La principal crítica es a la posibilidad de que sea el Biess el que maneje los fondos de los aportantes privados. La ausencia de un estudio técnico que determine con claridad los parámetros de aportación también es cuestionada.
POR: Juan Camilo Escobar
El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) acordó ayer conformar una mesa técnica que analizará una reforma estructural al artículo 216 del Código del Trabajo, que regula el derecho a la jubilación patronal. La propuesta, impulsada por la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, plantea crear un fondo nacional de jubilación con aportes compartidos entre empleadores y trabajadores, administrado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).
Actualmente, el artículo 216 del Código del Trabajo reconoce el derecho a una pensión patronal vitalicia al trabajador que haya laborado, de forma continua, al menos 25 años para un solo empleador. Sin embargo, según datos oficiales citados en el proyecto ministerial, menos del 2% de los trabajadores que cumplen ese requisito acceden a esta forma de jubilación.
“Menos del 2%”, la frase quedó flotando en el aire durante la presentación de la propuesta por parte de la Ministra. Así, el Gobierno de Daniel Noboa argumenta que las estadísticas demuestran una limitada cobertura y eficacia del esquema vigente para justificar su propuesta de un fideicomiso para la jubilación.
Rodrigo Ibarra, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Actuarios; Jorge Calderón, economista especialista en seguridad social; y Patricio Camacho, quien en 2004 fue asesor de Ricardo Ramírez, representante de los afiliados ante el Consejo Directivo, consultados por Ecuador Chequea, cuestionaron tanto el fondo como la forma de la propuesta que plantea al Biess como administrador del fideicomiso.
Uno de los principales cuestionamientos gira en torno al plazo de 90 días otorgado a una mesa técnica para definir las fórmulas de cálculo de las aportaciones compartidas entre empleadores y trabajadores, un componente clave del mecanismo propuesto. Según el texto de la propuesta, el IESS sería el encargado de establecer dichos porcentajes sobre la base de un estudio actuarial que, hasta la fecha, continúa pendiente.
Estos estudios, aclaró Ibarra, demandan mucho tiempo para analizar una gran cantidad de datos fijos y variables que dependen, asimismo, de una gran cantidad de factores, como el aumento de los años de la expectativa o esperanza de vida, la disminución de la población joven aportante de la seguridad social, los historiales y evolución a futuro de salarios y aportaciones.
Camacho calificó como una irresponsabilidad que el Ejecutivo haya presentado la propuesta sin contar previamente con los estudios actuariales que sustenten su viabilidad financiera. “No se puede improvisar con un tema que compromete derechos adquiridos y sostenibilidad a largo plazo del sistema”, advirtió.
Polémica por la administración
Para Ibarra, designar al Biess como administrador de un fideicomiso de aportes privados desvirtúa su rol original de gestionar los fondos públicos del sistema de seguridad social. El actuario agregó que, al tratarse de aportaciones privadas, la administración debería recaer en fideicomisos especializados, con participación del sector privado. Esto —según dijo— permitiría dinamizar el mercado de valores y garantizar el ahorro e inversión que requiere el sistema de dolarización.
Camacho advirtió que la propuesta permitiría al Biess delegar la administración de los nuevos fideicomisos de jubilaciones a agencias privadas de fondos de pensiones, sin los mecanismos de supervisión ni las regulaciones claras necesarias para proteger los intereses de los afiliados.
Camacho añadió que esta iniciativa no sólo implica que el Estado se desentienda de la gestión de las jubilaciones, sino que también carece de garantías jurídicas para asegurar que el Biess mantenga el control del fideicomiso. Según explicó, este escenario ya ha ocurrido en el pasado con la administración de fondos de seguridad social fuera del IESS, como en los casos del Issfa y el Isspol, encargados de los fondos para militares y policías, respectivamente.
“Con esta propuesta sólo se buscaría crear todo el andamiaje jurídico, legal y matemático-actuarial para constituir un mercado de valores de los fondos de pensión sin ninguna regulación. Este tema, precisamente, es un motivo de reclamo de las marchas por el Día del Trabajo”, agregó.
Garantías
Calderón advirtió que cualquier reforma al sistema de jubilación debe acoger las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, para evitar que los trabajadores pierdan el acceso a este derecho por despidos realizados poco antes de cumplir los años de servicio requeridos.
“Cuando un trabajador está por completar 20 o 25 años de servicio continuo, muchas empresas lo despiden o lo trasladan a otra compañía del mismo grupo empresarial. Lo obligan a renunciar bajo otra razón social para evitar el pago de la jubilación patronal”, dijo Calderón. “Se necesita establecer corresponsabilidad entre empresas para frenar estas prácticas”.
Sobre este tema, Rodrigo Ibarra señaló que “el enfoque debe ser integral. No se trata sólo de reformar el esquema de jubilación patronal, sino de abordar de manera estructural el conjunto del sistema de seguridad social, incluyendo el régimen de las Fuerzas Armadas y la Policía, así como la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), que contempla un bono por 25 años de servicio”, afirmó.
También enfatizó que la promesa de una pensión vitalicia obliga a proyectar con precisión cuánto tiempo, en promedio, vivirá cada afiliado beneficiario. “Si el fondo debe cubrir pensiones hasta el fallecimiento del jubilado y un año adicional para sus deudos, hay que estimar con base científica la longevidad según sexo, edad y contexto poblacional. Hoy las personas viven más que hace 20 o 30 años, lo que implica mayores obligaciones para los fondos previsionales”, explicó.
En la actualidad, las empresas sólo deben reservar fondos si un trabajador se queda con ellas durante 25 años. Con el nuevo sistema, cada trabajador implicará un aporte fijo desde el primer mes.
El tiempo apremia
La mesa técnica que se encargará de definir el proyecto tiene un plazo de 90 días para entregar sus conclusiones, después de conformarse en los próximos 30 días. Estará integrada por el Ministerio del Trabajo, representantes de los empleadores, los trabajadores y el IESS.
Mientras tanto, el país sigue acumulando deuda social. Según cifras del INEC, apenas uno de cada tres trabajadores formales aporta regularmente al IESS. Y la actual administración del IESS, al igual que las que la precedieron durante las últimas dos décadas, ha emitido reiteradas alertas sobre la amenaza de un déficit estructural en el fondo de pensiones.
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