El Gobierno presentó un proyecto legal que promueve y regula el uso de energía nuclear en el país. Expertos señalan que esto es costoso y toma tiempo.
POR: Juan Camilo Escobar
“Hoy damos un paso importante para el presente y el futuro energético de Ecuador. Esta propuesta ha sido construida con responsabilidad técnica, visión estratégica y un firme compromiso con el desarrollo sostenible de nuestro país”, dijo Fabián Calero, viceministro de Electricidad, al presentar hoy el proyecto de Ley Orgánica de Energía Atómica.
La gran ausente fue la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, quien, tras una espera de más de una hora y media, no asistió para atender temas vinculados con la crisis que atraviesa el sector eléctrico, a semanas del inicio de la temporada seca que afecta a las principales centrales hidroeléctricas.
Así, mientras Calero declaraba que la transición y la soberanía energética del país requiere “modernizar, repotenciar y asegurar el sistema eléctrico cumpliendo con estándares internacionales», Manzano, a través de su cuenta de X, confirmaba la salida de varios funcionarios de Celec, señalados en informes de la Contraloría por presuntas irregularidades en contratos firmados con las empresas Progen y ATM, para enfrentar los apagones del 2024.
Calero expuso ante decenas de empresarios, representantes de universidades y funcionarios las bondades de la nueva propuesta para regular y promover el uso pacífico de la energía atómica en el país, que recoge normas básicas de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), cuya oficina de asuntos jurídicos emitió su aval a la iniciativa. También firmó con varias universidades un compromiso para la formación de profesionales en esta materia.
REACCIONES
Consultados, el decano del Colegio de posgrados de la Universidad San Francisco de Quito, Darío Niebieskikwiat, y el rector de la Escuela Politécnica Nacional, Tarquino Sánchez, indicaron que Ecuador carece de una base consolidada de profesionales especializados en energía nuclear, así como de laboratorios e instalaciones adecuadas para el desarrollo inicial del programa.
Frente a la propuesta del Ministerio de Energía de construir un reactor con capacidad de generar 300 megavatios, ambos coincidieron en que un proyecto de este tipo de energía, que sea relativamente económico y sobre todo viable para el contexto ecuatoriano, tendría un costo de entre 2.000 y 4.000 millones de dólares, con tiempos de instalación de entre cinco y 10 años.
Niebieskikwiat dijo que se trata de un “Small Modular Reactor, que son soluciones pequeñas y modulares, de las más económicas, de 4.000 millones de dólares, que se puede construir relativamente rápido, en tres o cuatro años, y empezar a operar en 5 o 10 años”, dijo tras recordar que la vida útil de este tipo de infraestructuras es de aproximadamente tres décadas.
“Es muy difícil especificar el tiempo porque hoy apenas estamos en la socialización de la ley, lo que implica que debe madurar con la asignación de recursos. Esto puede durar unos 10 años”, comentó Sánchez, tras enfatizar en la necesidad de formación de personal técnico, que podría ser cubierto por las universidades, en particular por la Politécnica, que, por ahora, es la única entidad académica con un radiador de cobalto 60, un laboratorio con control regulado y supervisado a escala internacional y personal especialista para manipularlo.
OIEA CONFIRMA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO
“Ya estamos acompañando al país desde hace tiempo, no solamente en la planificación de su matriz energética —cómo va a conciliar nuevas fuentes de energía—, sino que en este momento, ya con un paso firme, una decisión del representante mayor del gobierno, el presidente de la República, pues tenemos la confianza de que ustedes van ahora con este nuevo reto”, declaró la representante de la Organización Internacional de Energía Atómica, Ester Monroy.
Monroy aclaró que el cronograma de implementación dependerá exclusivamente de las decisiones soberanas del Estado ecuatoriano. “Nosotros colaboramos con nuestro expertise y, por supuesto, en toda esta cooperación internacional”, señaló, enfatizando que el OIEA actuará como socio técnico en cada fase del proceso.
LO QUE DICE EL DOCUMENTO
El texto plantea que toda actividad relacionada con energía nuclear debe ser pacífica y estar debidamente controlada. Además, propone crear tres nuevas instituciones públicas especializadas:
- Viceministerio de Energía Atómica, que dirigirá las políticas públicas y coordinará con organismos internacionales como el OIEA.
- Agencia de Regulación y Control Nuclear y Radiológico (Arconr), que autorizará, fiscalizará y sancionará actividades relacionadas con materiales radiactivos o nucleares.
- Instituto Especializado de Energía Atómica (Iniea), encargado de la investigación científica, la formación de personal técnico y el desarrollo de nuevas tecnologías.
¿Qué se controlará?
La ley exigirá que todas las personas o empresas que quieran trabajar con materiales radiactivos o nucleares —ya sea para investigación, transporte, importación, energía o medicina— deberán obtener una licencia oficial, cumplir requisitos de seguridad estrictos y reportar sus actividades. Se regulará también la gestión de residuos radiactivos, el funcionamiento de laboratorios y el manejo de equipos que emitan radiación, para evitar daños a la salud o al ambiente.
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