Para unos sectores, atrás de la decisión del Presidente estaría la intención de lograr que la Asamblea no logre los votos para destituir a los vocales de la Judicatura. La Fiscalía puede seguir de oficio la investigación contra los legisladores. 

“El Presidente no sólo debía honrar su palabra, sino, sobre todo, tenía que sustentar, argumentar, la grave denuncia que hizo, porque es gravísima. El momento en que él pretende retirar la denuncia, lo que hace es restarse credibilidad a sí mismo y a su Gobierno”, asegura Alfredo Espinosa, analista político. Esto, al referirse al anuncio hecho por parte de Guillermo Lasso de que ha pedido a la Fiscalía que archive la investigación abierta contra cinco legisladores de Pachakutik, a los que señaló como responsables de haberle solicitado beneficios económicos a cambio de votar a favor del proyecto de Ley de inversiones. 

En marzo de este año, luego de que el proyecto fuera archivado por la Legislatura, el mandatario en una entrevista a medios de comunicación aseguró, de manera indignada, que la Ley fue negada “porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de sus votos. Y el colmo de los colmos, es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al Gobierno. No podemos permitir la corrupción”. Luego de esta declaración envió una carta a la Fiscalía en la que solicitó que inicie las investigaciones que correspondan en contra de los asambleístas de Pachakutik Rosa Cerda, Gisella Molina, Édgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla. Aseguró que “habrían pedido beneficios económicos para sí, a cambio de consignar su voto a favor del proyecto de Ley de Inversiones”.

Sin embargo, ayer se informó de manera oficial que solicitó a la Fiscalía el archivo de la investigación, debido al tiempo transcurrido y en pro de la unidad del país. En el comunicado que remite a la Fiscalía, Lasso asegura que los hechos denunciados le fueron comunicados por “terceras personas”. Además, invoca el numeral 2 del artículo 586 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que señala como una de las causales para solicitar el archivo que “el hecho investigado no constituye delito”. 

Para el jurista Pablo Encalada no es así de fácil acusar a una persona, pedir que se le investigue y luego retractarse. Asegura que los delitos de acción pública, entre estos los de corrupción, se persiguen de oficio. “La Fiscalía tiene la obligación de continuar con esas investigaciones; la víctima tiene el derecho de renunciar, de desistir o de pedir que se archive esa acusación, pero no hay una consecuencia jurídica. Por lo tanto, la Fiscalía no tiene la obligación de archivar la denuncia”, dijo el abogado.  Indicó que si se llega a archivar, los denunciados pueden pedir que se declare la malicia de la denuncia, que constituye delito por el que el Presidente puede ser condenado, cuya sanción es una pena de entre seis meses y un año de prisión. Opinó que es un acto irresponsable presentar denuncias que se sabe que no llegan a ningún lado. “Sería el colmo que el propio Presidente esté usando el sistema para cosas que no corresponden”, indicó. 

Por su parte, Espinosa se pregunta qué pasa con la honra de los asambleístas denunciados por presunta corrupción, de los que se habló mucho tras la denuncia. El analista no descarta que se esté usando a la Justicia como medio de canje para las negociaciones políticas. “Será que esto forma parte de un nuevo acuerdo político para obtener gobernabilidad en la Asamblea; eso se evaluará en los próximos días”, dijo Espinosa. 

¿Coincidencia?

El pedido de archivo de la investigación se da en momentos en que la Asamblea se prepara para debatir si los vocales del Consejo de la Judicatura deben ir a juicio político, como propone la bancada correísta. El oficialismo se ha pronunciado en contra de esta interpelación y, si se aprueba, para la destitución se necesitan 92 votos. Habría los votos fijos del correísmo y del Partido Social Cristiano. La Izquierda Democrática se ha pronunciado en contra, mientras que en Pachakutik hay criterios divididos. El jefe de esta bancada, Salvador Quishpe, aseguró que no se prestarán para apoyar la interpelación, mientras que Mireya Pazmiño, de ala rebelde, dijo que su bancada debe pronunciarse responsablemente, ya que es evidente la corrupción que hay en la Judicatura y que se debe cambiar a todos los vocales. Sin embargo, Pazmiño califica de intromisión en la Fiscalía el pedido del Ejecutivo, ya que en su momento no “salió a decir presuntos (…), sino que el Presidente salió a decir que en la Asamblea son unos corruptos, unos ladrones que están pidiendo dinero a cambio de votos”. La legisladora agregó que es la Fiscalía la que debe determinar si hay alguna responsabilidad de los denunciados, no el Presidente.

El legislador socialcristiano Luis Almeida aseguró, a través de su cuenta de Twitter, que el retiro de la acusación es plena prueba del “arreglo para salvar a la corrupción de la Judicatura. ¿Ya les compraron a los denunciados?”, consta en el post. 

Chumpi, uno de los acusados, niega que haya un pacto o negociación política y que su voto en el caso de la Judicatura será con base en la decisión que adopte su bancada. El legislador asegura que la denuncia le hizo mucho daño tanto a su salud, a su familia, como al liderazgo que mantiene en su provincia (Morona Santiago), el cual fue manchado, se fue al suelo, dice, por lo que de confirmarse el archivo de la denuncia sería el primero en presentarse en Carondelet para felicitar al mandatario por “el caballerismo” que ha demostrado. Descarta poner una demanda, ya que dice no tener dinero para andar en esos trámites, porque tiene una familia por mantener y porque es un hombre de paz. 

Mientras que Quezada, vía mensaje de WhatsApp, informó que primero iba a verificar la autenticidad del documento, analizarlo, para luego emitir un pronunciamiento. El resto de legisladores o no contestaron o informaron que estaban en territorio donde la señal es mala como para comunicarse. Juan Fernando Flores, jefe de la bancada oficialista, también negó que haya un acuerdo político ya que no tienen nada que negociar.  

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