Los legisladores aseguraron que es una propuesta que dejaría sin soporte económico al crimen organizado. Sin embargo, la principal disyuntiva se centra en si debe existir sentencia ejecutoriada para proceder a la extinción.
Con la consigna de restarle recursos y bienes al crimen organizado, al narcotráfico y a la corrupción, el Pleno de la Asamblea cumplió el primer debate del proyecto de Ley para el ahorro y monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción, presentado por el Ejecutivo por el carácter de urgente en materia económica.
La iniciativa reforma siete leyes, principalmente la Ley de Extinción de Dominio, que fue expedida en el 2021.
El tratamiento de este proyecto de Ley está a cargo de la Comisión de Régimen Económico, cuya presidenta, Nathaly Farinango (ADN), manifestó que existen fortunas que han sido creadas con el “dolor y la sangre de las familias ecuatorianas”, por lo que con el tratamiento de esta reforma se estará dando un mensaje claro a los propietarios de esos bienes producto de negocios ilícitos: no más impunidad. “No puede ser posible que cada día tengamos noticias de fincas que funcionan como depósitos de toneladas de droga, autos de alta gama, mansiones, avionetas abandonadas y hasta propiedades en territorio extranjero obtenidas con dinero de actividades ilícitas o no justificadas”, dijo. Agregó que el proyecto logrará agilizar los procesos para la extinción de dominio, lo que le permitirá generar al Estado recursos para invertirlos en el sector social, ya que, a pesar de que la Ley está vigente desde el 2021, no hay una sola sentencia por casos de extinción de dominio.
Por su parte, la legisladora Nataly Morillo (Construye) agregó que el dinero ilegal y las economías ilícitas dan poder criminal, corrompen al Estado y lo pagamos todos. “Quitarle esos recursos a los delincuentes es un camino válido para encontrar salida al conflicto interno en que nos encontramos como país”, dijo Morillo.
Legisladores de varias bancadas hicieron referencia precisamente a esa coyuntura, la necesidad de contar con herramientas legales que permitan al Estado actuar frente a bienes mal habidos que son producto de negocios ilícitos. Manuel Bohóquez, independiente, dijo que este proyecto representa un paso fundamental en la lucha contra la delincuencia organizada que amenaza la prosperidad y la estabilidad de Ecuador.
La controversia central
Aunque todos están de acuerdo con la importancia de aprobar reformas a la Ley de Extinción de Dominio, se ha generado un punto de controversia con el Partido Socialcristiano, ya que en el proyecto de Ley no estaría contemplado que para ejecutar la extinción de dominio se necesite sentencia ejecutoriada previa. Para Farinango, la extinción de dominio persigue bienes, no personas, por lo que no es necesaria una sentencia previa ejecutoriada, ya que eso alargaría el proceso. La propuesta de normativa es que menciona que la extinción de dominio se declara a través de un procedimiento autónomo, e independiente de cualquier otro proceso jurisdiccional.
Jorge Álvarez, del Partido Social Cristiano, respondió que su bancada no se opone al proyecto de Ley, pero para proceder a ejecutar la medida es necesario que se cuente con una sentencia ejecutoriada en firme. “Estamos totalmente de acuerdo con quitarle los bienes mal habidos a los bandidos, a los pillos, pero hagámoslo bien. No cometamos el error de pasar por alto el dictamen de la Corte Constitucional, donde advirtió que no es procedente aplicar la acción de extinción de dominio en cualquier delito sin que primero se haya declarado la culpabilidad de la persona mediante sentencia previa”, advirtió el legislador.
Álvarez dijo que para evitar que los delincuentes se deshagan de sus bienes antes de que se dicte la sentencia definitiva, es necesario que se acorten los procesos penales investigativos y en el proceso de extinción de dominio, que es de naturaleza civil. “Hay que poner una norma para que desde el inicio del proceso los jueces establezcan la prohibición de enajenar bienes e inmovilicen las cuentas tanto en Ecuador como en el extranjero”, fue su propuesta.
Agotado el primer debate el documento regresará a la Comisión de Régimen Económico para que prepare el informe para segundo debate con las observaciones que se dieron en el Pleno
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