Si las medidas actuales se flexibilizan, podría haber un rebote de la delincuencia, temen los expertos, pero la Excepción tiene un plazo límite. ¿El conflicto interno seguirá vigente cuando se cumpla ese plazo? ¿Qué rol podría jugar la consulta popular?

El Estado de Excepción con el que el país declaró oficialmente un conflicto armado interno (no internacional) no es eterno. En medio de la lucha contra 22 organizaciones criminales, que fueron catalogadas como terroristas por el decreto ejecutivo 111, emitido el 9 de enero de 2024, cabe preguntarse qué pasará una vez que la Excepción termine, cómo se manejará la política de seguridad y las acciones contra la delincuencia.

Con el anuncio oficial del conflicto interno, miles de militares y miembros de las fuerzas del orden salieron a las calles para resguardar a la población, lo que, para expertos en seguridad como Daniel Pontón, ha brindado una mayor percepción de seguridad entre los ecuatorianos. El plazo de 60 días establecido para este estado excepcional se acerca a su fin, que se concretará el 8 de marzo. Por norma Constitucional, el Presidente podrá ampliar esta condición por 30 días más, siempre y cuando se considere necesario, lo que quiere decir que el decreto no podrá ampliarse más allá del 8 de abril. 

El tiempo corre y según las cifras oficiales, desde el inicio del Estado de Excepción se han realizado más de 118.000 operativos, 160 contra grupos terroristas. En este proceso, además, se han reportado 9.473 detenidos, de los cuales 241 fueron procesados por terrorismo. A esto se suman 8 “terroristas” abatidos, 2.823 armas de fuego incautadas, 12.000 explosivos incautados y 64.389 kilogramos de droga decomisada. 

A pesar de que las cifras, para Pontón esta percepción de reducción de la inseguridad es sólo una consecuencia directa del reforzamiento de medidas de seguridad. Sin embargo, expresa una preocupación: “¿Qué va a pasar cuando termine el Estado de Excepción y las medidas se flexibilicen?”. 

Para él, el panorama es claro y es que las acciones de Fuerzas Armadas en las calles no pueden mantenerse en el tiempo, pues “el país no cuenta con el presupuesto suficiente ni la logística como para mantener las medidas de excepción”. Por esto, explica que las medidas se irán flexibilizando con el paso de los días, lo que levanta sus alertas ante la posibilidad de que la reducción de la violencia que tanto se ha defendido desde el Gobierno tenga un efecto rebote.

“Se puede esperar que, con la flexibilización y una menor presencia de militares pueda registrarse un nuevo ‘boom’ de violencia, porque las estrategias del Gobierno se han concentrado sólo en la mano dura. Siempre los estados de excepción tienen efectos duraderos de unas tres semanas, pero después empiezan a relajarse las medidas”, dice. 

Para Pontón, el crimen podría volver a activarse conforme las medidas se flexibilizan o se suavizan ante las necesidades de la población. 

“Me preocupa el sostenimiento de las políticas que ha llevado a cabo el Gobierno en el tiempo. Por la falta de un plan a largo plazo se ve que, poco a poco, Ecuador va retomando el flujo de violencia habitual que, para mí, no ha cambiado”, dice. 

Por esto, el experto asegura que es necesario que el Gobierno se enfoque en las acciones que debe tomar a largo plazo, para resolver el problema de la inseguridad, “no como tapar baches”. 

Medidas a largo plazo

Para solucionar el problema de raíz, Carla Álvarez, experta en seguridad, aclara que desde el Gobierno se deben tomar medidas que se enfoquen en el fortalecimiento de instituciones, dejando la idea de mano dura como única forma de reducir la violencia. “Las medidas pudieron haber dado resultado, pero ningún país que haya declarado la guerra al crimen ha terminado con cifras en cero o grandes mejorías”, dice. 

El fortalecimiento de las instituciones de justicia y del sistema policial y militar es una de las aristas que, para ella, el Gobierno debe tener muy en cuenta, si se quiere que los resultados sean positivos para el país en un futuro próximo. 

Pero no sólo esto, Álvarez explica que es necesario también atender a sectores marginales o vulnerables, pues se convierten en cunas del crimen y centros de reclutamiento de las organizaciones. “Si no se intentan reducir las desigualdades, el crimen siempre tendrá un espacio para resurgir, pues se aprovechan de las condiciones que se viven en estas zonas”, dice. 

Al contrario, mantener el estado de guerra y la idea de mano dura, detalla, puede llegar a ser contraproducente.

Con ella concuerda Diego Pérez, experto en seguridad e investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Para él, no pueden pensarse en acciones efectivas, si no se solucionan los problemas de raíz, desde los que surge la violencia. 

“Si el Gobierno no se enfoca en medidas complementarias, el recrudecimiento de la violencia será un hecho”, explica. 

Por otro lado, Pontón detalla que lo riesgoso de la situación que vive el país es que el estado de excepción se convierta en una normalidad, como se lo trató en gobiernos anteriores. 

“Lo que se necesitan son políticas para la normalidad. Necesitas trabajar con acciones que te garanticen la pacificación de la sociedad. Para conseguir paz se necesitan políticas de distintos calibres. Empezando por la Justicia, las instituciones de seguridad, la Fiscalía, los sistemas de atención. Todo esto te sostiene una pacificación, que no lo veremos a mediano plazo, pero la política debe ser llevada hacia allá. Veo que se da fuerza al tema de la guerra y posiblemente tengamos un año donde no tengamos reducciones tan significativas como se plantean. Y eso me preocupa”, dice Pontón. 

¿Fin del conflicto armado? 

Con el decreto ejecutivo 111, el Presidente calificó al conflicto armado interno como una causal para dar paso al Estado de Excepción, que se había declarado con el decreto 110. Esta figura está contemplada por tratados internacionales, específicamente por las convenciones de Ginebra, que norman condiciones que se deben cumplir en un territorio para que se pueda reconocer la existencia de una guerra, tanto internacional como no internacional. Además qué se puede hacer en estas condiciones y qué está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario. 

Con esto en mente, se debe cuestionar si una vez terminado el Estado de Excepción se puede mantener la condición de conflicto armado interno en el territorio y qué papel podrían seguir jugando las Fuerzas Armadas en este caso. 

El constitucionalista Álex Valle asegura que las dos figuras son diferentes y están normadas por diferentes textos legales. En el caso del Estado de Excepción, viene de una medida Constitucional, mientras que el conflicto armado radica en convenios internacionales. De este modo, detalla que el Gobierno podría mantener su posición de reconocer un conflicto armado interno, aun terminado el Estado de Excepción. Sin embargo, el fin de la medida de excepción dejaría sin piso legal a las Fuerzas Armadas para colaborar con la seguridad del país. 

“El Gobierno podría inventarse alguna estrategia para que una vez se acabe el Estado de Excepción se pueda mantener a los militares en las calles, pero sería inconstitucional”, dice. 

Sin embargo, Salim Zaidán, también constitucionalista, asegura que el conflicto armado debería terminar con el fin de la vigencia del Estado de Excepción, pues el decreto 111 tiene vigencia definida.

“Según el art. 166 de la Constitución, un decreto de Estado de Excepción puede tener vigencia hasta un plazo máximo de 60 días y, si la causal que lo motivó persiste, puede renovarse hasta por 30 días más. Es decir, 90 días. Sin embargo, en varias oportunidades se ha vuelto expedir un nuevo decreto, a Moreno y Lasso la Corte les llamó la atención por abusar de la emisión de estos decretos. Sin conflicto armado interno, las FF.AA. dejarían de tener la dirección estratégica de las operaciones y volverían a la Policía. Una vez termine el Estado de Excepción, el país no puede continuar en una condición de conflicto armado interno, efectivamente”, dice. 

Con él concuerda Ximena Ron, también constitucionalista. Ella detalla que una condición depende directamente de la otra para llevar a cabo acciones de guerra. 

Por esto, según Carlos Blanco, experto en seguridad, es elemental para el Gobierno la victoria del ‘sí’ en la consulta popular, de modo que las Fuerzas Armadas puedan estar habilitadas de colaborar con la seguridad sin necesidad de un Estado de Excepción.