El tema ha vuelto a debate con la posibilidad de que este tipo de instalaciones regresen a Ecuador. Conoce más sobre esto.
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
Desde diferentes puntos de vista y perspectivas, un debate ha vuelto a latir con fuerza entre la población y entre los sectores de seguridad. Un tema que inicia a finales de los noventa, cuando Ecuador abrió las puertas a la cooperación militar con Estados Unidos y cedió parte de la Base Aérea Eloy Alfaro, de Manta, para operar vuelos de vigilancia antidrogas y sistemas tecnológicos de rastreo; que abarca 10 años hasta que las puertas volvieron a cerrarse y que obligó a los funcionarios norteamericanos a salir del país; y llega a hoy, cuando en medio de una de las peores crisis de seguridad, esa puerta se entreabre otra vez.
El Gobierno de Daniel Noboa plantea realizar una consulta popular en diciembre para eliminar la prohibición constitucional que impide la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional. Y con ello, perfila el posible regreso de tropas aliadas al país, en medio de una narrativa que las presenta como un salvavidas logísticos, estratégicos y tecnológicos frente a la expansión del narcotráfico.
¿Qué dejó realmente la base de Manta? ¿Cuánto ayudó, o cuanto comprometió, a Ecuador en su lucha contra el crimen organizado? ¿Qué significa, veinte años después, volver a abrir ese espacio a fuerzas extranjeras? La respuesta a esto no está necesariamente en el futuro, sino en el pasado que el país aún discute.
Lo que fue la ‘base de Manta’
Entre 1999 y 2009, la Base Aérea Eloy Alfaro, en Manta, albergó un Puesto de Operaciones Avanzada de Estados Unidos, resultado de un convenio de cooperación firmado en noviembre de 1999 por el gobierno de Jamil Mahuad. No se trató de una cesión del espacio de Fuerzas Armadas, sino de una operación militar conjunta en la que personal estadounidense, rotativo entre 100 y 300 efectivos, utilizó parte de la base para realizar acciones de vigilancia, sobrevuelos y ataque directo aéreo y marítimo contra el narcotráfico. Todo esto se dio en el marco del Plan Colombia y como consecuencia del cierre de la base de Estados Unidos en Panamá.
Desde ese momento, los aviones de patrullaje P-3 Orión y sistemas de radar monitorizaron las rutas del narcotráfico sobre el Pacífico y los cielos del norte. Manta se convirtió en un punto clave para detectar la actividad local y la que venía de Colombia y Perú.
Las operaciones fueron compartidas con la Fuerza Aérea Ecuatoriana y el país mantenía el control sobre la base, aunque el personal militar y civil estadounidense formó parte del día a día de la base. Según reportes oficiales, gran parte de las operaciones se terminaba por realizar fuera de aguas ecuatorianas y las incautaciones derivadas eran presentadas por Washington como logros conjuntos.
Según las cifras oficiales, hasta 2006, desde la base de Manta se realizaron unos 850 vuelos antinarcóticos con un resultado estimado de más de 258 toneladas de droga interceptadas, en coordinación con otras fuerzas de la región. Y en términos locales, Ecuador pasó de incautar unas 4 o 5 toneladas de droga en los noventa a un promedio de 24 toneladas de droga entre 2000 y 2009, llegando a 66,1 toneladas en el último año de operación de las actividades militares estadounidenses.
Sin embargo, más allá de las cifras, la base representó también un símbolo geopolítico. Mientras que las autoridades de entonces, como el expresidente Lucio Gutierrez, defendían a esta base como una herramienta clave para la seguridad, organizaciones civiles y académicas comenzaron a cuestionar los costos ocultos y las implicaciones soberanas de continuar con la relación militar entre ambos países. Todo esto alimentó un descontento que, años más tarde, culminaría con una decisión constitucional; mismo que se vio saldada cuando el Gobierno de Rafael Correa decidió no renovar el convenio de cooperación con el país norteamericano, en 2009.
“Desde mi punto de vista, el cierre de la base militar de Manta en el año 2009 representó una afirmación de soberanía ecuatoriana”, dice Carla Álvarez, investigadora experta en seguridad. Ella recuerda que esta medida no fue aislada, sino que se enmarcó en una política exterior autónoma y en un modelo de seguridad desmilitarizada que, además, se acompañó de políticas de inclusión económica y reformas institucionales.
La base de Manta con operación estadounidense, concuerdan los expertos, en su momento trajo más control al espacio aéreo y marítimo nacional, lo que permitió dar lucha al narcotráfico en la región, sin necesidad de ser un factor que haya reducido la industria ilegal significativamente, pero sí sirviendo como un apoyo importante para el manejo del problema puertas adentro.
Sin embargo, aunque estos datos parezcan significativos, según los mismos expertos, no permiten afirmar por sí solos una relación directa entre la base y el éxito antidrogas del momento, ni tampoco que su salida sea la única causa de la actual situación de la seguridad y del narcotráfico en el país.
El después de la base de Manta
Hoy, Ecuador se ha convertido en un punto clave para la actividad del narcotráfico en la región; siendo uno de los puntos estratégicos desde los que más se exporta droga, específicamente cocaína, al exterior. Así lo ha confirmado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y otras instituciones, que ya advertían que Ecuador se consolidó como el tercer país con mayor cantidad de droga incautada a nivel mundial, sólo detrás de Estados Unidos y Colombia. Según los registros oficiales, en 2023 el país superó las 240 toneladas de droga decomisadas, y en 2024 las cifras se mantuvieron por encima de las 300 toneladas.
El regreso del debate de la presencia de bases extranjeras en el país, asimismo, ha traído de nuevo la premisa vinculada a que la salida de la base de Manta fue la causante de la situación actual; uno de los discursos que comienza a cobrar fuerza. Sin embargo, los expertos opinan distinto.
“Hay que evitar explicaciones fáciles”, dice Diego Pérez, experto en seguridad. “La salida de la base de Manta por sí misma no es la causa de la crisis de inseguridad o del auge del narcotráfico. Pocas veces una sola causa produce un efecto y generalmente hay multicausalidad para estos fenómenos”.
Desde su perspectiva, la presencia estadounidense sí tuvo un fuerte impacto simbólico y disuasorio, pero su salida expuso las limitaciones estructurales de un Estado que ya, desde antes, era débil. “Esto provocó una sensación de que había un espacio mayor de operación para las organizaciones criminales”, dice.
Asimismo, Pérez detalla que posterior a la salida de la base de Manta hubo otros factores que empezaron a influir en el país y en la región poco a poco. Estos abarcan el incremento de los intercambios internacionales de droga, el fortalecimiento de los carteles mexicanos, la dispersión de las FARC en milicias autorreguladas, una política de defensa y de seguridad errática y débil y “el potencial vínculo político con actores criminales que hizo que Ecuador vaciara su presencia en algunos espacios”.
Asimismo, la incautación de drogas también se vio afectada en los siguientes años. En 2009, llegó a las 69 toneladas, y hubo una reducción en 2010, en el que se incautaron apenas 18,19 toneladas. Y en los años siguientes las cifras volvieron a subir hasta alcanzar las 110 toneladas en 2016 y las 98 toneladas en 2017. Este dato demuestra cómo Ecuador, según los expertos, tuvo un duro camino de recuperación antes de retomar el control de operaciones de ataque.
Álvarez, en este sentido, reconoce las consecuencias del retiro. “El país no logró desarrollar una infraestructura propia de vigilancia aérea, marítima, ni superar las debilidades tecnológicas en inteligencia y capacidades operativas”, explica. Estas brechas, que no fueron resueltas por los gobiernos posteriores, convirtieron a Ecuador en un blanco atractivo para las redes criminales transnacionales, justo en el momento en que el narcotráfico en la región empezaba a mutar tras la desmovilización de las FARC.
Por otro lado, la dinámica de los homicidios fue distinta desde 2009, año en el que la base estadounidense dejó de operar, pues la tasa de homicidios en el país vio una reducción consistente y significativa. Pasando de 17,81 por cada 100 mil habitantes en 2009 a 5,81 en 2017, alcanzando la cifra más baja desde que se cuenta con registros. Sin embargo, es a partir de este punto que los homicidios empezaron a subir hasta alcanzar un 500% de incremento, con más de 44 homicidios por cada 100 mil habitantes.
En paralelo, los puertos del país, en especial los de Guayaquil, Posorja y Manta, se convirtieron en puntos neurálgicos de salida de cocaína hacia Europa y Estados Unidos. Informes de la Policía y de Europol han identificado que bandas ecuatorianas hoy trabajan como subcontratistas logísticos de carteles mexicanos y albaneses, lo que ha transformado al país en un nodo esencial del tráfico mundial.
Hoy, tras todo esto, tanto Álvarez como Pérez coinciden en que el verdadero problema no fue la salida de la base, sino la ausencia de un plan nacional estratégico que permitiera fortalecer las capacidades del Estado una vez retirada la cooperación extranjera. “La narrativa del ‘Ecuador de paz’ provocó una contracción de la presencia del Estado en sectores estratégicos de seguridad”, explica Pérez.
Pero, con esto en mente, cabe preguntarse entonces qué tan funcional puede ser el retomar la actividad de bases extranjeras en el país en la lógica criminal que se vive actualmente.
¿Una nueva base?
En discursos públicos, Daniel Noboa no ha dejado pasar por alto la oportunidad de hablar sobre la opción del regreso de una base de Manta al país, y la apertura de que vuelvan a operar bases extranjeras. Este interés, incluso, se vio consolidado con las reformas constitucionales enviadas por el Ejecutivo y aprobadas por Asamblea para retirar la prohibición legal de la Carta Magna; algo que terminará por estar en manos de los ecuatorianos con una nueva consulta popular en diciembre.
Sin embargo, en este escenario es necesario analizar la efectividad de la medida y del regreso de los uniformes extranjeros al país. Para Carla Álvarez, por ejemplo, “retomar la presencia extranjera no es, por sí sola, una estrategia de seguridad”.
Desde su visión, el centro del debate no debe limitarse a si debe o no permitirse la instalación de una base militar, sino a si existe una voluntad política clara para emprender una cooperación internacional que esté alineada a un plan nacional con objetivos definidos. “El problema no es tener aliados. El problema es si tú sabes para qué quieres esos aliados, con qué reglas y con qué propósito”, dice.
Una posible nueva base podría implicar, de nuevo, una mejora en la capacidad de vigilancia y monitoreo, así como acceso a tecnología e inteligencia estratégica. Pero también podría reproducir los desequilibrios del pasado, si no se plantea desde una lógica soberana. “Toda cooperación debe fortalecer las capacidades nacionales. No puede ser asimétrica, ni orientada a los intereses de otro país. Tiene que haber transparencia, control democrático y alineación con un proyecto del Estado”, dice la experta.
Para Pérez, más que pensarse en instalar otra base, Ecuador debería preguntarse cómo aprovechar de forma inteligente la cooperación internacional. “La base puede tener un valor simbólico y disuasorio limitado, pero no va a resolver el problema estructural del crimen organizado”, dice. En su criterio, el verdadero eje del narcotráfico no es la violencia visible, sino el dinero que lo sostiene. “La violencia es un subproducto. El enfoque debe estar en el lavado de activos, la corrupción institucional y el financiamiento ilícito. Hay que seguir el dinero”, dice.
El experto también advierte que existe un riesgo al sobreestimar el impacto inmediato de este tipo de medidas, sin atender a las raíces del problema. “El crimen organizado se adapta. Si les cierras una puerta, buscan otra. Si instalas una base, tal vez se repliegan, pero no desaparecen. Sólo mutan”, sostiene. Por eso, enfatiza que cualquier decisión debe enmarcarse dentro de una visión integral, sostenida en el tiempo, con fortalecimiento institucional, recursos suficientes y un liderazgo técnico, no sólo político.
Así, desde las voces de los expertos, si no existe un proyecto nacional robusto de seguridad que integre prevención, inteligencia, control territorial, reforma institucional y cooperación internacional bajo soberanía, una base extranjera por sí sola será, en el mejor de los casos, una ayuda marginal. “Ecuador no puede seguir actuando por reacción o por desesperación. Necesita estrategia, no símbolos”, concluye Álvarez.
Te puede interesar:
. Es falso: el asambleísta Santiago Díaz no ha obtenido refugio en Venezuela
. Se retoma sustanciación de juicio político a Solanda Goyes
. Ecuador pierde atractivo para la inversión extranjera
