La ley busca elevar el porcentaje mínimo de votos que deben obtener los partidos y movimientos políticos para permanecer con vida.
POR: Hugo Constante
En total, 232 organizaciones políticas están legalmente calificadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE): 17 son nacionales, 61 provinciales, 139 cantonales y 15 parroquiales.
Una crítica permanente ha sido precisamente esa, el excesivo número de partidos que, según los analistas, generan que en cada proceso electoral haya miles de candidatos que terminan por dispersar la votación y no logran una representación electoral. Para las elecciones seccionales de 2023, por ejemplo, se presentaron 61.850 candidatos.
“¿Los ecuatorianos nos sentimos realmente representados por estas 232 organizaciones? Por supuesto que no”, dijo la asambleísta Rosa Torres (ADN), presidenta de la Comisión de Justicia. En el paquete de reformas el Código de la Democracia que se votará mañana en el Pleno de la Asamblea, preparado por esta Comisión, se modifica el artículo 327, que reglamenta la cancelación de una organización política por parte del CNE.
En el caso de las organizaciones nacionales, una de las causales para su extinción es no haber alcanzado el 4% de los votos válidos en dos elecciones distintas y consecutivas a escala nacional. La Comisión propone que el umbral sea del 5% de los votos en una elección a nivel nacional.
Mientras que las organizaciones locales, para mantenerse en el mapa electoral, deben lograr al menos el 3% de los votos en dos elecciones consecutivas en su jurisdicción. Con la reforma deberán obtener al menos el 5% en una elección en su jurisdicción.
Gabriela Molina, asambleísta del correísmo que integra la Comisión, asegura que es una forma democrática de lograr la cancelación de organizaciones políticas que no logran representatividad en las urnas y que responde al clamor ciudadano que ha demostrado malestar, ya que contar con decenas de organizaciones políticas representa un gasto electoral en movimientos y partidos políticos que no tienen la aceptación ciudadana. “Se gana bastante con la disminución de partidos y movimientos”, dijo la legisladora. Reconoció que fue un tema muy debatido en la Comisión, que encontró opositores, por lo que no se descarta que la propuesta de reforma se vote por bloques.
Las reflexiones
Jorge Tapia, coordinador del área de Democracia y Política de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, manifestó que resulta sorpresiva la celeridad con que la Asamblea está manejando este paquete de reformas. Considera que elevar el umbral de los votos que deben obtener las organizaciones políticas para mantenerse en el registro, es un mecanismo con el que la Legislatura busca “purgar” el sistema de partidos. Y, aunque puede resultar positivo, dijo que se debe trabajar en otros aspectos de fondo que se han evidenciado en el momento de constituirse como organizaciones políticas con personería jurídica avalada por el CNE, por lo que es una responsabilidad compartida.
Recuerda, por ejemplo, que informes de Contraloría desde hace más de una década detectaron firmas falsas y suplantación de identidades que presentan las organizaciones para obtener el registro. “El kit del asunto es que si el CNE hiciera su tarea de manera correcta al momento de revisar que se cumplan las firmas, los requisitos, que en verdad sean parte de las organizaciones, tendríamos el primer filtro importante. Si hubiese hecho su tarea, ahora no tendríamos tantas organizaciones políticas. Pero una reforma con esa orientación no consta en lo que se votará”, dijo Tapia.
La legisladora de Pachakutik, Cecilia Baltazar, dijo que es necesario eliminar a las agrupaciones que sólo se constituyen para llevarse los recursos del Estado. Mientras que Geovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, dijo que están de acuerdo en la necesidad de reducir el número de organizaciones, pero a través de auditorías para evitar los partidos de alquiler que logran su inscripción con firmas fraudulentas, auditorías al rendimiento electoral y al tema del financiamiento. Pero que aumentar el umbral de votos y que sea en una sola ocasión, atenta contra el espíritu de la Constitución.
El dirigente agregó que no se puede evaluar la permanencia o no de una organización por el momento coyuntural que esté pasando, sino que es necesario verificar que tengan estructura, militancia, y que eso pasa por un control efectivo de la autoridad electoral. “Veamos si mañana Daniel Noboa (bancada oficialista) y Rafael Correa (bancada correísta) votan juntos de la mano”, ironizó Atarihuana, en referencia a que las dos organizaciones unieron sus votos a favor de la aprobación del informe en la Comisión y se espera que una panorama similar en el Pleno.
Desde 2008, el Estado ha destinado 160 millones para financiar las campañas electorales y 40 millones para fondos partidarios.
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