De alrededor de 96 pruebas solicitadas, apenas 11 fueron solicitadas por los proponentes y 85 por miembros de la Comisión de Fiscalización; esto genera cuestionamientos. El presidente Lasso pide que la Corte Constitucional vigile el proceso. 

En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, la sustanciación del juicio político al presidente, Guillermo Lasso, por el presunto delito de peculado, tendrá más pruebas documentales de oficio solicitadas por los integrantes de esa Mesa legislativa, que las de cargo presentadas por los cuatro proponentes del proceso. 

A la espera de que Bruno Segovia (independiente) complete hasta este domingo las pruebas de oficio que solicita, hasta el momento se han aprobado cerca de 85 pedidos de pruebas de parte de los miembros de la Comisión de Fiscalización. 

La mayor parte corresponde a los asambleístas del correísmo, que tiene tres integrantes: Gabriela Molina, con alrededor de 18 pruebas; Comps Córdova, quien también solicita 18; y Roberto Cuero, que pide 15. Por su parte, Segovia tiene calificadas 22 pruebas de oficio, mientras que a Fernando Villavicencio (independiente), presidente de la Comisión, que solicitó 19 pruebas, sólo le aceptaron 7; y a Ana Belén Cordero (oficialista) no le calificaron ninguna de las 7 pruebas solicitadas. 

Mientras que las presentadas por los proponentes y anunciadas en la solicitud de juicio político son apenas 11 pruebas documentales.

¿Introducen pruebas nuevas?

Para el asambleísta Pedro Velasco (BAN), integrante de la Comisión, llama la atención que el peso de las pruebas de cargo esté sobre los comisionados antes que de los proponentes. Añadió que se aprobaron estos pedidos para que no se malinterprete que se les está quitando el derecho de presentar pruebas, el derecho al debido proceso. Velasco piensa que los proponentes podrían estar introduciendo pruebas nuevas de manera “camuflada”, a través de los legisladores de la Comisión. “Están pidiendo pruebas que los legisladores que firmaron la solicitud de juicio político, en su momento no las pudieron incorporar. (…) El mecanismo que han encontrado es que a través de los comisionados solicitan pruebas que ya no lo podían pedir ya que la normativa así lo establece”, dijo.

El abogado de Lasso para este proceso de sustanciación, Édgar Neira, dijo que los asambleístas proponentes pueden presentar las pruebas que consideren necesarias y que consten en la solicitud de interpelación, pero que, desde el punto de vista procesal, le llama mucho la atención que se planteen pruebas nuevas. Recordó que el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional es por presunto peculado y no por los dos hechos de presunta  concusión que señalaban los proponentes, quienes a través de estas pruebas nuevas estarían intentando presentar documentación sobre esos hechos que no fueron calificados.  

Vianana Veloz (correísmo) y Rodrigo Fajardo (Izquierda Democrática), dos de los cuatro proponentes, descartaron que estén presentando pruebas nuevas a través de los comisionados. Veloz aseguró que las pruebas de oficio solicitadas por sus coidearios son independientes a las que ellos presentaron. “No hay que engañarle al país, los únicos que han presentado pruebas de oficio, no se llaman pruebas nuevas, son los miembros de la Comisión de Fiscalización”, aseguró.

Lasso solicita seguimiento a la Corte Constitucional 

A través de un oficio remitido a la Corte Constitucional, el Presidente de la República solicita  que inicie formalmente la fase de seguimiento al dictamen de admisibilidad del juicio político en su contra. En el oficio recuerda que se negó la solicitud de los proponentes relacionados con los delitos de concusión y que dio paso al de presunto peculado y que ese dictamen es vinculante para la Asamblea y para la Comisión de Fiscalización. “Varios asambleístas que promueven el juicio político en mi contra han mostrado comportamientos desafiantes respecto al dictamen de la Corte Constitucional y su interés manifiesto de ventilar un debate referido a aspectos relativos a la confianza en el Gobierno, al endeudamiento externo y a otros temas que se apartan del objeto del juicio”, consta en el escrito. 

Califica de graves estos hechos de los legisladores que amenazan, para el mandatario, el Estado Constitucional de Derechos y desnaturaliza la institución del juicio político, por lo que es necesario que la Corte vigile que se haga cumplir su dictamen. 

Añade que el juicio político a un Primer Mandatario es de carácter excepcional y, bajo ningún concepto, mide un voto de confianza o popularidad, “como pretenden con insistencia asambleístas que irrespetan las reglas constitucionales”. 

Por otra parte, Lasso también remitió a la Comisión de Fiscalización la solicitud de práctica de pruebas de descargo. 

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