La sentencia que dicte sobre la remoción de Jorge Yunda servirá como esclarecer competencia en futuros casos.
¿Quién tiene la última palabra ante la remoción de una autoridad seccional? ¿El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) o la justicia ordinaria? Ese es el dilema que tendrá que resolver la Corte Constitucional, a propósito de la audiencia de acción extraordinaria de protección que se cumplió este lunes, frente a la crisis que se vive en la Alcaldía de Quito.
La acción extraordinaria de protección fue presentada por los concejales Santiago Guarderas y Mónica Sandoval, frente a la resolución de la Corte Provincial de Justicia de dejar sin efecto la remoción del alcalde Jorge Yunda que había sido aprobada con 14 votos por el Concejo Metropolitano de Quito el 3 de junio y ratificada luego en consulta por el pleno del TCE.
En la política no hay amigos, hay intereses, en la política se puede freír granizo, así me decían y lo he comprobado.
— Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) June 3, 2021
Nuevamente la justicia me ha dado la razón, se han otorgado medidas cautelares, ordenando al Concejo Metropolitano no posesionar al señor Guarderas que quiere entrar por la ventana. #YundaEsElAlcalde https://t.co/2JxaR3mikP
— Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) July 7, 2021
Las partes procesales convocadas a la audiencia de esta mañana coincidieron en señalar que la sentencia que dicte la Corte servirá como antecedente para resolver conflictos similares que se presenten a futuro en los organismos seccionales.
El proceso
La audiencia estuvo a cargo de la jueza constitucional Karla Andrade. En representación de Guarderas intervinieron los abogados Juan Francisco Guerrero y Emilio Suárez, quienes realizaron un recuento del proceso desde que se integró la Comisión de Mesa para elaborar el informe, la aprobación por parte del Concejo Metropolitano, la absolución de consulta por parte del TCE y de los fallos judiciales a favor del Alcalde.
Los abogados explicaron que el recurso que presentaron es en contra de la sentencia de 1 de julio de la jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia, María Belén Domínguez, que otorgó una acción de protección parcial; y del fallo de los jueces de la Corte Provincial del 30 de julio que revocó la remoción.
Quintana y Suárez afirmaron que se vulneraron los derechos constitucionales de Guarderas al debido proceso y a la seguridad jurídica.
Por su parte, Domínguez, quien se encuentra suspendida por un presunto sorteo irregular de la causa, dijo que la decisión que adoptó fue debido a la falta de imparcialidad en el tratamiento del informe de la Comisión de Mesa, ya que los mismos que los aprobaron fueron quienes lo trataron como integrantes del Concejo Metropolitano.
Otras intervenciones
Jorge Zavala Egas, abogado de Yunda, agregó que el Alcalde tenía derecho a un proceso de remoción a cargo de organismos imparciales, pero que en este caso la Comisión de Mesa actuó como juez y parte.
Édison Carrillo, abogado del concejal Fernando Morales, recordó que la Judicatura ha observado el sorteo de la causa que recayó en Domínguez por presuntas irregularidades que deben ser tomadas en cuenta al momento de que la Corte Constitucional emita su fallo.
Tras escuchar los argumentos la jueza constitucional deberá elaborar un proyecto de sentencia para que sea aprobado por el pleno del organismo constitucional.
Tras la audiencia, la ciudad queda a la espera de la decisión de la Corte, sobre la que no se conocen plazos aún.
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