POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
Escondido, en medio del vasto páramo y de grandes extensiones de un verde que se asemeja más al amarillo que a su propia esencia, se levanta Quimsacocha. Un lugar sagrado para quienes han habitado sus tierras y han tomado su agua, pero también un lugar que es la fuente de cientos de miles de litros líquidos que bajan hasta las comunas y las grandes ciudades. Pero este también es un espacio que ha estado en disputa por décadas por su riqueza, pero no esa que se basa en el agua, sino la que llega por el descubrimiento de grandes yacimientos de metales.
Hoy, se plantea que Quimsacocha se convierta en el hábitat de un gran proyecto minero, llamado Loma Larga; uno que ha estado en papeles y planes desde hace más de tres décadas. Yaku Pérez, político y activista que ha seguido de cerca este proceso desde sus inicios, asegura que, de hecho, este viene desde 1994. Pero también trae el peligro característico de las actividades extractivas a este espacio: un proyecto que hoy, una vez más, vuelve a entrar en disputa, luego de que el Gobierno entregó la licencia ambiental para su ejecución.
En medio de este nuevo panorama y las voces que han vuelto a alzarse en favor de Quimsacocha con grandes movilizaciones y consignas, hoy, es una vez más necesario comprender qué es Quimsacocha y qué significa este espacio para la vida en el país y de las personas que allí habitan.
La importancia de Quimsacocha
Quimsacocha, que realmente debería escribirse Kimsacocha por su alocución en kichwa que significa tres (kimsa) lagos o ríos (cocha), es mucho más que un páramo, es un sistema de vida.
Este espacio se ubica en Azuay, entre los cantones de Cuenca y Girón, y es un ecosistema altoandino declarado Área Nacional de Recreación en 2012. Además, es parte de la Reserva de la Biósfera Macizo del Cajas, reconocida por la Unesco.
Desde sus lagunas y pajonales nacen cinco ríos que abastecen de agua potable a más de 600 mil personas en Cuenca y otras poblaciones, y riegan más de 2.000 hectáreas de tierras agrícolas. Sus aguas también alimentan a la hidroeléctrica de Paute, que genera cerca de un tercio de la energía eléctrica que consume el país.
La función de este páramo no se limita a ser una fuente de agua. Los suelos esponjosos de Quimsacocha almacenan y liberan agua de manera constante, asegurando caudales incluso en temporadas de sequía. La vegetación nativa, desde los pajonales hasta las plantas endémicas, actúa como esponja natural y retiene carbono, ayudando a mitigar los efectos del cambio climático. Se han registrado, de hecho, más de 400 especies de plantas y cerca de 100 aves, algunas exclusivas de esta zona, lo que convierte al páramo en un refugio de biodiversidad.
Pero su importancia no es sólo ecológica, sino también social y cultural. Alrededor de Quimsacocha viven comunidades campesinas e indígenas que dependen de estas aguas para el consumo humano, el riego de sus cultivos y el pastoreo de su ganado. De hecho, esta zona también fue fundamental para el inicio de la vida de personajes como Yaku Pérez, quien creció cerca de las vertientes que nacen de Quimsacocha.
En un perfil escrito por Alexis Serrano Carmona y publicado por la revista Gatopardo, Pérez cuenta cómo, cuando era pequeño, él no tenía agua en su comunidad y cómo todos los días tenía que caminar al menos 30 minutos para poder colectarla en el río Tarqui y cargar grandes pomos hasta su hogar. Pero también recuerda cómo la comunidad se organizó para cavar una tubería de al menos unos 10 kilómetros que llevó el agua, un día, hasta sus hogares; agua que venía justamente desde las escorrentías de Quimsacocha. Y es que, para Yaku Pérez ese día fue tan importante que pasó de no bañarse seguido a bañarse tres veces el mismo día para celebrar que ya tenía agua en su casa.
Estas son las historias que cuentan Quimsacocha y por las que este páramo se ha convertido en un lugar sagrado a lo largo de los años. Para comunidades como las que habitan en Girón, este páramo también es su hogar; allí, como dice Pérez, “nuestros abuelitos adquirieron esos terrenos hace más de un siglo”.
En Quimsacocha confluyen el agua, la cultura y la historia. Sus lagunas no sólo sostienen la vida de miles de familias, sino que son parte de la memoria de lucha de la región; una lucha que sigue viva. Por esto, para quienes habitan y protegen este territorio, la discusión no es sólo sobre si existe un proyecto minero o no; es sobre el futuro de la seguridad hídrica de toda una provincia, de más de un cantón, y de cientos de miles de personas. Es sobre la permanencia de un ecosistema que regula el clima, conserva los suelos y alberga especies únicas. Y es también una lucha por el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio destino. Como resume Yaku Pérez en diálogo con Ecuador Chequea: Quimsacocha “más que una mina de oro, es una mina de agua”.
Sobre Loma Larga
El proyecto Loma Larga es, quizá, el capítulo más complejo en la historia de Quimsacocha. Se trata de una iniciativa de minería subterránea de oro, plata y cobre, ubicada a unos 30 kilómetros de Cuenca, que ha pasado por varias manos y nombres a lo largo de más de tres décadas. Lo que comenzó en los años noventa, con concesiones otorgadas durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, ha atravesado gobiernos, empresas y litigios hasta convertirse en lo que es hoy, un proyecto liderado por la canadiense Dundee Precious Metals, que en 2021 adquirió el control de la empresa INV Metals y con ello las concesiones de la zona.
Y los números del proyecto no son menores. Según estudios de factibilidad, se calcula que el yacimiento tiene reservas probadas de casi un millón de onzas de oro, además de plata y cobre, y que podría generar alrededor de 200.000 onzas de oro por año en sus primeros cinco años de explotación. La inversión proyectada supera los 400 millones de dólares y su vida útil estimada es de 12 años. Durante la fase de construcción se espera que genere alrededor de 1.500 empleos. Esto, según han informado los reportes del proyecto. Aunque las comunidades lo han pintado, desde ya, como una amenaza.
Pero la ubicación del proyecto es el núcleo de la controversia. Loma Larga se asienta en plena zona de recarga hídrica, en un páramo que alimenta cinco ríos esenciales para Cuenca y sus cantones vecinos. Estudios de la empresa municipal Etapa y de la Prefectura de Azuay han advertido que la explotación minera podría poner en riesgo la calidad y cantidad del agua que consume la ciudad.
En 2024, un informe técnico de Etapa concluyó que la explotación sería «no viable» debido al alto riesgo de contaminación con metales pesados y drenaje ácido de mina que podría llegar hasta las plantas de tratamiento de agua potable.
Por ello, la historia de Loma Larga está marcada por la resistencia social. En 2019, el cantón Girón realizó la primera consulta popular enfocada en el ambiente y convocada por la sociedad en el país; un proceso en el que el 86,79% de los votantes rechazó la minería en sus fuentes de agua. Dos años después, en 2021, la ciudadanía de Cuenca ratificó ese rechazo en una nueva consulta popular en la que cerca del 80% se pronunció en contra de la explotación minera en las zonas de recarga hídrica. Y lo mismo ocurrió con la consulta ambiental con las comunidades. Además de estas consultas, se han presentado acciones de protección, demandas y procesos judiciales que han obligado al Estado a cumplir con procedimientos como la consulta previa, libre e informada a las comunidades potencialmente afectadas. Y todos estos procesos han sido parte de la historia de Quimsacocha.
Este 2025 ha sido un año clave para el proyecto. En junio, el Gobierno otorgó la licencia ambiental para la fase de explotación de Loma Larga de forma oficial, lo que desató una nueva ola de movilizaciones y pronunciamientos en contra. Etapa, la Prefectura y organizaciones sociales anunciaron que interpondrán acciones legales para dejar sin efecto esa licencia, argumentando que viola el mandato popular expresado en las consultas y que no garantiza la protección del agua. Esto incluso llevó a que organizaciones sociales como la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay convoquen a una gran marcha por el agua para este martes, 16 de septiembre. Pero esta ha sido sólo una parte de la polémica.
Un nuevo capítulo
Tras los anuncios de movilizaciones para este martes, el presidente, Daniel Noboa, visitó Cuenca. Inauguró obras, llegó a instituciones y en una entrevista radial, por fin se pronunció sobre el proyecto minero en Quimsacocha. Afirmó que hay una “altísima” probabilidad de que el proyecto no se realice, debido a las implicaciones ambientales que han denunciado los gobiernos locales. Sin embargo, su anuncio lo dio con un recelo que terminó, en el discurso, dejando la responsabilidad del cierre en estos mismos gobiernos (el Municipio de Cuenca y la Prefectura del Azuay).
Ese matiz en su declaración no pasó desapercibido. Noboa subrayó que su gobierno acatará lo que digan los informes técnicos de las autoridades locales, pero fue enfático en decir que, si deciden frenar el proyecto, deberán estar dispuestos a enfrentar las consecuencias legales y financieras que esto traiga. «Municipio y Prefectura deberán asumir la plena responsabilidad de sus decisiones», dijo, advirtiendo que cancelar la explotación podría implicar demandas internacionales contra el Estado ecuatoriano y, eventualmente, el pago de indemnizaciones millonarias futuras a la empresa minera.
El mensaje del presidente, aunque parece alinearse con la defensa del agua, deja en el aire una sensación de ambigüedad. Por un lado, asegura que «no hay dólar que valga la salud de los cuencanos», pero por otro, advierte que «llega la cuenta en algún momento», haciendo referencia a los costos que tendría que asumir el Estado si se cancela el proyecto; citando otros casos incluso como el de Chevron. Esta dualidad ha generado críticas de quienes ven en sus declaraciones un intento de trasladar el peso político y financiero de la decisión a las autoridades locales, a pesar de que el Gobierno central fue quien otorgó la licencia ambiental.
Esta narrativa ha sido repetida por la ministra de Ambiente y Minas, Inés Manzano, quien aseguró que “ellos deberían hacer algo, ellos deberían entregar el por qué no se da el proyecto”. “Nosotros tenemos a pocos kilómetros de aquí, en Molleturo, minería ilegal; nosotros estamos combatiendo la minería ilegal y tratando de que la minería legal se establezca, pero nosotros tampoco nos vamos a imponer si hay una sociedad que está diciendo que hay un riesgo. Pero deben poner el informe que demuestre ese posible daño. Nosotros estamos cumpliendo una sentencia del año 2022”.
La sentencia a la que se refieren, tanto Manzano como Noboa, es una resolución judicial de 2022, que dispuso la suspensión de las actividades de Loma Larga, hasta que la empresa y el Estado cumplan una serie de requisitos. Entre estos, la respectiva consulta previa con las comunidades cercanas.
Hoy, para los colectivos que se oponen a la minería en Quimsacocha, este es un punto sensible. Yaku Pérez, en entrevista, recuerda que la lucha no es de ahora, sino de tres décadas: «venimos 30 años resistiendo pacíficamente… hemos ganado tres consultas populares, dos procesos jurisdiccionales, dos procesos constitucionales». Para él, la posición del presidente no debe quedarse en una advertencia, sino debe traducirse en hechos concretos que respeten el mandato popular.
El debate, entonces, parece moverse en dos carriles paralelos. De un lado, el gobierno que llama a la responsabilidad técnica, legal y ambiental; junto con la ‘disposición’ de no seguir con el proyecto, aunque tirando la responsabilidad a otros. Mientras que del otro lado están comunidades y organizaciones que consideran que las consultas populares ya cerraron el debate y que la licencia ambiental es un desconocimiento de la voluntad ciudadana.
La gran marcha por el agua convocada para el 16 de septiembre busca precisamente recordarle al Gobierno que el resultado de esas consultas no es simbólico, sino vinculante, así lo asegura Pérez.
La visita de Noboa a Cuenca, en lugar de cerrar la controversia, parece haber reavivado el debate y dado un nuevo impulso a las movilizaciones. Para los defensores de Quimsacocha, el mensaje es claro; y es que el agua no se negocia y las consultas ya hablaron. Para el Gobierno, en cambio, la decisión final parece aún depender de un equilibrio entre lo técnico, lo político y lo económico.
Y lo que ocurra en los próximos días marcará, no sólo el destino de Loma Larga, sino también el precedente para otros proyectos mineros en zonas de recarga hídrica en el país. Y es que, según Pérez, la marcha en Cuenca no es sólo por el agua de Cuenca. “Serán miles de personas que llegarán a la ciudad para marchar por el agua y por otros proyectos también, como el de Las Naves”.
Análisis del discurso oficial
Franklin Bucheli, abogado ambiental, explica que el pronunciamiento del presidente Noboa, en lugar de resolver el problema de fondo, «genera más conflicto». Para Bucheli, el anuncio es una especie de «ping-pong administrativo», en el que se intenta pasar la responsabilidad a las entidades locales, como el Municipio o el Consejo Provincial, algo que no les corresponde, según la Constitución. El abogado recalca que el uso de los recursos naturales y del subsuelo es una potestad exclusiva del Estado central; por lo que es este el encargado de hacerse cargo de este manejo.
Además, Bucheli criticó que el Gobierno, al otorgar una licencia ambiental para una actividad extractiva en un área protegida, ha «violentado las normas constitucionales y legales». Esta acción es especialmente grave debido a la presencia de «ecosistemas frágiles» en el sector de Quimsacocha, los cuales están protegidos por la Constitución.
Según el abogado, el pronunciamiento del presidente es solo eso, un pronunciamiento; no un acto administrativo formal. Bucheli ve en esta declaración un intento del Gobierno de «lavarse las manos». pero considera que en realidad se está
«ensuciando el cuerpo entero con ese tipo de decisiones». El experto también menciona que la decisión del presidente podría establecer una «responsabilidad a terceros actores públicos institucionales» en caso de acciones legales por parte de las transnacionales, ya que el Gobierno otorgó un derecho que no debió conceder.
Sobre la posibilidad de demandas internacionales y el ejemplo del caso Chevron que mencionó el presidente, Bucheli explica que las empresas transnacionales suelen «blindarse» en sus contratos con los estados, estableciendo un sistema de arbitraje internacional para la resolución de conflictos. Este sistema, que es aceptado por el Estado ecuatoriano, a menudo «vulnera los derechos no solamente de la naturaleza, sino del estado mismo», ya que los arbitrajes rara vez fallan a favor de la nación. Por lo que asegura que este escenario puede ocurrir.
El abogado ambiental afirma que este tipo de negociaciones son «desventajosas para los intereses nacionales». Anticipa que el caso de Loma Larga «va a devenir en una acción» legal y que la consecuencia probable serán «indemnizaciones millonarias, que al final el pueblo ecuatoriano termina pagando». Bucheli, sin embargo, califica las acciones del Gobierno y la firma de estos contratos como irresponsables y lamenta que nunca se aplique el «trillado derecho de repetición» contra los funcionarios que toman estas decisiones.
Asimismo, la FOA (Federación de Organizaciones del Azuay) también respondió a las declaraciones del presidente. A través de un comunicado, la entidad aseguró que el presidente no ha reconocido las múltiples victorias legales que se han alcanzado en Quimsacocha, desde consultas populares o instancias judiciales y constitucionales. Además, la organización aseguró que el Gobierno no puede responsabilizar a gobiernos locales por estas decisiones. Esto, debido a que “han sido los distintos gobiernos de turno, desde 1994 hasta la actualidad, quienes han promovido y auspiciado la minería en un territorio donde esta actividad jamás ha sido ni será compatible con la vida, el agua y los páramos de Quiimsacocha. Pretender cargar esta responsabilidad a municipios y prefecturas, es un acto de manipulación política y de evasión de la verdadera responsabilidad estatal”.
Por último, piden que, si realmente se busca no continuar con el proyecto, se separe de sus funciones a la ministra de Ambiente y Minas, Inés Manzano, por haber entregado la licencia ambiental; que se exija el retiro de la legisladora Camila León de la presidencia de la Comisión de Biodiversidad; aclarar de forma pública supuestos fondos recibidos por Lavinia Valbonesi, a través de la Fundación Ana, en torno a este proyecto y garantizar la prohibición definitiva de toda actividad minera en Quimsacocha. Esto, pese a que la marcha se mantiene.
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