Ricardo Patiño se indignó a través de redes sociales, luego que el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, confirmara que 300 millones de dólares destinados para la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de abril de 2016 fueron tomados para liquidez del Estado. “Increíble, gobierno de @Lenin acepta que cogió 300 millones del Fondo de Reconstrucción del terremoto porque no puede tener “recursos ociosos”. Ocioso es este gobierno que no usó esos recursos para mejorar la vida de manabitas y esmeraldeños. Jamás habría pasado con @MashiRafael”, afirmó el excanciller a través de Twitter.
Increíble, gobierno de @Lenin acepta que cogió 300 millones del Fondo de Reconstrucción del terremoto porque no puede tener “recursos ociosos”. Ocioso es este gobierno que no usó esos recursos para mejorar la vida de manabitas y esmeraldeños.
Jamás habría pasado con @MashiRafael— Ricardo Patiño (@RicardoPatinoEC) 6 de enero de 2018
Pero lo que asegura Patiño no es cierto. Es decir, durante el gobierno de Rafael Correa los recursos que debían destinarse para atender la emergencia que afectó a Manabí y Esmeraldas también se asignaron a otros rubros. Así lo señala la Contraloría General del Estado.
El informe general “A los gastos efectuados y a la ¡mplementación de las acciones, uso de recursos y controles adoptados en la etapa de emergencia en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, en las provincias de Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos y Santa Elena” recoge una serie de inconsistencias que implican a la Vicepresidencia de la República, al Ministerio de Defensa, del Interior y de Inclusión Económica y Social en el período comprendido entre el 16 de abril y el 21 de julio de 2016.
En el documento de 60 páginas se revisan los gastos efectuados con el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual se distribuyó a través de los ministerios de Defensa, Interior, Coordinador de Seguridad, Salud, Educación, Inclusión Económica y Social y Secretaría de Gestión de Riesgos; así como el almacenamiento y distribución de las ayudas humanitarias recibidas de empresas, personas privadas y donaciones extranjeras.
Para tenerlo claro. Rafael Correa, entonces presidente de la República, declaró el estado de emergencia a escala nacional, a través del Decreto Ejecutivo 1001, con fecha 17 de abril de 2016. Con ello dispuso al Ministerio de Finanzas transferir los recursos necesarios para enfrentar el suceso e iniciar la restructuración y reconstrucción de las zonas afectadas. Además, con la firma del Decreto Ejecutivo 1004 (26 de abril de 2016) creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva del Empleo en las zonas azotadas por el terremoto.
En ese contexto, Finanzas distribuyó los siguientes recursos a los ministerios coordinadores y ejecutores, con cargo al préstamo del BID:
| Entidad | USD | Fecha de transferencia |
|---|---|---|
| Ministerio de Defensa | 10.000.000 | 2016-04-18 |
| Ministerio Coordinador de Seguridad | 2.600.000 | 2016-05-06 |
| Secretaría de Gestión de Riesgos | 10.000.000 | 2016-04-17 |
| Ministerio de Salud Pública | 8.990.000 | 2016-04-17 |
| Ministerio de Inclusión Económica y Social | 10.000.000 | 2016-04-18 |
| Ministerio del Interior | 4.000.000 | 2016-04-20 |
| Total | 45.590.000 | |
De acuerdo a la Contraloría, “el Ministro de Finanzas (Fausto Herrera) permitió que se efectúen gastos por adquisiciones para uso de las Fuerzas Armadas consideradas como no elegibles”. Entre ellas se detallan: alimentos, porta documentos, “flash memory” y vasos plásticos. También se indica que se asignaron fondos a servicio de transporte e insumos logísticos, “sin que se especifique en que consistieron los insumos adquiridos”.
Otros rubros se destinaron a la compra de “snacks (pringles original, manicho en barra, snob pepinos, shullo semilla, milo), hielo, hielera térmica y stevia life”. En el informe se añade que “no se implementaron controles y directrices que permitan verificar que los fondos sean destinados para la emergencia; tampoco, se presentó el detalle de las personas que recibieron los bienes y servicios”. En ese sentido, la entidad afirma que se permitió que se incurra en gastos que no son producidos por la emergencia nacional y que no se disponga de información completa para su control posterior.
Otra de las irregularidades consiste en la “necesidad de adquisición de equipos de protección y seguridad para búsqueda y rescate”, requeridos por la Fuerza Terrestre. Para esta compra, se autorizó un presupuesto referencial de 1 326 700,00 USD. Y se suscribió un contrato por 662 500,00 USD más IVA, distribuido de la siguiente manera:
| Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|
| Gafas de protección | 5300 | 23 | 121900 |
| Guantes de protección | 5300 | 30 | 159000 |
| Coderas | 5300 | 24 | 127200 |
| Rodilleras | 5300 | 26 | 137800 |
| Mascarillas | 5300 | 22 | 116600 |
| 662500 | |||
“Vencido el plazo los bienes no fueron entregados”, dice el informe. Y se permitió la entrega de los insumos tras 49 días de haber concluido el plazo contractual: y 110 días desde el terremoto.
La segunda contratación, por 664 200.00 USD, más IVA, se refiere a la compra de prendas de protección y seguridad, para búsqueda y rescate (“camell back”, cinturón antilumbago y linterna):
| Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|
| Camell Back | 4000 | 145 | 580.000 |
| Cinturón antilumbago | 735 | 10 | 7.350 |
| Linterna | 5300 | 14,5 | 76.850 |
| 664.200 | |||
Lo sorprendente es que luego de 106 días desde la terminación del contrato, “no se evidenció la entrega de los Camell Back, ni la suscripción del acta entrega recepción total”. Según el documento, el distribuidor entregaría las prendas el 2 de septiembre de 2016, cinco meses después desde que se autorizó la compra.
Por último, Contraloría señala que el Ministerio de Defensa, en ese entonces a cargo de Ricardo Patiño, dio paso a que se adquieran bienes y servicios por 78 121,63 dólares sin que se haya sustentado su requisición, distribución y utilización.
Otras de las instituciones observadas es el Ministerio del Interior, en aquella época representado por el actual asambleísta José Serrano. Contraloría señala que “de los gastos realizados velas para ceremonia, en Pedernales; cocinas y juego de vajillas, para la casa modelo; desodorante, instalación de alfombras en la oficina de Pedernales del Ministerio del Interior, limpieza, ropa de trabajo para los comerciantes del mercado de mariscos, entre otros, por 46 764,01 USD”, estos no están justificados “por cuanto no cumplen las condiciones de emergencia”. Esto “permitió que no se cumpla con la naturaleza de la asignación de estos recursos”.
Otra de las conclusiones precisa que “no se evidenció que los servidores del MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) hayan elaborado un inventario detallado de las ayudas de socorro y suscrito actas de entrega recepción entre éstos y los miembros de las Fuerzas Armadas”. Por ejemplo, en junio de 2016, Contraloría “evidenció 72 176 kits de alimentos, que no habían sido distribuidos a la población damnificada por el terremoto”. Eso no es todo.
Las cargas con ayudas de socorro humanitarias recibidas en Ecuador vía marítima y aérea fueron liberadas entre 5 a 71 días posteriores a su llegada, situación ocasionada porque la Secretaría de Gestión de Riesgos no dispuso ni efectuó “en forma oportuna los trámites correspondientes para su desaduanización y entrega de las ayudas humanitarias receptadas de distintos países a nivel internacional, ocasionando que no lleguen a tiempo, ni en condiciones adecuadas a los damnificados que se encuentran en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016”.