El Consejo de Participación habilitó a Morales, quien había sido descalificado por la Comisión Ciudadana. A la vez, no aprobó el informe vinculante de esa Comisión, que tenía otro ganador del concurso.
Ricardo Morales Vela, exsubsecretario de Justicia en el Gobierno de Rafael Correa y excomisionado para la pacificación de las cárceles en el Gobierno de Guillermo Lasso, fue designado por la mayoría del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) como nuevo defensor público.
La decisión se tomó con los votos favorables de Andrés Fantoni (presidente del CPC), Mishelle Calvache (vicepresidenta) y de los consejeros Johanna Verdezoto y Juan Esteban Guarderas. Se abstuvo el consejero Gonzalo Albán, quien reemplaza a Augusto Verduga; mientras que Nicole Bonifaz y Yadira Saltos no se conectaron a la sesión, que se cumplió vía Zoom.
Es una resolución polémica, ya que Morales había sido descalificado por la Comisión Ciudadana de Selección por presentar impedimento para ejercer cargo público y en su reemplazo señaló como ganador del concurso a Jorge Ballesteros. En su informe vinculante, la Comisión recomendó la designación como defensor público de Ballesteros, al haber sido el mejor puntuado del proceso.
Sin embargo, la mayoría del Pleno no aprobó el informe vinculante de la Comisión y, a su vez, habilitó a Morales que con el no reconocimiento a Ballesteros, resultó el mejor puntuado. En la tabla general de calificaciones, con nueve postulantes, Ballesteros obtuvo 80,07 puntos y se había ubicado en el tercer lugar. Mientras que Morales era el sexto, con 76,66 puntos, en un concurso que estuvo marcado por renuncias y descalificaciones de otros postulantes.
El criterio jurídico
La mayoría del Pleno tuvo que recurrir a la Coordinación Jurídica del organismo para resolver qué hacer con el informe vinculante de la Comisión Ciudadana de Selección en el que recomendaba la designación de Ballesteros y descalificaba a Morales.
El criterio jurídico fue que no se apruebe el informe de la Comisión, ya que es ilegal, por lo que no tiene efecto vinculante, y que, si se lo acoge, generaría un acto administrativo nulo. Considera además que la Comisión sobrepasó sus atribuciones, por lo que la Contraloría debería realizar un examen especial del concurso, y que la Fiscalía investigue si los integrantes incurrieron o no en algún delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Concluye que Morales debería ser designado para el cargo por haber obtenido una puntuación de 76,66 y haber superado la fase de impugnación.
Santiago Peñaherrera, coordinador general de la asesoría jurídica, se ratificó en el criterio jurídico y reiteró que la Comisión no tiene la potestad de desconocer o dejar sin efecto la resolución del Pleno con la que descalificó a Ballesteros, decisión que era de última y definitiva instancia.
Los consejeros
Fantoni recordó que este concurso inició en 2021 y que en el transcurso se han presentado acciones de protección y medidas cautelares que retrasaron el proceso. Aseguró que la Comisión alteró y desconoció las calificaciones de los postulantes, por lo que se solicitó el informe del área jurídica del Consejo.
Por su parte, Albán indicó que esperaba un informe jurídico que recomiende la nulidad del concurso, ya que se trata de la designación de una de las autoridades que integran la Función Judicial, y porque la ciudadanía ha perdido la confianza en la transparencia del proceso.
Por su parte, Guarderas dijo que también esperaba un informe declarando desierto el concurso, para iniciar desde cero con total transparencia. Sin embargo, recordó que hay una sentencia judicial que impide regresar a fases anteriores de este concurso, por lo que se tuvo que seguir el proceso.
Para ejercer sus funciones Morales deberá ser posesionado por la Asamblea.
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