Es el nuevo Procurador General tiene amplia trayectoria en el sector privado, incluido el Banco Guayaquil, del que es accionista desde el 2009. En el sector público, sin embargo, su experiencia se limita a su paso por el Ministerio de la Producción. 

Juan Carlos Larrea Valencia, quien fue el tercero de la terna que remitió el presidente, Guillermo Lasso, al Consejo de Participación Ciudadana (CPC), fue designado Procurador General del Estado. Él reemplazará a Íñigo Salvador, quien se encuentra en funciones prorrogadas. En los próximos días deberá ser posesionado por la Asamblea y se convertirá así en el abogado del Estado. «Voy a fortalecer la defensa nacional e internacional de los intereses públicos, buscaré mejorar los indicadores de sentencias favorables de laudos internacionales, buscar mecanismos eficientes para recuperar los activos generados de actos de corrupción y fortalecer la institucionalidad de la entidad», manifestó Larrea, con relación al trabajo que espera cumplir en esa institución. 

Larrea nació en Guayaquil y tiene 51 años. Es abogado graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Entre los cargos desempeñados que hace constar en su hoja de vida están: haber trabajado en el Banco de Guayaquil, primero como asistente legal y luego como subgerente del Departamento Legal, puestos ejercidos entre agosto de 1995 y julio de 1999. En el catastro de la Superintendencia de Bancos, con fecha de hoy, aparece como accionista directo de ese Banco desde el 18 de marzo de 2009. También laboró en el Servicio de Rentas Internas (SRI), como coordinador de regional del área legal entre agosto y noviembre de 1999; mientras que de noviembre de 1999 a febrero de 2000 fue asesor jurídico del Ministerio de la Producción; fue socio del estudio jurídico Moeller, Gómez-Lince y gerente legal de Holcim Ecuador S.A., entre otros. En el ámbito académico ha sido profesor invitado en varias materias en la Universidad Católica de Guayaquil. Inclusive en el 2009 fue miembro del Directorio del Directorio de la Asociación del Fútbol del Guayas. 

Según el portal del SRI, el año que registra menor pago de impuesto es en el 2000, donde declaró 934 dólares; en el 2012 la cifra asciende a 14.296. Pero la cifra más alta de pago de impuestos consta en el 2020, con 34.727 dólares. La declaración de impuestos del año anterior sufre una baja significativa: 1.751 dólares.

Mientras que en el portal de la Contraloría, la declaración juramentada de bienes data del 2017, donde consta como total de patrimonio 198.277 dólares. 

Su plan de trabajo 

Durante la exposición del plan de trabajo que presentó al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, Larrea expresó que la esencia de la Procuraduría es la de ser una entidad técnica- jurídica, no política, cuya misión debe ser complementada con el trabajo por la garantía y protección de los Derechos Humanos en el país y fortalecer la institucionalidad estatal. Agregó que la institución debe acercarse a la ciudadanía y que su desafío es la transparencia y la lucha contra la corrupción, tutela de los Derechos Humanos, implementación de un nuevo modelo de gestión acorde a la nueva realidad pospandemia, la necesidad de acercamiento a los usuarios y de utilización de plataformas digitales. 

Como temas urgentes que deberá tratar, manifestó que se deben tomar en cuenta tres casos especiales: el laudo arbitral del caso de la petrolera francesa Perenco; el caso Chevron, donde la Procuraduría presentó un recurso de casación dentro del proceso de anulación del segundo laudo parcial en el caso del arbitraje con la petrolera ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) en La Haya; y el caso Oxi. “En el caso Oxi, por ejemplo, hay que aplicar el tema de la repetición, para que ese mecanismo se aplique de manera efectiva”, dijo Larrea.

La designación

La decisión de designar a Larrea como nuevo Procurador la tomó el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana con cuatro votos a favor: Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira; dos asbtenciones: David Rosero y Sofía Almeida; y uno en contra: Juan Xavier Dávalos.

Almeida dijo que el hasta entonces postulante tenía amplia experiencia en el sector privado, pero no en el público, que es lo deseable para ese cargo. Mientras que Rosero aseguró que la designación de Larrea responde a la lógica de una mayoría del Consejo, que es afín al Gobierno, que, para él, busca controlar todas las instituciones del Estado. 

Por su parte, los consejeros de mayoría, que dieron su voto, argumentaron que lo hicieron ya que presentó un plan de acción coherente y que cumplía con una amplia trayectoria y meritocracia. Estupiñán destacó que la postulación de Larrea fue la única que no fue impugnada por la ciudadanía dentro del proceso de designación.  

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