Desde retomar el catastro minero hasta eliminar el subsidio al diésel del sector atunero industrial, pasando por ajustar las tarifas eléctricas a ciertos sectores son las medidas con las que Noboa inicia su gestión. En esta nota, una guía sobre el contenido de cada una.
POR: Hugo Constante
Cinco medidas económicas en áreas estratégicas aplicará el régimen como parte de su nuevo mandato. Carolina Jaramillo, nueva vocera oficial del Gobierno, anunció que estas medidas implican eliminación de subsidios al diésel para la industria atunera; el cobro real de la tarifa eléctrica a grandes industrias; el catastro y aplicación de tasa al sector minero; y una auditoría a tres empresas públicas.
Para Carlos De la Torre, economista y exministro de Finanzas, este conjunto de medidas demuestran que el Gobierno está buscando recursos de carácter fiscal lo más pronto posible para poder cumplir con sus propuestas de campaña y las expresadas en su posesión para los siguientes cuatro años.
De la serie de medidas, De la Torre asegura que eliminar el subsidió al diésel al sector atunero industrial es la más cuestionable, ya que afectaría la competitividad de esta actividad. Añadió que lo relacionado con el catastro le permitiría cobrar adecuadamente los impuestos a las mineras que operan en el país, lo que se enmarca en una lógica razonable que se debió aplicar tiempo atrás. Sobre sincerar las tarifas eléctricas a grandes usuarios industriales dijo que es positivo, ya que en varios casos se les ha entregado ese subsidio sin que exista una razón evidente.
Estas son las medidas anunciadas por el Gobierno:
- Tasa de fiscalización y catastro en el área minera. Según el Gobierno, con el objetivo de combatir la extracción ilegal, se aplicará por primera vez la tasa de fiscalización minera, para lograr el control técnico y ambiental de los titulares de las concesiones. Se aplicará a la pequeña, mediana y la gran minería. Según el Gobierno, la tasa permitirá al Estado ingresos por 229 millones de dólares anuales, destinados a fortalecer el control y la vigilancia. La minería artesanal estará exenta de esta tasa. Como medida adicional, se retomará el catastro minero, cerrado desde 2018. El catastro iniciará el 16 de junio con la pequeña minería no metálica, continuará en septiembre con la minería metálica y estará completamente abierto para todos los regímenes hacia finales de este año.
Según el informe’“El futuro minero de Ecuador: entorno, perspectivas y comparativa regional’, elaborado por Humboldt Management y Aequus Economics el mes pasado, la minería aporta al fisco tanto a través de impuestos sectoriales —ingresos relacionados directamente a la actividad minera— y mediante impuestos generales a todas las empresas, incluyendo las del sector minero.
El estudio señala que en los últimos 15 años el sector minero ha pagado en impuestos sectoriales 1.189 millones de dólares, de los cuales el 54% se concentra en el período 2022 – 2024. Mientras que en impuestos generales, las empresas mineras han pagado 4.348 millones de dólares, de los cuales 773 millones se cancelaron en 2024.
La Cámara de Minería del Ecuador manifestó que es necesaria la aplicación del catastro minero para atraer una inversión responsable, fortalecer la gobernanza sobre los recursos naturales y combatir de forma efectiva la minería ilegal. Sobre la tasa minera esperan dialogar con el Gobierno para conocer a fondo el alcance de esta propuesta, su aplicación y los criterios bajo los cuales se establecerá.
Por su parte, la asambleísta de Pachakutik Mariana Yumbay aseguró que son medidas que el Gobierno tomó de manera unilateral, sin haber dialogado ni con ese movimiento ni con la Conaie. Agregó que hay preocupación sobre el catastro minero, ya que muchas de esas actividades se realizan en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas. Yumbay agregó que los proyectos extractivos están en áreas sensibles, en fuentes de agua, en zonas con mucha biodiversidad, que deberían ser tomadas en cuenta por el Gobierno antes de reabrir el catastro minero.
- Transparentar tarifas eléctricas de grandes industrias. Los consumidores del servicio eléctrico en los grupos de Alto Voltaje (AV1) y Medio Voltaje (MV) pagarán el costo real del servicio. Los sectores ubicados en el rango AV1 pagan un precio medio de 7,91 centavos/kWh y con la medida pasará a 10,22 centavos/kWh. En el caso de los de Medio Voltaje, que hoy pagan en promedio 9,27 centavos/kWh, con el ajuste pagarán 11,64 centavos/kWh.
El ajuste excluye a asistencia social, bombeo de agua para comunidades campesinas y escenarios deportivos, que están entre los AV1 y MV. Además, el ajuste tarifario tampoco aplica al sector residencial, que representa más de 5,3 millones de hogares, según el Gobierno.
Marco Acuña, experto en temas energéticos y dirigente del gremio, indicó que los consumidores de alto y medio voltaje son los grandes clientes, las grandes industrias, que por su infraestructura pueden conectarse directamente a los transformadores de distribución del servicio público. El experto calcula, en un primer momento, que aproximadamente las industrias ubicadas en esos dos sectores representan un 5% – 7% del consumo energético del país. Acuña manifestó que el primer paso que debió haber dado el Gobierno era sincerar el costo de la energía eléctrica en todo ámbito (inversión – transmisión y distribución) y luego determinar los costos reales de cada sector para determinar tarifario. “Hay que trabajar en eso, esperemos que este sea el primer paso”, dijo el experto.
- Eliminación del subsidio al diésel usado por el sector atunero industrial. Se elimina el subsidio al diésel para el sector atunero industrial, pero quedan exentos de la medida las embarcaciones de pesca artesanal en el sector atunero. En 2024 este subsidio representó para el Estado 42 millones de dólares. Según las cifras del Gobierno, el sector atunero exportó 1.641 millones de dólares en 2024 y alcanzó una producción de 564.997 toneladas, un 21% por encima del promedio de años anteriores. Actualmente, 29 empresas atuneras que son las más grandes del sector absorben el 60% del valor del subsidio. Como medida de compensación el Banco del Pacifico extenderá líneas de crédito hasta por 42 millones de dólares, con el respaldo y cobertura de la Corporación Financiera Nacional (CFN), vía el Fondo Nacional de Garantía, para cubrir hasta el 75% del riesgo que tomaría el banco con las empresas. La tasa de interés para este propósito será del 6% anual.
Según una nota de El Diario, Ricardo Buehs, representante de la Asociación de Atuneros del Ecuador (Atucen), aseguró que la medida golpeará duramente al sector, ya que el subsidio es la única compensación que tienen para competir con flotas que operan en el Pacífico. Alertó de afectaciones a la economía de las empresas nacionales, ya que tienen que cumplir con créditos contraídos anteriormente por lo que las estructuras de costos se “van al piso”.
- Auditoría a tres empresas públicas. Petroecuador, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) serán auditadas en el aspecto financiero, forense y en el de revalorización de activos. La auditoría estará —según el ofrecimiento oficial— a cargo de las empresas internacionales Deloitte, PwC y EY, con quienes el Gobierno ha iniciado los acercamientos para esta labor. El objetivo es sanear completamente a las empresas y desterrar la corrupción que según el presidente de la República, Daniel Noboa, está arraigada en estas empresas estatales.
De la Torre respaldó esta medida y aseguró que son empresas donde no se han hecho auditorías desde hace mucho tiempo, sólo auditorías internas. “Con una auditoría externa lo que se hace es transparentar las cifras de las empresas, inclusive desde la perspectiva de que son criticadas por no ser eficientes. Una auditoría técnica evidenciará qué es lo que no está funcionando bien”, dijo el especialista. Aseguró que, por las características y naturaleza de esas tres empresas, deberían ser altamente rentables, pero que ocurre lo contrario. De la Torre considera que este tipo de auditoría debería ampliarse a todas las empresas públicas, pero considera que se inició por las tres elegidas porque que son las más grandes y corresponden a sectores estratégicos.
