y acciones a tomar

“Se requieren acciones complementarias y no veo eso en el Gobierno, algo que le permita mantener su guerra. Es por eso que se empieza a desvanecer el discurso de la guerra. Todo el mundo presagiaba que estos efectos serían de corto plazo y ya es hora de tomar acciones a largo plazo”, dice Pontón, firmemente. 

Y es que para él y otros expertos, el problema del Gobierno ha sido centrarse en el control de la seguridad en torno al uso de la fuerza y no a la solución de los problemas estructurales que generan inseguridad.

Para Pontón, uno de los puntos sobre los que debe trabajar el Gobierno es el manejo de la Justicia. “Ya hemos visto todo lo que pasa en la Justicia y es hora de que el Gobierno tomé el toro por los cuernos. Si no se propicia un sistema de justicia eficiente las cosas seguirán como están”, dice. 

Pérez va más allá: asegura que es necesario que el Ejecutivo plantee la inversión en temas de desarrollo y equidad. 

“Cualquier solución de seguridad que no tome en cuenta temas de desarrollo y equidad, difícilmente tendrá resultados contundentes. Creo que, más allá de la demagogia a la que conducen estos momentos, hay que pensar que las soluciones a estos problemas toman tiempo y esto implica que deben articular y ver sus actores para procurar tomar acciones más contundentes y más amplias”, dice. 

Argumenta que la inversión en desarrollo de zonas olvidadas por el Estado debe ser sistemática, de modo que quienes allí viven puedan acceder a servicios, educación y oportunidades, es una de las pocas soluciones efectivas a largo plazo, “porque la violencia y la inseguridad se cultiva en espacios donde el Estado no tiene presencia”. 

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