A puertas de las elecciones seccionales, el exalcalde Jaime Nebot propone cambios para que los gobiernos locales obtengan más recursos. La bancada del PSC ya alista el proyecto en la Asamblea. ¿Qué se necesita para que más obras lleguen a los ciudadanos?
El Partido Social Cristiano, a través de su bancada legislativa, está preparando un proyecto de Ley de Reforma al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad), de acuerdo con lo anunciado por el líder de esta agrupación política, Jaime Nebot, hace pocos días. Esto lo anunció la asambleísta de ese bloque María de Lourdes Alarcón.
Hace una semana, el exalcalde de Guayaquil manifestó que, como parte de la descentralización, es necesario reformar el Cootad para incrementar las asignaciones que reciben municipios y prefecturas por parte del Gobierno central. Nebot aseguró que si se logra la reforma, la intención sería que a partir del 2023 “la participación de las 24 provincias y de los 221 cantones suba del 10% al 20% en los ingresos petroleros y del 21% al 40% en los ingresos tributarios”. Añadió que es una forma de que todas las provincias y cantones del país reciban el doble de dinero de lo que hoy perciben por esos conceptos. Dinero que se invertirá en infraestructura vial, drenaje, hospitales, escuelas, equipamiento a la Policía, entre otros, aseguró. Descartó también que esta redistribución de los recursos pueda afectar al Gobierno central, ya que seguirá recibiendo el 80% de los ingresos petroleros y el 60% por concepto tributario. Por lo que pidió a la Asamblea que demuestre que puede hacer bien “las cosas que hacen mal”.
Alarcón, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea, donde debería tratarse el proyecto, aseguró que es un cambio necesario, ya que los gobiernos seccionales no están recibiendo las asignaciones que les corresponden y considera que la propuesta beneficiaría todos las prefecturas, municipios y juntas parroquiales, por lo que estima que habría el consenso político para impulsar esta reforma ya que “no está direccionada a beneficiar a un grupo sino a todo el país”.
Lo que dice la norma
El artículo 192 del Cootad señala que los gobiernos locales participarán del 21% de ingresos permanentes —el IVA, por ejemplo—, y del 10% de los no permanentes —petróleo, entre otros— del presupuesto general del Estado. El monto total a transferir se distribuye en la siguiente proporción:
- 27% para los consejos provinciales.
- 67% para municipios y distritos metropolitanos.
- 6% para las juntas parroquiales.
La distribución de esos recursos se cumple de acuerdo con ciertas características de los gobiernos seccionales, como el tamaño y la densidad de la población; necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas y consideradas en relación con la población residente en el territorio; logros en el mejoramiento de los niveles de vida; esfuerzo fiscal y administrativo; y de acuerdo con el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo de los gobiernos descentralizados.
Para la aplicación de cada uno de estos criterios se establece una fórmula de cálculo y una ponderación del peso que tiene cada uno en el monto general a distribuirse, diferenciada por nivel de gobierno.
Las observaciones
Desde su experiencia como exalcalde de Salitre y expresidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Francisco León considera que la propuesta de Nebot no es más que una campaña populista preelectoral con miras a las seccionales del 2023. León asegura que el problema de recursos de los gobiernos seccionales pasa más por la mala gestión que hacen de los dineros —prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales—, ya que no invierten en obras prioritarias, no cubren las necesidades básicas de sus localidades o no cumplen con el plan de desarrollo.
Además, considera que por más que se incrementen las rentas, el problema seguirá siendo el mismo si el Gobierno central no transfiere los recursos a tiempo, que es el principal problema y demanda de las autoridades seccionales de forma permanente. “A veces, les entregan con un mes de retraso. Es como cuando se tiene una deuda vencida por un mes, la economía se vuelve paupérrima; lo mismo pasa con los gobiernos seccionales, ya que el Gobierno central les da los recursos con más de un mes de retraso”, manifestó.
Precisamente, en su primer conversatorio con la prensa, el 11 de julio, el recién posesionado ministro de Economía, Pablo Arosemena, presentó el plan que espera cumplir durante su gestión y que lo llamó el ‘ABC de la reactivación económica’. Uno de estos ejes está relacionado con bajar los atrasos que mantiene el Gobierno central con los gobiernos seccionales y que asciende a 172 millones de dólares pendientes por devolución de IVA, competencias de riego, drenaje y patrimonio. Arosemena aseguró que ya se había definido un cronograma de pago mensual con los gobiernos locales.
Por su parte, el asambleísta Marlon Cadena (ID), también integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos, manifestó que se debe analizar si la Ley vigente responde a las necesidades de los gobiernos seccionales o es necesario en realidad cambiar de modelo, por lo que se deberá analizar a profundidad la propuesta que presente el Partido Social Cristiano y ampliarla con aportes de otros actores políticos que conozcan de desarrollo local y equidad territorial en la distribución de recursos.
Mientras que René Lucero, director ejecutivo del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), dijo que desde el 2009 se mantienen con el presupuesto del 6% y que se debería incrementar al 10%.
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