Los demandantes son organizaciones políticas, indígenas y campesinas del país.
A una semana de la vigencia de la reforma a las leyes de minería y energía, son cuatro demandas de inconstitucionalidad las que se han presentado en contra de esa normativa. Según la página institucional de la Corte Constitucional: el movimiento indígena del Azuay; Verónica Íñiguez, asambleísta de la Revolución Ciudadana; Unidad Popular y el Partido Socialista son quienes han interpuesto los recursos en los que, además, piden la medida cautelar para la suspensión de la vigencia de los efectos de la normativa, mientras se resuelven los casos.
La ley reformatoria fue presentada por el presidente de la República, Daniel Noboa, con el carácter de económico urgente y aprobada por la mayoría oficialista en la Asamblea. Sin embargo, desde las organizaciones sociales, políticas, defensoras de la naturaleza, la reforma es la puerta “abierta” para la militarización de los territorios mineros; para evadir la consulta previa, libre e informada y para dejar sin sustento la licencia ambiental.
Tatiana Rivadeneira, abogada del Partido Socialista, manifestó que la consulta previa, libre, previa e informada es un derecho de los ciudadanos para pronunciarse sobre si desean o no que en sus territorios haya actividad minera.
Por su parte Álex Toapanta, asambleísta por el Movimiento Pachakutik, cuestionó que el Gobierno insista en la reforma minera a pesar de que el pueblo le dijo No en la consulta popular en la que quería ir a una Asamblea Constituyente para, según el legislador, eliminar los derechos de la naturaleza consagrados en la actual Constitución. Toapanta agregó que la reforma minera y otras normativas promovidas por el oficialismo buscan ejecutar los cambios que fueron negados por el pueblo en la última consulta popular.
Mientras que, desde el lado contrario, la Cámara de Minería del Ecuador, reconoció la importancia de fortalecer el marco institucional minero en un momento clave para el país, marcado por la creciente demanda global de minerales críticos, la necesidad de atraer inversión y el desafío de enfrentar las economías ilegales vinculadas al crimen organizado.
Para la Cámara, las reformas se enmarcan en ese contexto global y responden al desafío de combatir las economías ilícitas de la minería ilegal y de las redes criminales que operan en esos territorios.
Algunos elementos
La demanda de inconstitucionalidad presentada por la Unión de Defensores del Agua y la Naturaleza del Azuay señala que la sustitución de la licencia ambiental por la autorización administrativa, elimina de manera expresa la obligación que tiene la empresa minera de contar con los estudios de impacto ambiental, la línea base para todo proyecto extractivo.
Para los comuneros, mantener la licencia ambiental es fundamental para conocer el estado hidrológico, ecológico, morfológico, socio cultural y otros, del proyecto minero. Por la forma, la ley es demandada ya que no se realizó la consulta prelegislativa, un derecho que tienen las comunidades, comunas y nacionalidades a fin de participar en la construcción de la normativa, tomando en cuenta sus efectos jurídicos.
Por su parte en la demanda presentada por Íñiguez y el bloque se asambleístas de la Revolución Ciudadana, consta que se no se justifica el carácter económico urgente ya que no es una norma coyuntural o de ajuste fiscal inmediato, sino de una reconfiguración integral del régimen jurídico de sectores estratégicos.
El correísmo asegura también que no hubo una participación plural en la elaboración de los informes legislativos, una discusión informada, la evolución de impactos normativos, ni la consideración de alternativas regulatorias.
Por temas de fondo, la demanda se presentó por la presunta incompatibilidad material de determinadas disposiciones con principios y normas constitucionales, especialmente en materia de derechos de la naturaleza, no regresividad ambiental, principio precautorio y límites a la delegación en sectores estratégicos.
La próxima semana está previsto que otras organizaciones presenten similares demandas a esta normativa.
Por otro lado, la norma controversial de la reforma al COOTAD suma ya 15 demandas de inconstitucionalidad.
