La existencia de la Corte Constitucional —y sus funciones— no es un asunto menor. Como contrapeso es una garantía democrática.
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
La Corte Constitucional está bajo ataque, tras haber emitido una suspensión a varios artículos de las leyes impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa y aprobadas, sin mayor debate u oposición, en la Asamblea Nacional. Lo que se vio desde el organismo como una forma de frenar posibles vulneraciones de derechos antes de emitir una sentencia en firme, hoy ha sido criticado por varios sectores. Y hasta por el propio Gobierno.
Ayer, en declaraciones públicas, el presidente, Daniel Noboa, fue tajante al llamar a sus simpatizantes a movilizarse junto a él contra la Corte Constitucional. “Porque no podemos permitir que nueve personas entronadas, que ni siquiera quieren aparecer en fotos, vengan y nos tiren abajo las leyes que les pueden dar seguridad a cada uno de ustedes. Las leyes que les pueden dar paz a sus familias y que los pueden dejar trabajar en paz. Ese día 12, el martes, yo marcharé con la gente y marcharemos hacia la Corte Constitucional para hacer sentir el verdadero poder del pueblo”, dijo Noboa antes de terminar su discurso.
Y esta afrenta directa se suma a las declaraciones dadas por Zaida Rovira, ministra de Gobierno, y Niels Olsen, presidente de la Asamblea, rodeados de policías y militares criticando directamente la decisión de la Corte y poniendo en entredicho las medidas tomadas, por estar solo expuestas en un comunicado, según aseguraron.
Todas estas voces se suman hoy al debate y a lo que los expertos leen como un ataque directo a la Corte Constitucional para debilitarla; algo que se refuerza tras la publicación de las preguntas que Noboa plantea presentar en la consulta popular planificada para diciembre. Una de estas hace mención directa de este organismo, abriendo la posibilidad a que los jueces de la Corte puedan ser sometidos a juicio político.
Pero, ¿por qué este discurso representa un riesgo alto para la democracia en el país, ¿cuál es la verdadera función de la Corte Constitucional? Aquí te lo contamos.
¿Qué es y para qué sirve?
La Corte Constitucional no dicta las leyes ni las ejecuta, pero es la institución encargada de vigilar que todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo e, indirectamente, Judicial) se mantengan dentro de los márgenes de la Constitución. Su función, dicen los expertos, es actuar como dique de contención frente a posibles extralimitaciones del poder. Y en un país donde la concentración de poderes ha sido una lucha histórica, ese rol es más que técnico; según expertos, es profundamente democrático.
“La Corte es un órgano trascendental en un Estado democrático porque ejerce el control constitucional”, explica la constitucionalista Ximena Ron. “Controla que los poderes del Estado se ajusten al marco constitucional. Y, si no existiera ese límite, el poder podría desbordarse y, con ello, vulnerar derechos”.
Esa función de control no se limita a revisar leyes, sino también examina decretos presidenciales, posibles inconstitucionalidades, estados de excepción y acciones legislativas, entre otros actos con impacto nacional, como la calificación de consultas populares. Este ente es también el órgano que interpreta la Constitución, un papel que antes correspondía a la Asamblea pero que, desde 2008, fue transferido a la Corte. “Tiene sentido que la Corte interprete la Constitución porque es el órgano que la controla”, apunta Ron.
Además, la Corte actúa como el órgano de cierre del sistema judicial. Por ejemplo, cuando una persona ha agotado todos los recursos dentro del sistema ordinario y sigue considerando que sus derechos han sido vulnerados, puede presentar una acción extraordinaria de protección. La Corte, entonces, revisa el caso y tiene la última palabra.
Pero su labor va más allá. Para el constitucionalista Álex Valle, la Corte es un pilar dentro del sistema de pesos y contrapesos que sostiene a las democracias modernas.
“La importancia que tiene la Corte es precisamente en la revisión de que se cumplan los estándares mínimos en derechos fundamentales”, dice. Y recuerda que ese rol no se limita al control del Ejecutivo o el Legislativo: también es crucial frente a posibles abusos en el uso de la fuerza pública, como en casos de desapariciones forzadas o tortura. “Es fundamental tener un órgano que diga: ‘estos son los límites, usted está vulnerando derechos humanos y no puede hacer esto’”.
Javier Acuña, por su parte, resalta que la Corte no sólo ejerce control, sino que traza el camino de la convivencia democrática. “Es el árbitro de la democracia”, sostiene. “Su existencia permite que las instituciones y los ciudadanos recurran a ella para obtener un criterio general e inapelable que construye certezas jurídicas, políticas, cívicas y económicas”. Y es ese carácter de intérprete supremo de la Constitución, lo que ha permitido que la Corte fije criterios sobre temas tan diversos como el matrimonio igualitario, la eutanasia, los derechos laborales, las pensiones, el presupuesto para la educación o la seguridad ciudadana.
“Para que sea eficaz, la Corte necesita tres atributos: autonomía total, resoluciones inapelables e inmunidad frente al juego político coyuntural. Si se le quita uno solo de esos instrumentos, ya no puede cumplir su función. Y si eso ocurre, no se necesitaría una reforma parcial, sino una Asamblea Constituyente”, dice Acuña.
La Corte como actor clave
La Corte Constitucional, en los últimos años, ha emitido sentencias que han marcado el rumbo político, social e institucional del país. Desde ampliar derechos fundamentales hasta detener abusos del poder, su historial de fallos es, al mismo tiempo, un mapa de la evolución democrática del Ecuador y una fuente constante de tensiones con los gobiernos.
Uno de los casos más recientes fue el de la disolución de la Asamblea Nacional en 2023, decretada por el entonces presidente Guillermo Lasso bajo la figura de la “muerte cruzada”. La Corte fue llamada a pronunciarse tras múltiples demandas que pedían declarar inconstitucional el decreto presidencial. Pero el organismo no se metió en el fondo político de la decisión, simplemente verificó que el procedimiento se haya cumplido formalmente. Así lo ejemplifica Valle, quien asegura que estas acciones demuestran la importancia de una Corte lejos del juego político.
“El rol de la Corte no es decidir si el Presidente tuvo o no razón política al disolver la Asamblea”, explica el jurista Javier Acuña. “Lo que hace es verificar que se haya respetado el procedimiento constitucional. Y eso está claramente establecido: la Corte actúa como árbitro, no como actor político”.
Asimismo, los expertos destacan que el organismo fue el único contrapeso que tuvo el expresidente cuando su decisión, a través de decreto, podía convertirse en ley sin ningún otro filtro. Así, fue la misma Corte la que se encargó de revisar, una por una, las leyes económicas urgentes que Lasso emitió por decreto durante el vacío legislativo. Entre ellas, rechazó una norma que pretendía promover inversiones y zonas francas, al considerar que no cumplía los requisitos de urgencia ni de conexidad con la situación económica; al tiempo que aprobó una ley de alivio tributario familiar.
Ese equilibrio, entre permitir lo necesario y frenar lo desproporcionado, mostró la utilidad del sistema de control previo. “La Corte no suple la deliberación política, pero sí evita que en ausencia de contrapesos se impongan decisiones que vulneren derechos o desborden los límites constitucionales”, dice Ximena Ron.
Pero su protagonismo no ha sido sólo en temas de institucionalidad. También ha fijado precedentes en materia de derechos civiles. En 2019, declaró inconstitucional limitar el matrimonio únicamente a parejas heterosexuales, y ordenó al Registro Civil permitir el matrimonio igualitario. Dos años más tarde, despenalizó el aborto en casos de violación y exigió una ley que regule su acceso. Y en 2023, habilitó la consulta popular impulsada por colectivos ambientales que terminó prohibiendo la explotación petrolera en el Yasuní, dentro del bloque ITT.
“La Corte ha fijado criterios sobre todo: eutanasia, derechos laborales, pensiones, presupuesto para educación, obligaciones tributarias”, dice Acuña. “Y lo ha hecho como lo que es, el intérprete de la Constitución, que actúa como garante de la convivencia democrática y como árbitro frente a los conflictos entre funciones del Estado”.
Esos casos no sólo muestran lo que la Corte puede hacer, sino también por qué incomoda. Porque en cada uno de sus casos, su intervención supuso un freno a decisiones políticas, económicas o ideológicas tomadas, o no tomadas, por los otros poderes del Estado. Y, como explica Valle, eso no la convierte en un obstáculo, sino en una garantía: “La Corte existe para limitar los excesos. Si se elimina o se llena con jueces funcionales al poder, el riesgo no es sólo institucional, es democrático”.
Los riesgos de este discurso
Hoy, abrir la puerta para someter a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional y emprender una estrategia de confrontación no es un simple discurso, según los expertos. Para ellos, se trata de un riesgo directo al corazón del sistema democrático, porque atenta contra uno de los tres pilares que permiten que la Corte cumpla su rol; su independencia frente al poder político.
“El juicio político no sólo pone en riesgo a los jueces como personas, sino a la institución como garante”, dice Valle. “Es una forma de vaciar su función y reemplazarla por una lógica de conveniencia. Y ahí ya no hay control constitucional, sino hay subordinación”.
El sistema actual, que impide someter a juicio político a los jueces de la Corte, dicen, fue diseñado así para que sus decisiones no dependan de la popularidad ni de la coyuntura. Para Javier Acuña, eliminar esa inmunidad, junto con su autonomía o con el carácter inapelable de sus resoluciones, anularía por completo su eficacia. “Si le quitas uno de esos tres atributos (autonomía, resoluciones inapelables o inmunidad frente al poder político) la Corte ya no puede cumplir su función”.
La propuesta de reforma parcial, entonces, no sólo sería jurídicamente insuficiente. También abriría la puerta a que cualquier decisión que incomode a los Gobiernos pueda ser castigada, y a que los jueces sean reemplazados por figuras afines. “Eso ya lo hemos visto en la historia”, dice Valle. “En el nazismo, en las dictaduras latinoamericanas, cuando el derecho se convirtió en herramienta de persecución y no de protección”.
Y en el contexto actual, donde la crítica institucional ha ido acompañada de llamados públicos a movilizarse hacia la Corte, con respaldo de fuerzas policiales y militares en la escena, los expertos alertan sobre un mensaje peligroso: que el control constitucional es un obstáculo que debe ser removido. Para Ximena Ron, esa narrativa pone en entredicho el pacto democrático que sostiene al país. “La Corte no gobierna ni legisla. Su rol es garantizar que quienes lo hacen respeten la Constitución. Sin ese límite, el poder se desborda. Y con eso, los derechos se vuelven letra muerta”.
Por eso, para Valle, abrir la posibilidad de que los jueces constitucionales sean removidos por juicio político representa un riesgo sumamente alto. “Todas las instituciones democráticas a nivel mundial tienen un sistema de control a través de cortes constitucionales. Eliminar ese control es entrar en una etapa de autoritarismo. O, del otro lado, se puede vaciar la Corte al poner jueces utilitarios, funcionales al poder”.
En ese sentido, la Corte puede ser vista como el último punto de control constitucional que evita que cualquier función del Estado actúe a discreción. Por esto, Acuña es firme: “¿Quiere usted una dictadura? Túmbese a la Corte Constitucional y sus tres atributos”.
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