El oficialismo asegura que no se rompe el principio de unidad de materia al incorporar temas que no tienen relación con lo propuesto por el presidente, Daniel Noboa. El informe para el primer debate se aprobó, pero las críticas empiezan a llegar.
POR: Hugo Constante
El informe para primer debate del proyecto de Ley destinado a combatir la corrupción, a fortalecer la gestión pública y transparentar los procesos de contracción estatal, fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea con la incorporación de reformas normativas al Código de la Niñez y al Código Penal.
El proyecto de Ley fue remitido por el presidente de la República, Daniel Noboa, con el nombre de ‘Ley de innovación y fortalecimiento de la gestión pública’ y tiene el carácter de urgente en materia económica. El texto original contenía normas referentes a esa área, por lo que fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) al verificar que cumplía con uno de los aspectos fundamentales que es la “unidad de materia”.
En la Comisión le cambiaron de nombre y se presentará al Pleno con el membrete de proyecto de ‘Ley de Integridad Pública’. Los cambios para este primer debate no se limitaron al nombre. Incorpora propuestas de reformas al Código Penal, como ampliar las causales para el indulto presidencial, con el objetivo de que esté en sintonía de la reciente Ley de Solidaridad Nacional, aprobada el sábado por la Asamblea; incorpora la figura del prevaricato en caso de jueces, fiscales, árbitros y abogados. En el Código de la Niñez se proponen reformas a la duración del internamiento preventivo de menores de edad, y se modifican algunas penas para delitos graves cometidos por adolescentes.
Para varios sectores legislativos y expertos en la materia, son cambios que rompen la unidad de materia del proyecto, por lo que deberían ser tratados a través de otro proyecto de Ley.
Sin embargo, el proponente de estas reformas en específico, Andrés Castillo, del oficialismo, manifestó que la inseguridad es una situación complicada y, aunque han dado pasos importantes para atender el clamor de la ciudadanía, es necesario seguir trabajando en reformas urgentes y necesarias. Para Castillo, la Constitución establece que la unidad de materia se verifica al momento de la presentación del proyecto de Ley, que es lo que califica el CAL, pero que cuando ya inicia el tratamiento del proyecto normativo en las comisiones, se pueden incorporar otros temas
El criterio de los especialistas
Gonzalo Muñoz, constitucionalista y experto legislativo; y Róger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, coinciden en que la unidad de materia debe mantenerse a lo largo del tratamiento de un proyecto de Ley que tiene el carácter de urgente en materia económica.
Muñoz indicó que todos los proyectos de Ley, principalmente los económicos urgentes, tienen que guardar una coherencia argumentativa y una conexión entre las materias que está tratando. De lo contrario violenta el principio de unidad de materia y puede ser objeto de demandas de inconstitucionalidad. Agregó que, en este caso, al hablar de una ley que busca la eficiencia en la contratación pública, todos los cambios que realice la Asamblea deben guardar esa conexión lógica que está proponiendo el Presidente de la República. “Incluir reformas al juzgamiento de menores o al Código penal, que no guardan relación alguna con el principio de la Ley sobre las compras públicas, atenta contra el principio de unidad de materia”, aseguró el constitucionalista. Añadió que la unidad de materia tiene que mantenerse en todo el proceso de construcción de la Ley, no sólo al momento de calificar la propuesta.
Por su parte, Celi manifestó que la Asamblea puede modular lo que propone el Ejecutivo, pero que incluir un nuevo tema sale de su competencias a la hora de tramitar un proyecto económico urgente. “Si se incluyen temas que no tienen relación o conexidad con lo que haya propuesto el Presidente, puede ser observado en el primer debate y excluirlo en el caso de que sea no corresponda a principio de unidad de materia”.
En la Asamblea
Legisladores de Pachakutik, de la Revolución Ciudadana y algunos independientes coinciden en señalar que el tratamiento de la normativa debe guardar relación con el objetivo con el cual fue presentado. Cristian Benavides (independiente), Paola Cabezas (correísta) y Carmen Tiupul (Pachakutik) manifestaron que no se pueden incorporar temáticas ajenas al eje que propone el Ejecutivo.
Manifestaron que no se oponen a analizar reformas al COIP para combatir la delincuencia o al Código de la Niñez para analizar medidas alternativas, pero que son procesos que deben tratarse en proyectos específicos, con tiempo y con un profundo análisis.
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