Hablar de la violencia y no permitir que se normalice es la principal lección, según expertas y activistas. Pero, las cifras siguen en rojo y el Estado impotente: de 4 a 5 años se demoran los fiscales en acusar a los feminicidas, según Aldea. ¿Ha servido la Ley aprobada hace 5 años? 

Una ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres —en vigor desde hace 5 años— no puede implementarse debido a la falta de presupuesto de su “plan nacional”.  Y en medio de este vacío se han producido casos que han conmovido al país. Uno de los ejemplos más visibles: el femicidio contra María Belén Bernal, ocurrido hace un año en el interior de una escuela de Policía, donde se forman los nuevos agentes para proteger a la sociedad.

Sin embargo, hay muchísimos otros casos que no llegan a conocerse, que no sólo quedan invisibles, sino que además experimentan demoras de 4 a 5 años antes de que los fiscales formulen cargos contra los responsables de los feminicidios.

Esta última estadística sobre el tiempo de respuesta de la Fiscalía fue recopilada por la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea), que, en colaboración con otras organizaciones se dedica, precisamente, a investigar las causas, el impacto y las posibles formas de prevenir los femicidios en Ecuador.

“Nos matan cada 23 horas”, señala el más reciente informe de esta fundación, que puntualiza que en los primeros cuatro meses de este año, se registraron 122 muertes violentas de mujeres y niñas por razones de género, conforme se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Según el informe de Aldea, durante el año 2022, se reportaron 332 casos de femicidios, lo que convierte a ese año en uno de los más mortales para las mujeres en el país. De acuerdo con Aldea, en el transcurso del 2022, al menos 48 mujeres denunciaron antecedentes de violencia, y 9 de ellas tenían boletas de auxilio vigentes. Esto significa que un total de 57 femicidios podrían haberse prevenido, si se hubiera activado un sistema de protección integral por parte del Estado.

El informe también destaca que 16 mujeres fueron víctimas de violencia sexual antes de su trágico desenlace y 25 de las víctimas fueron reportadas como desaparecidas antes de ser encontradas sin vida.

Los datos de esta organización confirman que la violencia basada en género contra las mujeres atraviesa todas las edades. La víctima más joven tenía apenas 3 meses de edad, mientras que la más adulta tenía 84. Además, puntualiza que 14 mujeres estaban embarazadas en el momento de su muerte. Otro dato preocupante es que al menos 245 hijos quedaron en situación de orfandad como resultado de estos crímenes.

Como indicamos líneas arriba, el caso del feminicidio en el interior de una escuela de Policía fue uno de los casos más conocidos, que generó conmoción colectiva. Se trató de la muerte de la abogada María Belén Bernal a manos de su esposo, el instructor de cadetes Germán Cáceres, a quien fue a visitar en la Escuela de Policía de Pusuquí, en el noroccidente de Quito, la madrugada del 11 de septiembre de 2022.

Las investigaciones judiciales de este caso revelaron que Cáceres mató a Bernal en la habitación que tenía asignada en ese recinto policial y luego se deshizo del cadáver, que fue encontrado 10 días más tarde en el cerro Casitagua, cercano al lugar.

Cáceres fue capturado en Colombia, devuelto a Ecuador, juzgado y sentenciado a prisión. Fue la única sentencia condenatoria de este caso a pesar de las sospechas de que él no actuó solo para sacar el cuerpo desde el interior del recinto policial.

Al cumplirse un año de su feminicidio, la noche de este lunes, una gran cantidad de familiares de víctimas de feminicidios, acompañados por activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, realizaron una marcha nocturna por las calles del norte de Quito, en dirección a la Comandancia de la Policía Nacional.

Esta manifestación fue pacífica, pero los gritos de indignación de la multitud resonaron con fuerza. Una de esas voces fue la de Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, que declaró indignada a periodistas sobre el reciente feminicidio contra una enfermera asesinada con saña por un hombre, que la desmembró y enterró en un parque de Quito: «Nos indigna que nos maten y que el Estado no haga nada; nos indigna que a las mujeres nos mutilen, nos decapiten y nos entierren, y el Estado sea indolente».

El de Bernal, fue apenas uno de los 322 femicidios que registró la antes mencionada Fundación Aldea durante 2022. ¿Qué aprendió Ecuador tras un año de este execrable femicidio?, le preguntamos a su comunicadora, Nicoletta Marinelli: ¿Qué lecciones hemos aprendido como sociedad? ¿Qué ha cambiado tras el femicidio de María Belén Bernal?

“Hemos aprendido muchas cosas. El femicidio de María Bernal conmovió a la sociedad y ha contribuido a poder hablar más del tema porque creemos que el femicidio se puede prevenir si se actúa a tiempo. Entonces, seguir hablando del feminicidio ayuda a no normalizarlo y entender que se pueden tomar acciones para proteger la vida de niñas, adolescentes mujeres y mujeres diversas, que somos víctimas de femicidio”, señaló.

“Como el crimen se comete en una escuela superior de Policía, esto demuestra cómo el Estado es cómplice de los feminicidios. Por eso, exigimos sanciones contundentes contra aquellos funcionarios públicos, fiscales, jueces y policías que no cumplen la debida diligencia cuando estamos frente a un feminicidio, que no acusan, que no intervienen”, comentó.

Martinelli también recuerda que, a pesar de la indignación de la opinión pública y las exigencias de la gente de que actúen las autoridades policiales, continúan prófugos los femicidas de Brenda García, en El Oro; Diana Espinosa, en Quito; Valeria Vargas, en Santo Domingo. 

No hay una acción contundente de la Policía para capturar a los femicidas prófugos ni un juzgamiento con todo el peso de la ley contra quienes sí son capturados, agregó Martinelli, luego de recordar el caso del femicida confeso de Cristina Palacio, en Cuenca, quien fue sentenciado a 34 años de cárcel, pero a los 5 años fue liberado por una jueza de Manabí, que no tenía la menor competencia en este caso.

SIN RECURSOS

La abogada constitucionalista Ximena Ron comentó que, tras cinco años de la entrada en vigencia de la  Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aún no se logra garantizar la entrega de presupuesto para su aplicación eficaz.

“Esta Ley está vigente desde 2018, pero aún hace falta un plan nacional que genere una aplicación eficaz. No ha sido suficiente el acceso a los recursos que debe entregar el Gobierno central para aplicar esta norma, por ejemplo, que determina el funcionamiento de las casas de acogida a mujeres que han sufrido violencia”, indicó.

Este vacío, explicó, se refleja también en el incumplimiento de las disposiciones de esta Ley de que todas las instituciones del Estado, en particular Fiscalía, Policía Nacional, juzgados y demás dependencias de la Función Judicial, apliquen unos protocolos para investigar cada caso de femicidio de una manera especial.

Esta exigencia de que se implemente la mencionada Ley la expresaron en mayo anterior las 21 organizaciones que integran la denominada Coalición de Mujeres del Ecuador. Las voceras de estas entidades lamentaron que al Ministerio de la Mujer, creado a partir de la que fuera una Secretaría, se le entregaron recursos humanos y económicos muy limitados y jamás tuvo la suficiente autoridad para implementar la ley.

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‘Necesitamos comunicarnos de una manera no violenta’

Gladys Judith Rojas, comunicadora social, autora del libro La Comunicación Asertiva

Es una pena decir que no ha habido muchos cambios. Todavía se siguen cometiendo feminicidios. Según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo, Ecuador en 2022 cerró con 332 femicidios. El Consejo de la Judicatura habla de más de 400 muertes violentas de mujeres. Son datos alarmantes.

En 2014 cuando se tipificó el asesinato a mujer por razones de género, se pensó que estos actos violentos disminuirían, pero la realidad es que aumentan más y más. Si me preguntan ¿qué pasa, entonces? ¿dónde está el problema?, lo primero que diría es que estamos viviendo en una sociedad altamente violenta. Los valores más importantes, como el respeto, compromiso y tolerancia se han perdido y deberíamos recuperarlos desde un esfuerzo colectivo.

De igual manera, la comunicación se ha vuelto más violenta y agresiva. En todos los niveles de la sociedad la forma de comunicarnos es manipuladora o autoritaria. Priman el grito, el insulto, las amenazas y, aun en las altas esferas políticas, desde donde debería darse un ejemplo, vemos actos de intimidación o de amenaza a quien no piensa igual. Debemos entender que cada ser humano es diferente y desde esas diferencias debemos reconocernos y no atacarnos o menospreciarnos. Si seguimos así, nuestra sociedad se irá enfermando más y las muertes seguirán en aumento y las estadísticas seguirán en rojo.

Hoy es tiempo de hacer una reflexión personal y ver cómo puedo aportar en el lugar donde me encuentro para disminuir cualquier signo de violencia. Necesitamos de verdad trabajar en nosotros, en la forma en que actuamos, en la forma en que nos comunicamos. Necesitamos recuperar el amor para desde el amor activar la comprensión y el diálogo. 

Necesitamos comunicarnos de una forma no violenta y eso parte desde la casa. Pero, además, es un trabajo de todos, de las instituciones educativas, de los gobiernos, de los medios de comunicación. Es tarea de todos erradicar todo tipo de violencia y parte de ese trabajo es cambiar la forma en que nos comunicamos. 

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