Yasunidos ha denunciado un nuevo intento de contacto con los pueblos Tagaeri y Taromenane. ¿Qué riesgos podría traer a su población?
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
Han pasado décadas desde el primer contacto; desde el momento en el que los seres humanos occidentales llegaron a la Amazonía ecuatoriana y entablaron los primeros encuentros y conversaciones paulatinas. Son ya 67 años desde que el Instituto Lingüístico de Verano, una entidad dedicada a evangelizar a poblaciones en el mundo, llegó a sus territorios y, poco a poco, los extrajo a la sociedad. Seis décadas distancian a los primeros waorani contactados, de los que hoy, con nombres de Tagaeri y Taromenane, siguen viviendo en lo profundo del bosque amazónico por voluntad propia. Sin embargo, hoy, parece que la historia quiere volver a repetirse.
Una denuncia pública y formal, presentada ante la Corte Constitucional, alzó las primeras voces en contra de esta irrupción sistemática. Un nuevo intento de contacto, según Yasunidos, organización demandante, se cocina en los alrededores del Parque Nacional Yasuní. Esta vez, comandada por la fundación estadounidense Come to The Rainforest.
En una demanda directa emprendida en contra de la organización e ingresada el 7 de julio, Yasunidos alertó sobre un presunto intento de vulneración del principio de no contacto con los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. La denuncia, respaldada por documentos, declaraciones públicas y registros en línea, apunta directamente a la fundación liderada por Karen Duffy, una estadounidense que se autodefine como ministra evangélica. Y es que según el colectivo, Duffy habría promovido, desde sus redes y su página oficial, la idea de establecer un acercamiento con los Taromenane, uno de los pueblos que habitan en aislamiento en la Amazonía ecuatoriana.
“El simple hecho de que alguien se acerque a estos pueblos puede significar el contagio de enfermedades comunes, como una gripe que podría exterminar a toda la comunidad”, dijo Pedro Bermeo, vocero de Yasunidos, durante una rueda de prensa. Para él y para decenas de organizaciones indígenas y de derechos humanos que han respaldado la denuncia, las intenciones de la fundación extranjera no son un acto de paz ni de ayuda humanitaria, sino una forma de violencia.
Hoy, el colectivo sostiene que esta iniciativa no es espontánea ni accidental. En varias publicaciones, dicen, la propia Duffy ha anunciado sus “acciones de diálogo” y ha compartido mensajes donde afirma haber tenido intercambios simbólicos con los Taromenane. Incluso ha mencionado que, como muestra de apertura, el grupo le habría entregado lanzas; aunque nada de esto ha sido corroborado por fuentes oficiales ni por actores locales.
Sin embargo, lo que encendió las alarmas fue la posibilidad de que, bajo discursos religiosos o caritativos, se pretenda repetir una historia que ya causó muertes, desplazamientos y desapariciones. “Una fundación nuevamente intenta hacer exactamente lo mismo que intentó hacer el Instituto en los años 60, evangelizar a estos pueblos, contactar, ‘civilizar’, entre comillas, violando flagrantemente sus derechos y poniendo en evidente riesgo su vida”, denunció Bermeo.
Pero el paralelismo de la historia no es gratuito. Las primeras incursiones del Instituto Lingüístico de Verano en territorio waorani terminaron con parte de sus pobladores sedentarios, sometidos a misiones religiosas y desvinculados de su forma de vida tradicional. Otros, en cambio, optaron por huir más adentro de la selva, en rechazo absoluto al contacto. Y es justamente de esa fractura que nacieron los clanes Tagaeri y Taromenane.
Esta vez, sin embargo, hay un marco legal más claro. A diferencia de lo que ocurrió en los años 60, Ecuador reconoce desde 2008 el principio de no contacto como un derecho constitucional. Además, el país cuenta con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le obligan a proteger y garantizar los derechos de estas poblaciones, y con protocolos oficiales para actuar en caso de avistamiento o encuentros fortuitos. El problema, sostienen hoy los denunciantes, es que el Estado no ha reaccionado con la contundencia necesaria ante el riesgo.
Para este punto, quizá, es necesario comprender más sobre la importancia de estas poblaciones y de garantizar sus derechos de mantenerse aislados; además de su historia.
Historia e importancia
Los Tagaeri y los Taromenane son los últimos pueblos indígenas en aislamiento voluntario identificados oficialmente en Ecuador. Su existencia ha sido reconocida por el Estado, por organizaciones indígenas y por organismos internacionales. Se trata de clanes que pertenecen al pueblo waorani, pero que rompieron relación con el resto de la nacionalidad hace más de medio siglo. La decisión de alejarse, según han documentado historiadores, antropólogos y defensores de derechos humanos, fue una forma de resistencia. Así lo dice Patricio Nuñez, experto en el tema. “Esta fue una respuesta radical frente a la violencia que implicaron los primeros contactos forzados y la evangelización lenta de la nacionalidad, además de la pérdida del territorio, las enfermedades nuevas y la muerte”.
Desde entonces, la vida de estos pueblos se ha mantenido en la selva, en movimiento. Y es que hay que destacar que los pueblos waorani y hoy Tagaeri y Taromenane, históricamente, han sido pueblos nómadas, cazadores y recolectores, que dependen del equilibrio del bosque para subsistir. Nuñez aclara que estos, a lo largo de décadas, han dejado claro su deseo de mantenerse al margen de la sociedad. Y cuando han tenido encuentros con el “mundo exterior” han respondido con ataques por medio de sus armas diarias, las lanzas.
“Estos pueblos han emitido señales claras de no querer contacto. No es cierto que no se comunican, de hecho lo hacen. Y su manera de decir no, es simbólica pero contundente”, dice el experto.
Se estima que los Tagaeri y Taromenane habitan en la zona más profunda y biodiversa del Parque Nacional Yasuní, dentro de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane; un espacio poco definido que ha sido levantado por el Estado para garantizar el respeto al derecho de no ser contactados, creada en 1999 y delimitada en 2007. Sin embargo, registros oficiales reconocen que los pueblos en aislamiento voluntario no están limitados y confinados en estas fronteras, sino que también se ha visto desplazamientos por territorios que no están completamente protegidos. Este es el motivo por el que defensores de derechos humanos y, hoy, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido la necesidad de ampliación de este espacio.
Aunque no existe un número exacto sobre cuántos son, informes oficiales estiman que su población podría variar entre 100 y 300 personas, divididas en pequeños clanes familiares. “Pueden ser pocos”, dice Nuñez, “pero representan mucho. No sólo porque son los únicos, sino porque son los últimos pueblos que, pese a todo, han decidido mantenerse fuera de un sistema que históricamente los ha violentado”.
Hoy, este nuevo intento de contacto representa un riesgo vivo y contundente para la existencia de estos pueblos; uno que puede ir más allá de la idea de la evangelización o ‘civilización’, como dice Bermeo.
Riesgos del contacto
El contacto con las poblaciones que habitan estos pueblos no es una posibilidad inofensiva, sino una amenaza directa contra su vida, su cultura y su derecho a mantenerse aislados. El riesgo es más evidente y documentado en lo biológico. Los Tagaeri y Taromenane no han estado expuestos de forma sostenida a enfermedades comunes del mundo occidental, por lo que carecen de defensas inmunológicas frente a virus, vistos tan simples, como la gripe, o cualquier otro. Así lo detalla la antropóloga Cristina Vasquez. “Un solo contacto puede implicar un contagio de cualquiera de estos virus que en las sociedades hemos normalizado y este puede convertirse en una enfermedad letal para toda una comunidad”.
“Una gripe puede ser un arma letal”, dice la experta. Y la frase no es una exageración; esta premisa ha sido respaldada por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en un informe emitido en 2013 advirtió que el contacto con pueblos en aislamiento voluntario puede desencadenar en epidemias que diezman a las comunidades enteras en cuestión de días. La misma Corte Interamericana, en su sentencia sobre el caso Tagaeri y Taromenane vs. Ecuador señaló que la vulnerabilidad biológica de estos pueblos hace que cualquier interacción no deseada represente un riesgo desproporcionado para su derecho a la vida.
Pero el riesgo no termina en el cuerpo, el contacto también representa una amenaza sobre su territorio, que forma parte de su forma de vida diaria, su casa y su memoria. La historia reciente de Ecuador ha demostrado que los intentos de acercamiento a estos pueblos casi siempre están acompañados por procesos extractivos por la presencia de petroleras, madereras o mineras que avanzan sobre sus posibles rutas de desplazamiento. Y es que la frontera entre lo intangible y lo invadido es cada vez más difusa y esa presión territorial ha sido la antesala de matanzas, desplazamientos forzados y hasta desapariciones.
En los últimos 20 años, Ecuador ha sido escenario de al menos tres hechos de violencia vinculados al ingreso de terceros al territorio de estos pueblos. En 2003 y 2006 se reportaron ataques entre waorani asentados y clanes aislados. Y en 2013 ocurrió uno de los episodios más dolorosos, una matanza en la que fueron asesinados varios miembros de un grupo aislado y dos niñas Taromenane fueron raptadas y criadas fuera de su cultura. La Corte Interamericana concluyó que el Estado no actuó con la debida diligencia para prevenir estos hechos, y que eso vulneró el derecho a la vida, a la integridad y a la identidad cultural de los pueblos afectados.
El contacto, además, puede implicar lo que Vásquez define como “desestructuración cultural”. Esto consiste en la imposición de una lógica ajena que fragmenta los vínculos sociales, roles tradicionales, lengua y cosmovisión de las poblaciones. En el caso de los pueblos en aislamiento voluntario, esta imposición ni siquiera necesita ser explícita, sino que basta con una presencia, una oferta de intercambio, o una idea extranjera para sembrar el conflicto dentro del grupo. “Esto ya se vio en la historia de los primeros contactos waorani”, dice la experta. Por eso, aclara, estos contactos son una tentativa de etnocidio, no solo refiriéndose a la muerte física, “que sí se incluye”, sino también a la desaparición de su historia y cultura.
Protección legal
El derecho de los pueblos en aislamiento voluntario a permanecer sin contacto no es una declaración simbólica, sino una obligación jurídica concreta para el Estado ecuatoriano. Desde 2008, la Constitución del país reconoce explícitamente este principio, como ya se mencionó. El artículo 57 establece, de hecho, que los territorios de los pueblos en aislamiento son “irreductibles e intangibles”, prohibiendo cualquier tipo de actividad dentro de estos y determinando que el Estado debe adoptar medidas para garantizar su vida, su autodeterminación y su voluntad de aislamiento. Además, el mismo artículo señala que cualquier violación a estos derechos será considerado delito de etnocidio.
Esta protección fue reforzada en el Código Orgánico Integral Penal, que tipifica el delito de etnocidio como la destrucción deliberada, generalizada o sistemática de la identidad cultural, incluida la de los pueblos en aislamiento voluntario. Asimismo, establece una pena de entre 16 a 19 años de cárcel. Es una de las pocas figuras penales en el país con una sanción elevada.
Pero no es sólo el marco nacional el que protege a estos pueblos. Ecuador también está obligado a cumplir con estándares internacionales. Entre ellos, el convenio 159 de la OIT sobre pueblos indígenas, que exige al país respetar la identidad cultural y las decisiones de estos pueblos sobre su forma de vida. También la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, que reconoce el derecho de los pueblos a no ser trasladados ni perturbados en sus territorios sin consentimiento libre, previo e informado.
Por otro lado, en 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los Tagaeri y Taromenane. En ellas pidió al Estado ecuatoriano adoptar acciones urgentes y eficaces para proteger su vida, salud e integridad, así como controlar efectivamente su territorio y prevenir incursiones de terceros. En cumplimiento parcial de esas medidas, Ecuador creó la Zona Intangible Tagaeri Taromenane y elaboró un plan de protección. Aun así, los hechos violentos de 2003, 2006 y 2013 evidenciaron que las medidas fueron insuficientes.
Y el hecho más reciente fue en marzo de 2025, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue más allá. En su sentencia del caso Tagaeri y Taromenane vs. Ecuador, el tribunal condenó al Estado por no haber garantizado los derechos de los pueblos en aislamiento. La Corte concluyó que el Estado no adoptó medidas eficaces para impedir actos de violencia, no controló debidamente el avance extractivo sobre su territorio y no respetó el principio de no contacto.
Así, esta sentencia determinó que el Estado tiene la obligación de evitar el contacto y de adoptar medidas para impedir que terceros vulneren la decisión de vivir en aislamiento. Además, ordenó implementar acciones de no repetición, mejorar el control territorial, garantizar el retiro progresivo de actividades extractivas colindantes y fortalecer los protocolos de prevención.
Uno de los instrumentos a los que hace mención esta sentencia es el ‘Protocolo para casos de encuentro con pueblos indígenas en aislamiento voluntario’, vigente desde 2014. Este documento, elaborado tras las masacres ocurridas entre 2003 y 2013, define ocho escenarios posibles de contacto, desde avistamiento hasta ataques, y detalla procedimientos que deben seguir autoridades, trabajadores de campo y comunidades cercanas. En todos los casos, la instrucción central es retirarse, no intervenir, no establecer diálogo, no dejar objetos ni provisiones y reportar inmediatamente a las autoridades.
Hoy, la sentencia de la Corte IDH obliga al Estado a actualizar este protocolo y a mejorar su implementación. También le exige delimitar con mayor precisión las rutas de movilidad de los pueblos en aislamiento, fortalecer la vigilancia con personal capacitado y garantizar el respeto absoluto a la intangibilidad de su espacio.
Yasunidos, como organización, ha insistido en que estas acciones no pueden seguir postergándose. Esto, sobre todo, tomando en cuenta que el Estado no puede seguir permitiendo que terceros crucen líneas rojas bajo discursos religiosos o caritativos, según ha asegurado la entidad. Sin embargo, a pesar de todo esto, las historias parecen querer volver a repetirse.
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