La oposición considera que la normativa aprobada por la Asamblea resta competencias a los gobiernos seccionales.
La reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo aprobada por la Asamblea es una normativa más para restar competencias y autonomía a los gobiernos seccionales, aseguran sectores de oposición al Gobierno.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz (RC), manifestó que, la propuesta no constituye una mejora técnica, sino que abre la puerta a decisiones que podrían beneficiar intereses particulares por encima de la planificación urbana y el interés colectivo.
“El uso del suelo debe definirse desde las ciudades y en función de sus ciudadanos, no desde intereses ajenos al territorio (…). Solo a esta Asamblea se le ocurre hacer reformas a la ley de uso y gestión del suelo sin la opinión de las alcaldías”, indicó.
Por su parte la asambleísta Cecilia Baltazar (ExPachakutik) agregó que la normativa abre la puerta a la presión del Ejecutivo hacia alcaldes y prefectos. Puesto que, será desde el Gobierno central el que determine qué tipos de proyectos se pueden desarrollar en las diferentes localidades. «Nos preocupa que algunos alcaldes no puedan sostener la defensa de los territorios indígenas, las fuentes de agua libres de extractivismo», dijo la legisladora.
Por su parte Lucia Pozo, legisladora oficialista y presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos que trabajó la normativa, aseguró que la ley ordena las ciudades y prioriza la vivienda digna con reglas claras. Agregó que se fortalece la planificación, mejora el control y garantiza un uso responsable del territorio.
Artículos polémicos
El proyecto aprobado incorpora:
Declaración de Proyectos Nacionales de Carácter Estratégico de Construcción de Vivienda. Permite al presidente de la República declarar la condición de proyecto nacional estratégico de construcción de vivienda todo proyecto que cumpla con los requisitos que se establecerán en reglamento que para el efecto emitirá el ente rector de hábitat y vivienda.
Cuando un proyecto sea declarado como estratégico los municipios estarán obligados a garantizar a la declaratoria la plena equivalencia legal con la figura de declaración responsable, como título habilitante pleno para el inicio de obras; emitir los permisos, informes y actos administrativos posteriores al inicio de obra en el plazo máximo de 30 días desde su solicitud; aplicar criterios técnicos uniformes para el cálculo de tributos, garantizando la no discriminación; abstenerse de exigir condiciones, tributos o procedimientos no previstos en normativa nacional o que afecten la viabilidad del proyecto.
Incluso, se incorpora como atribuciones, de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, el informar anualmente al presidente de la República sobre el cumplimiento de los mandatos de la Ley, por parte de los municipios; imponer sanciones administrativas por incumplimiento de competencias en trámites; supervisar el cumplimiento del principio de legalidad en la intervención de Concejos Metropolitanos y Municipales en procesos de habilitación de suelo y aprobación de proyectos, disuadiendo excesos respecto a lo dispuesto por la Ley.
