La respuesta de los especialistas es clara: medidas concretas y a largo plazo para enfrentar la ola de inseguridad y frenar la crisis económica, atizada por las dos temporadas de apagones sufridas en 2024. 

POR: Juan Camilo Escobar

La campaña electoral llegó a Ecuador en un contexto de profunda crisis, tras un año marcado por inestabilidad política y una crisis energética que, con tres meses de apagones, paralizó la producción nacional y provocó cuantiosas pérdidas para empresas y hogares. Asimismo, el panorama de inseguridad y violencia criminal sigue siendo alarmante, incluso a un año del reconocimiento oficial de un conflicto armado interno. 

Analistas consultados subrayan que el debate presidencial será una plataforma crucial para exigir a los candidatos propuestas específicas y viables que enfrenten los desafíos más urgentes de Ecuador. También enfatizan la necesidad de políticas de Estado que trasciendan el corto plazo y ofrezcan soluciones sostenibles a mediano y largo plazo. Sin embargo, los planes de Gobierno presentados ante el Consejo Nacional Electoral por parte de los binomios, así como las intervenciones públicas durante campaña, será también una oportunidad para que los electores conozcan las propuestas de los candidatos. ¿Qué deberían incluir esas propuestas? ¿En qué temas deberían estar enfocadas?

CRISIS DE INSEGURIDAD

Fernando Carrión, investigador y catedrático de posgrado en políticas de seguridad en América Latina, sostiene que, en el tema de la seguridad, las estrategias deberían centrarse en combatir las distintas fases del narcotráfico, desde los cultivos ilícitos y la producción, hasta la comercialización, el tránsito y el consumo de drogas.

Afirma, sin embargo, que las propuestas actuales son superficiales y se enfocan en lo que la ciudadanía demanda, pero no en lo que resuelve los problemas. Esta situación ha llevado a muchos países de América Latina a adoptar la estrategia de “mano dura”, en la que se solicita la intervención de policías y militares, lo que sólo ofrece soluciones temporales. 

“Entonces, aquí lo que habría que hacer son políticas de largo plazo que implican mejorar la economía, que no es fácil; mejorar el empleo, que no es fácil; mejorar la educación, que no es fácil. Y todo eso, desgraciadamente, no se está tomando en cuenta”, indicó.

Además, cuestionó la respuesta del Estado frente a la violencia criminal, un año después de que el gobierno de Daniel Noboa reconociera oficialmente, el 9 de enero de 2024, la existencia de un conflicto armado interno. Aunque destacó que los primeros cuatro meses tras el anuncio fueron positivos, con una reducción de delitos gracias a las nuevas políticas y a la disminución de la actividad criminal por parte de las organizaciones terroristas, señaló que a partir de abril se registró un aumento en los homicidios, agravado en octubre por los racionamientos de energía eléctrica. 

DOBLE CRISIS: ECONÓMICO-ENERGÉTICA

En pleno inicio de 2025, los principales gremios productivos y empresariales de Ecuador continúan evaluando el impacto real de las dos series de apagones que afectaron a empresas e industrias, la primera en abril, y la segunda entre octubre y diciembre. 

Aunque las estimaciones aún se están actualizando, los gremios coinciden en señalar que cada hora de interrupción del suministro eléctrico representó una pérdida económica aproximada de 12 millones de dólares, lo que equivale a 96 millones de dólares por cada jornada de ocho horas sin electricidad.

En la práctica, este impacto se presenta como uno de los más severos para la economía del país en la historia reciente, y los expertos advierten que podría influir significativamente en la tasa de crecimiento de 2024 y afectar las proyecciones para 2025. Así, agregan los especialistas, los apagones, que afectaron tanto a la producción industrial como a los servicios, han puesto de relieve la vulnerabilidad del sistema eléctrico y el riesgo de un estancamiento económico si no se abordan con urgencia, pero también si no se presentan propuestas de políticas de Estado a mediano y largo plazo.

El catedrático universitario Hugo Arcos, especializado en temas energéticos, destacó que durante el debate los candidatos deberían ser cuestionados sobre cómo estructurarían el esquema del mercado eléctrico y cómo lo modificarían para facilitar posibilidades concretas de nuevas inversiones privadas o públicas en el sector energético. Además, Arcos destacó la necesidad de preguntar cómo planean garantizar la transparencia en los costos reales de producción de energía, un tema que sigue siendo crítico para el desarrollo de políticas sostenibles en el país.

Arcos destacó que, hasta ahora, los candidatos han presentado soluciones a corto plazo, como intenciones de inversiones inmediatas en infraestructura eléctrica, sin distinguir entre generación, transmisión y distribución. 

“Sin un esquema de mercado que fomente la inversión a largo plazo, seguiremos atrapados en un ciclo de crisis energética. La solución radica en adaptar el mercado eléctrico a las necesidades del país, lo cual sólo será posible si se resuelve la brecha entre los costos del servicio y los ingresos generados por las tarifas”, afirmó Arcos.

También señaló que otro punto crucial que los planes de gobierno deben abordar es la transición hacia fuentes de energía más limpias, en línea con las tendencias internacionales para reducir el uso de combustibles fósiles. “La falta de condiciones para la inversión nos ha llevado a situaciones de emergencia, donde se recurre a la generación térmica. Por lo tanto, es necesario interrogar a los candidatos sobre cómo piensan romper este ciclo perverso que nos mantiene dependientes del uso de combustibles fósiles para la generación eléctrica”, concluyó Arcos.

Santiago García, analista económico y docente universitario, destacó que la crisis energética ha exacerbado la ya compleja situación socioeconómica del país, marcada por un creciente clima de inseguridad. Ante este panorama, García enfatizó la necesidad de que los candidatos presidenciales detallen en sus planes de gobierno medidas concretas para la reactivación productiva, con políticas decididas a mediano y largo plazo.

«Y la segunda pregunta es si están conscientes, si tienen claridad de que no puede haber empleo sin producción», señaló García, tras recordar que muchos planes de gobierno incluyen propuestas de nuevas regulaciones y leyes —muchas de ellas ya emitidas en los últimos años—; sin embargo, no abordan cómo implementar las normativas existentes para fomentar la reactivación de la economía nacional, la cual, de acuerdo con previsiones del Fondo Monetario Internacional cerrará el 2024 con un decrecimiento de -0,4% y se proyecta para este año 2025 con 1.6%.

“Este es un crecimiento y una recuperación muy bajos y lentos. Por eso, es esencial recuperar la inversión nacional mediante la reactivación del consumo, lo cual requiere una política activa de crédito para el sector productivo, las pymes y las familias. Aunque se han otorgado ciertos alivios, no se observa una política de crédito adecuada y activa, por lo que es necesario hacer funcionar la banca pública”, insistió García.

Además, enfatizó en la necesidad de que los planes de gobierno aborden cómo incentivar la inversión extranjera para impulsar la producción petrolera, especialmente en campos ya identificados por Petroecuador, donde se requiere la incorporación de nuevas tecnologías para optimizar la extracción.

Por ahora, el Banco Central no ha publicado los informes detallados sobre el crecimiento económico de los dos últimos trimestres del 2024. No obstante, en sus reportes anteriores, indicó que la economía nacional se contrajo un 2,2% en el segundo trimestre de 2024, en comparación con el mismo periodo de 2023. Este descenso fue impulsado principalmente por caídas en el sector de la construcción y en las inversiones.

Según el Banco Central, la reducción en la inversión directa, que alcanzó el 8,2%, fue en gran parte el resultado de un retroceso del 17,2% en el sector de la construcción, que representa el 44% de este componente del Producto Interno Bruto (PIB).

La entidad también anticipa que ”en términos trimestrales, el PIB decreció en 2,4% comparado con el tercer trimestre de 2023, debido a las contracciones del Consumo de los Hogares en -1,8%, de la FBKF (inversiones en bienes de capital) en -3,7%, del Gasto de Gobierno en -0,3%, así como las Exportaciones en -7,4%; mientras que, las Importaciones registraron un crecimiento de 3,9%”.

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