A lo largo de la historia de ese movimiento ocupó puestos estratégicos por lo que fue incluido en el listado de asambleístas. Hoy está expulsado por una presunta violación.
POR: Hugo Constante
Desde el sábado está vigente una orden de localización y captura en contra de Santiago Díaz Asque, asambleísta que obtuvo una curul por el correísmo y que hoy enfrenta una denuncia de presunta violación a una menor de 12 años de edad.
La orden fue emitida por la jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia, Carla Olalla, con el objetivo de garantizar la comparecencia de Díaz a la audiencia de formulación de cargos.
Al aún asambleísta se le van cerrando los caminos, ya que a raíz de la orden de detención el Gobierno, a través del bloque de Seguridad, ofrece una recompensa de 100 mil dólares a quien proporcione información veraz y verificable sobre su paradero.
En este caso específico, la violación se castiga con una pena que va entre los 19 y los 22 años de prisión y es un delito que no prescribe, es decir, que puede ser juzgado independientemente de la fecha en que se haya cometido.
La asambleísta oficialista Nataly Morillo aseguró que no se puede permitir este tipo de agresiones y que espera que Díaz no se haya fugado del país Venezuela o a México “como es el proceder siempre de los que están en problemas dentro de la Revolución Ciudadana”.
Por su parte, Verónica Íñiguez, asambleísta correísta, manifestó que el tema preocupa a toda la bancada y que han decidido no interferir en el proceso judicial. “Sabemos muy bien que el acto es abominable, repudiable y, por eso, nosotros no vamos a interferir de ninguna forma”, dijo la legisladora.
La denuncia de violación la presentó el padre de la menor, el 7 de julio ante la Fiscalía. En el documento señala que el hecho se produjo hace dos meses, aproximadamente, y que él no se enteró antes porque la menor vivía con su madre, quien a su vez trabajaba con el hoy denunciado. Díaz le habría invitado a una fiesta en su casa donde se habría producido el delito. La Fiscalía inició el proceso y, con apoyo de la Policía, realizó tres allanamientos en Quito donde recabó documentos, dispositivos electrónicos y otros indicios.
El asambleísta aseguró ser inocente y manifestó que la denuncia busca callar su voz porque desde su militancia en la Revolución Ciudadana ha sido crítico con los gobiernos que se han “esmerado en destruir al Ecuador”, consta en un comunicado. Díaz solicitó licencia sin remuneración para poder “defenderse” y se desconoce su paradero.
El ámbito legislativo
Conocida la denuncia, la jefa de la bancada correísta, Viviana Veloz, informó en rueda de prensa que habían expulsado a Díaz tanto del movimiento como de la bancada. Sin embargo, algunos de los asambleístas de la Revolución Ciudadana que se presentaron a esa rueda de prensa y que rechazaron la conducta del legislador, días antes le apoyaron con sus firmas para que presentara un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP). La reforma de iniciativa de Díaz incluía que se reduzca la edad en que una menor puede dar su consentimiento para tener relaciones sexuales con un adulto: de 18 a 14 años.
Una vez que saltó el escándalo de la presunta violación, los que apoyaron el proyecto de Ley procedieron a retirar sus firmas con diferentes argumentos: que el respaldo era para el endurecimientos de penas por femicidio (Ledy Zúñiga); que el contexto del proyecto de reforma no se transparentó de forma completa (Juan Pablo Molina); que el proyecto buscaba privar de la patria potestad y prohibir visitas de agresores a mujeres y sus familias (Diego Salas); entre otras excusas.
Por su parte, la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, dominada por el oficialismo, inició la fiscalización a las actuaciones de los operadores de justicia en el marco de este caso. “No vamos a evaluar las decisiones jurisdiccionales, sino las acciones que se adopten en este sentido”, señaló Cristina Jácome, asambleísta oficialista presidenta de la Comisión. Como parte de la fiscalización, solicitarán la comparecencia de Díaz y de quienes respaldaron con su firma la presentación del proyecto de reforma al COIP.
En cambio, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) negó la licencia sin remuneración que había solicitado Díaz, entre el 8 de julio y el 8 de agosto.
Pero, a pesar de la orden de localización y captura, de la recompensa ofrecida por su paradero, de haber sido expulsado de su movimiento y de su bancada, y habérsele negado la licencia, Díaz mantiene la curul que ganó al formar parte de los candidatos correístas. La normativa legislativa establece como una causal para la cesación de funciones de un legislador, el tener una sentencia penal ejecutoriada, en firme. Otra causal es el abono del cargo, que aplica cuando hay una ausencia injustificada de un legislador por más de 30 días consecutivos en cuyo caso el CAL procederá a la principalización definitiva del asambleísta suplente o alterno. Es la causal que eventualmente se le podría aplicar a Díaz, según se conoció extraoficialmente.
¿Quién es Santiago Díaz?
El legislador ha sido uno de los militantes más fieles e importantes del correísmo, muy cercano a su líder Rafael Correa, expresidente pŕofugo de la justicia por actos de corrupción. Considerado en algunos casos como la fuerza de choque del correísmo y su operador político.
Fue asesor de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), un organismo dedicado en ese entonces al espionaje político, al espionaje de quienes se oponían, cuestionaban o criticaban al régimen de Correa. Fue el procurador de la campaña presidencial del también correísta Andrés Arauz. Llegó a la Asamblea como alterno de Priscila Schettini, de la misma organización, quien no pudo asumir la curul por una sanción electoral, tras lo cual se principalizó Díaz.
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