Reforma al COIP propone prisión de uno a tres años a quien fabrique o venda vestimenta o distintivos de la fuerza pública.
El 7 de enero de este año un grupo armado ingresó a la exclusiva urbanización de Isla Mocolí, en Samborondón, y asesinó a tres personas, entre ellas a Rolando Olivero, alias “Marino”, cabecilla de la banda criminal Los Lagartos.
El 16 de enero, otras tres personas fueron asesinadas en Puerto Bolívar, Machala, y el 5 de diciembre de 2025, fueron asesinadas dos personas más, en una urbanización vía a Salitre. En todos estos casos, los atacantes vestían ropas similares a las que usan policías y militares.
La asambleísta Inés Alarcón (ADN), presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, manifestó que esta es una realidad compleja ya que el crimen organizado usa para usa para sus actividades delictivas uniformes de la fuerza pública y realiza operativos simulando a esas entidades, por lo que su Mesa Legislativa aprobó el informe para primer debate del “proyecto de Ley para prevenir y sancionar el uso delictivo y la simulación de funciones mediante uniformes de seguridad pública”. Alarcón explicó que se trata de una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), pues, es necesario contar con un marco legal fuerte para sancionar la fábrica o comercialización no autorizada de esos uniformes.
Según consta en el informe del proyecto de Ley, el texto normativo final perfecciona la contravención existente, incorporando una sanción más adecuada a la simulación simple de autoridad; tipifica de manera autónoma y acotada la simulación de autoridad operativa, cuando esta afecta la seguridad de las personas, los bienes o la confianza institucional; y armoniza el régimen de agravantes, estableciendo reglas claras para su aplicación y exclusión.
El informe se aprobó por unanimidad en la Comisión y la legisladora de Pachakutik, Mariana Yumbay, dijo que es necesario recibir el aporte de más legisladores cuando se cumpla el primer debate en el Pleno de la Asamblea ya que la normativa constituirá en una herramienta más para contrarrestar al crimen organizado.
La propuesta normativa
Este proyecto de reforma al COIP contiene cuatro artículos y una disposición final:
El numeral 13 del artículo 47 vigente señala como un agravante de la infracción penal el uso indebido de insignias, uniformes, denominaciones o distintivos militares, policiales o religiosos como medio para facilitar la comisión de la infracción. La Comisión incorpora el uso de credenciales y añade en el catálogo a instituciones públicas o empresas privadas de seguridad.
El Código Penal vigente tipifica como contravención contra la eficiencia a la administración pública la persona que públicamente utilice uniformes o insignias de un cargo oficial que no le corresponden y se sanciona con prisión de 15 a 30 días. Con la reforma se propone que la sanción pase de 30 a 90 días de prisión.
Incorpora la prisión de uno a tres años a la persona que, utilizando uniformes, insignias o distintivos propios de instituciones públicas sin tener derecho a ello, realice operativos falsos, controles simulados, retenciones ilegítimas, desalojos aparentes o movilización pública fraudulenta que afecten la seguridad de las personas, los bienes o la confianza institucional. Si como consecuencia de estas conductas se produce la privación efectiva de la libertad, el ingreso no autorizado a un inmueble, el desplazamiento forzado de personas o una afectación patrimonial concreta, la pena será de tres a cinco años. Y cuando estas conductas se ejecuten, utilizando uniformes o distintivos de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, la pena será de cinco a siete años de prisión.
Se sancionará con prisión de uno a tres años a la persona natural o jurídica que sin autorización expresa de la institución competente, fabrique, importe, distribuya, comercialice, venda o ponga en circulación uniformes, insignias, credenciales, denominaciones o distintivos de instituciones públicas, militares, policiales, religiosas o privadas de seguridad.
