Los problemas del Consejo de Participación Ciudadana impidieron que avance el concurso para designar al nuevo Fiscal, por lo que Diana Salazar tiene el respaldo legal para continuar en funciones prorrogadas. El país sigue a la espera de su decisión.
POR: Hugo Constante
El pronunciamiento de la Procuraduría General para que Diana Salazar continúe en funciones prorrogadas hasta que sea legalmente reemplazada tuvo el respaldo de legisladores de diferentes bancadas. Salazar cumplió hoy los seis años de gestión para que fue designada, pero el Consejo de Participación Ciudadana no ha logrado poner en marcha el concurso para nombrar a su reemplazo, por lo que la Procuraduría, al absolver una consulta al respecto, determinó que puede cumplir funciones prorrogadas a fin de garantizar la representación institucional. Lo mismo sucede con el fiscal subrogante, Wilson Toainga.
La asambleísta del correísmo Gissela Garzón manifestó que es un criterio vinculante, que debe ser acogido, aunque para ella sea cuestionable. Por su parte, la oficialista Inés Alarcón dijo que es necesario proteger la institucionalidad de la Fiscalía, por lo que es importante que Salazar se mantenga al frente, ante la “inacción del Consejo de Participación Ciudadana” que no ha logrado designar su reemplazo. “Hay que considerar el gran trabajo que ha hecho la Fiscal General del Estado”, dijo Alarcón.
El rol del Consejo de Participación
La prórroga en funciones de Salazar, es un fracaso más del Consejo de Participación Ciudadana, entidad encargada de organizar los concursos de selección de las autoridades de control, manifestaron los asambleístas.
El presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, aseguró que desde el año pasado se ha fortalecido el reglamento de selección y se ha logrado avanzar en la conformación de la veeduría. Fantoni manifestó que una de las trabas para continuar con el proceso, es que el Consejo no ha logrado integrarse en la totalidad, ya que la Asamblea aún no posesiona al séptimo consejero y es necesario “darle la legitimidad que se merece esta tan importante designación”. “Son decisiones importantes las que debe tomar el Pleno (del Consejo) y debemos resolver los siete consejeros. Esto da legitimidad a lo que resuelve. (…) No sería idóneo tomar estas decisiones con una conformación incompleta”, manifestó. La séptima vocalía está en disputa entre David Rosero y Óscar Ayerve, por lo que la Asamblea ha pedido información sobre a cuál de los dos le corresponde ser posesionado en el cargo.
Un problema permanente
Los legisladores recordaron que la demora en los concursos para designar autoridades no sólo ha hecho que Salazar tenga que prorrogarse en funciones, sino que sucedió lo mismo con el Consejo Nacional Electoral, con el Tribunal Contencioso Electoral y el Defensor del Pueblo está en calidad de encargado.
Garzón considera que el Consejo debería haber avanzado en los concursos, independientemente de la crisis institucional interna que ha vivido ese organismo de manera permanente.
Lenin Rogel, asambleísta independiente, agregó que en el mediano plazo el Consejo debe desaparecer, ya que lejos de promover la participación ciudadana, se ha convertido en un botín político. “Fue un mal invento, o muy idealista, pero en la práctica todos los políticos buscan estar ligados al Consejo de Participación”, dijo el legislador.
Aseguró que cuando la designación de autoridades estaba a cargo del Congreso de turno, los ecuatorianos conocían de los acuerdos a los que los partidos llegaban para promover a sus postulantes, pero que hoy, esos mismos acuerdos se camuflan bajo una aparente representación ciudadana en el Consejo, cuyas autoridades siguen respondiendo a intereses partidistas.
Sin embargo, la exconsejera Ibeth Estupiñán asegura que cada concurso de designación de autoridades es diferente y hay factores externos, como los políticos, que terminan por afectar el desarrollo de los procesos y no se cumplen los tiempos de selección.
Agrega que a esto se suma los recursos legales que se interponen, como acciones de protección, impugnaciones a los postulantes, demandas en contra de los comisionados por lo que los concursos terminan por postergarse.
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