El Gobierno anunció una inversión de $58 millones para ampliar el ‘Bono de los 1.000 días’, contra la desnutrición, pero los subsidios sociales temporales no resuelven por sí solos las causas de la desigualdad ni mejoran sosteniblemente la vida de los beneficiarios.
POR: Juan Camilo Escobar
Tras el reciente anuncio del Gobierno de que este año se ampliará el bono de la desnutrición o ‘De los 1.000 días’, vuelve el debate sobre el uso político de los bonos sociales temporales y la efectividad de esta política mientras no se produzcan cambios estructurales en la sociedad y, sobre todo, en la economía ecuatoriana.
La exvicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de la ONU Sara Oviedo advirtió que los bonos temporales entregados por el presidente, Daniel Noboa, “a diestra y siniestra” no abordan las causas de fondo, mientras el Gobierno sigue postergando reformas sustantivas en políticas públicas que ataquen las raíces de la desigualdad y la exclusión.
“Los bonos sociales comenzaron a aplicarse en América Latina como medidas parche, concebidas como una compensación ante un modelo económico que genera víctimas concretas por la pésima distribución de la riqueza”, afirmó Oviedo.
“La administración de bonos refleja problemas estructurales de la economía y la sociedad. Por eso ahora no pueden eliminarse. Y quien lo intente enfrentará fuertes críticas. Esto, pese a que —a mi juicio— la verdadera solución no es la entrega de bonos, sino una justa distribución de la riqueza. Y en Ecuador, estamos muy lejos de lograrlo”, añadió.
El economista Jorge Calderón señaló que, en teoría, estos subsidios fueron diseñados para mejorar las condiciones de vida de los grupos más vulnerables. Sin embargo, reconoció que la entrega enfrenta múltiples fallas de focalización y seguimiento.
“Hay personas que llevan recibiendo estos bonos desde hace 15 años, y no se observa una mejora sustancial en su calidad de vida. Esto ocurre desde que se creó el llamado Bono de la Pobreza, hoy Bono de Desarrollo Humano. Eso evidencia, por un lado, baja eficiencia, y por otro, que muchos beneficiarios se han acostumbrado a vivir del subsidio, creyendo que el Estado siempre estará ahí para resolver sus problemas”, advirtió Calderón.
A su criterio, más allá de la cobertura, lo urgente es establecer con claridad quiénes deben recibir los bonos, por cuánto tiempo y con qué objetivos de salida. “Si no se define esto con precisión, quien pierde es el país. Se entregan cientos de millones que podrían haberse destinado a construir hospitales, escuelas o a generar empleo mediante obra pública”, concluyó.
El Gobierno anunció este lunes una inversión de 58 millones de dólares para ampliar el Bono de los 1.000 Días, un programa social dirigido a reducir la desnutrición crónica infantil, una de las problemáticas más arraigadas del país y un tema sensible en la agenda pública.
Carolina Jaramillo, portavoz del Ejecutivo, indicó que la ampliación permitirá elevar el número de beneficiarias de 140.000 a cerca de 160.000, principalmente mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, con cobertura garantizada hasta diciembre de 2025.
Esta ayuda económica está dirigida principalmente a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, en especial en zonas rurales y poblaciones históricamente excluidas, como las comunidades indígenas. Fue implementado originalmente en 2022, durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso.
El bono consiste en cuatro pagos escalonados: un primer abono de 50 dólares durante el embarazo, seguido de tres transferencias posteriores —90 dólares al momento del nacimiento, y dos pagos de 120 dólares cuando el niño cumple uno y dos años, respectivamente—.
Esta ampliación se suma a una serie de bonos sociales implementados desde finales de 2024 y en los primeros meses de 2025, periodo que coincidió con la campaña electoral en la que el entonces candidato-presidente Daniel Noboa buscaba la reelección.
Entre los programas sociales desplegados destacan: Transferencia Jóvenes en Acción, con 400 dólares mensuales por cinco meses para 80.000 jóvenes; Transferencia Ecuatorianos en Acción, 400 dólares por dos meses para 120.000 personas; Bono Reactívate, Incentívate Emprendedor, pago único de 1.000 dólares para 100.000 beneficiarios; Bono para policías, pago único de 508 dólares para 56.739 uniformados; y Bono Nuevo Transporte, que otorga 500 dólares para la chatarrización de vehículos, aunque sin un número definido de beneficiarios hasta ahora.
En cualquier caso, de los $36.063 millones asignados al presupuesto general del Estado para todo el año, el monto codificado para los bonos sociales asciende a $1.126 millones, cifra que incluye programas emblemáticos como el Bono de Desarrollo Humano, pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, así como bonos específicos para niños en situación vulnerable.
Entre enero y mayo la ejecución del presupuesto destinado a los bonos sociales administrados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) fue de casi la mitad de lo previsto para todo el año.
Según datos oficiales del MIES, el presupuesto inicial asignado para bonos sociales ascendía a $1.081 millones, que fue actualizado a $1.126 millones a mayo de 2025. Sin embargo, el monto devengado y pagado hasta esa fecha alcanzó $544 millones, lo que equivale al 48,3% del presupuesto codificado (es decir, reformado y actualizado).
El Bono de Desarrollo Humano, el programa social más emblemático, tenía asignado inicialmente $445 millones, ajustado a $482 millones a mayo. De este total, se ejecutaron y pagaron $270,8 millones, representando un avance del 56%, el porcentaje más alto entre los bonos sociales.
Por otro lado, el bono de desnutrición o ‘De los 1.000 días’ se ejecutó en 51%, con $36,8 millones devengados de un total codificado de $71,8 millones. En contraste, la Pensión de Adultos Mayores reporta una ejecución del 41% ($144,4 millones de $352 millones), mientras que la Pensión para Personas con Capacidades Especiales registra un avance similar del 39% ($36,7 millones de $93,9 millones).
Programas con montos menores, como el Bono Joaquín Gallegos Lara y el Bono para Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Orfandad por muerte violenta de su madre, tienen ejecuciones del 44% y 45%, respectivamente.
En contraste, el presupuesto general del Estado para 2025, fijado en más de $36 mil millones, muestra una ejecución devengada del 40% ($14,5 mil millones) y una ejecución pagada del 36% ($13,1 mil millones) hasta mayo, lo que sugiere un ritmo de gasto lento a nivel global.
Aunque la ejecución presupuestaria de los bonos sociales ha avanzado más rápido que la del presupuesto general del Estado, estos programas representan apenas una fracción mínima —3,1%— del presupuesto aprobado para 2025, revelan datos oficiales del MIES y la Secretaría de Planificación y Desarrollo.
Te puede interesar:
. Estos son los sectores económicos más propensos al lavado de activos
. Es falso: la eliminación de los subsidios a la tarifa eléctrica no es para la parte residencial
. Es falso: el juicio a Glas no se ha cancelado
